Unos 30 presos políticos se encuentran en situación de “peligro” en el contexto de la pandemia del COVID-19, denunció la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH).

En un informe titulado «COVID-19: Graves violaciones de derechos humanos en las cárceles de Nicaragua», el organismo de derechos humanos denunció ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), la falta de acción del régimen y las violaciones de los derechos humanos que sufren los 30 presos políticos en el contexto de la pandemia.

En su denuncia la RIDH señala que, los 30 presos políticos “han presentado síntomas de COVID-19”, además que enfrentan otros problemas de salud, en muchos casos agravados por “actos de tortura y otros tratos crueles” sufridos en el momento de su captura.

“Según testimonios de los detenidos una gran parte de la población penal ha presentado síntomas de COVID-19 e incluso se han reportado muertes (…) La falta de medidas tomadas por el Estado en el contexto del COVID-19 hacia los detenidos en su custodia, es grave y vulnera principalmente sus derechos a la vida”, denunció la RIDH.

El pasado 12 de mayo, el preso político Uriel Pérez fue llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro hospitalario con síntomas de la COVID-19, pero frente a este hecho el régimen mantuvo una postura de “negación”, resumen la RIDH.

Basados en sus investigaciones, la RIDH evidencia que los presos políticos empezaron a mostrar síntomas de la COVID-19 desde abril pasado.

El 93% de los presos presentó fiebres, pero otros presentaron síntomas asociados a dolor de cabeza y de garganta, falta de aire o dificultad para respirar, diarrea y dolor en el pecho.

“El hacinamiento en las cárceles persiste y la falta sistemática de atención médica y de medidas de prevención, siguen exponiendo a la comunidad privada de libertad al contagio y a la muerte”, enfatizan en el documento.

Condiciones de hacinamiento

Los 30 presos políticos están en cuatro centros penitenciarios del país como el Sistema Penitenciario Jorge Navarro conocido como “La Modelo”, el Sistema Penitenciario Regional de Matagalpa, el Sistema Penitenciario de Mujeres conocido como “La Esperanza” y el Sistema Penitenciario Regional de Granada.

Igual que los organismos nacionales, la RIDH denunció que el peligro en el contexto de la pandemia aumenta por el estado de hacinamiento en las cárceles en Nicaragua, la precaria atención médica y falta de acceso a medicamentos, además de las condiciones de insalubridad y la falta de acceso al agua.

A través de esta denuncia, la RIDH pretende influir en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que, de forma “urgente”, insten al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a que ponga fin a esas violaciones de derechos humanos.

“Esta denuncia incluye una petición de libertad de todos los presos políticos que se han manifestado en contra del gobierno”, afirmó el organismo defensor de derechos humanos.

Tratos crueles permanentemente

Entre el 24 y 28 de mayo, el equipo de la RIDH realizó una encuesta con los familiares de los presos políticos que presentan síntomas de la COVID-19 para tener un perfil más exhaustivo de cada uno de ellos, siendo los hallazgos muy reveladores.

Al menos 24 de los presos políticos, fueron golpeados al ser detenidos, en algunos casos excesivamente, provocando “lesiones que luego no fueron atendidas”.

“Las torturas, los malos tratos y las golpizas más brutales fueron propinadas a las víctimas después de la detención y durante el encarcelamiento en los centros de detenciones preventivos incluyendo Dirección de Auxilio Judicial conocida como “El Chipote”, destaca el informe.

En tres de los casos, la detención se llevó a cabo en conjunto con los grupos paramilitares, “conocidos como las turbas sandinistas contratados por el gobierno” para reprimir las manifestaciones pacíficas durante el estallido social de abril de 2018.

Por otro lado, varios casos los familiares desconocían la ubicación del detenido y en 12 de los casos la policía negó “fehacientemente la visita de los familiares luego de la detención”, señala el documento de denuncia.

Las historias de torturas

Generalmente, los presos recibían amenazas con someterlos a mayor violencia o causarle daño, también se les infundía el temor de que iban a asesinar a miembros de su familia.

Los familiares confirmaron que, en algunos casos, cuando se les permitía la visita, los mismos presos políticos evitaban responder preguntas para saber si eran objeto de “maltrato o se negaban a ser abrazados debido a las lesiones provocadas por las torturas”.

En otros momentos, las víctimas se atrevían a relatar a sus familiares las malas experiencias de las violaciones sufridas.

“Algunos relataron haber pasado días esposados en sus celdas hasta que se les inflamaban las manos; que los mantenían desnudos o en ropa interior; que no los sacaban a sol por días; que no los dejaban dormir; que les llevaban la comida podrida o se las negaban por días enteros; que los sometían constantemente a interrogatorios coercitivos”, señala el documento.

El informe, detalla que siete de las 30 víctimas aun padecen las lesiones por las golpizas recibidas y que, otros dos de los detenidos, originarios del norte del país, aun tienen balas alojadas en el cuerpo, sin que a la fecha hayan recibido la atención médica adecuada.

“Otros seis padecen de fracturas no atendidas y otros padecimientos como consecuencia de esas golpizas”, detalló la RIDH.

Entre los casos que más graves y emblemáticos señalan el de los presos políticos Jaime Navarrete, Edward Lacayo y Manuel Sobalvarro, encarcelados en el pabellón de máxima seguridad, una galería donde permanecen más de veinte personas cuando su capacidad es realmente para ocho.

Afectaciones

La RIDH en su denuncia destaca que los reos del régimen están teniendo afectaciones de salud física y en las unidades de atención médica de estos centros no hay medicamento ni medios para hacer diagnósticos más exhaustivos sobre cualquier patología presentada.

El 73% de los presos políticos tienen hongos o afectaciones en la piel por las condiciones de insalubridad, mientras que el 87% tiene dificultad para dormir, es decir padece de insomnio.

Los hallazgos revelan que el 53% afirma sufrir por los golpes o lesiones recibidas por las agresiones físicas. El 87% tiene depresión u otros problemas sicológicos, mientras que el 87% afirma tener problemas nerviosos y un 60% desarrolló afectaciones crónicas como hipertensión o gastritis.

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