Diputados del régimen sandinista presentaron en la Asamblea Nacional el anteproyecto de Ley Especial de Ciberdelitos, que pretende perseguir y sancionar a periodistas y medios de comunicación independiente y ciudadanía en general por los “delitos” realizados a través de las tecnologías y la comunicación que “perjudiquen a personas naturales o jurídicas”.

En su artículo 30 el anteproyecto de ley se refiere a la difusión de “noticias falsas”, un termino que durante los últimos meses ha sido constante en los monólogos de Rosario Murillo, quien ha acusado a los periodistas y medios independientes de ser productores y difudores de noticias falsas.

“Quien, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población o a un grupo o sector de ella, a una persona o su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión, y trescientos a quinientos días multas. Si la publicación o difusión de la información falsa y/o tergiversada perjudica el honor, prestigio o reputación de una persona o a su familia, se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y ciento cincuenta a trescientos cincuenta días multas”, se lee en el anteproyecto de ley.

El artículo a críterio del gremio pretende criminalizar a los medios independientes de Nicaragua.

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Dicho anteproyecto de ley agrega que el castigo será impuesto a “quienes cometan los delitos previstos en la ley, dentro y fuera del territorio nacional”. “Esto último se relaciona que los ciberdelitos son delitos de orden internacional, ya que el iter criminis puede iniciarse o consumarse tanto fuera como dentro del territorio nacional”, agrega la iniciativa de ley.

https://twitter.com/GerallChavez/status/1310666522835202057?s=20

Productores y divulgadores de noticias falsas

Desde inicios de la pandemia del Covid-19 e incluso tras la crisis sociopolítica iniciada en abril del 2018 en el país, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha señalado a medios y periodistas independientes de ser los divulgadores y promotores de las “noticias falsas”.  De igual manera el régimen ha aplicado la política de censura contra  estos, a través de denuncias, reportes y el bloqueo de sus cuentas en redes sociales.

En mayo de 2020 La Lupa registró cómo el régimen arremetió en redes sociales mediante una campaña de desinformación contra medios y periodistas independientes del país. A través de publicaciones con información falsa en Facebook y Twitter, el régimen evidenció su estrategia de duplicar cuentas de medios digitales reconocidos como críticos a la dictadura Ortega Murillo, para promover noticias falsas.

Sanciones a informaciones que “insiten al odio”

La iniciativa de ley en el mismo artículo 30 señala que «si la publicación o difusión de la información falsa y/o tergiversada incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión y quinientos a ochocientos días multa«.

Hasta ahora el régimen ha arremetido en contra de periodistas que han ejercido su labor, y que en uso de su derecho de libertad de expresión han denunciado las anomalías a través de medios de comunicación y redes sociales que ocurren no solo desde el régimen sino también desde sus gabinetes municipales, entidades públicas y gubernamentales, llevando a las mujeres y hombres de prensa hasta instancias penales, bajo acusaciones falsas y culpándolos con sentencias injustificadas.

Periodistas independientes ya han mostrado en redes sociales su postura ante esta iniciativa de ley con la que el régimen pretende continuar en su campaña de asedio, persecución y sanción contra la libertad de prensa.

https://twitter.com/wilihgonzalez/status/1310684015649853445?s=20

Ley arremete contra los mismos seguidores del régimen

El régimen en el artículo 41 de la iniciativa de ley, insiste en que todo aquel que domine sistemas informáticos o su contenido, deberá conservar la confidencialidad e integridad de estos, impidiendo que terceros tengan acceso a dicha información.

«A quien se le haya confiado la preservación del sistema informático o de cualquiera de sus componentes, así como de su contenido, conservará la confidencialidad e integridad de los mismos, impidiendo que terceros, fuera de las autoridades competentes, tengan acceso y conocimiento de ellos. Asimismo, la persona encargada de la custodia no podrá hacer uso del sistema de información o de cualquiera de sus componentes en custodia para fines distintos a los concernientes al proceso investigativo», precisa el anteproyecto de ley.

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