El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se ha inmutado por las condiciones en la que se encuentran unos 500 nicaragüenses en la frontera de Peñas Blancas y manda a que “cumplan” con las medidas sanitarias orientadas por el Ministerio de Salud (Minsa).

“Sabemos atender las orientaciones de las autoridades de salud para cuidarnos (…) Importantísimo que todos nuestros hermanos que quieran regresar a sus hogares, a su familia, que tienen derecho regresar a su patria, (pero que) cumplan, porque debemos protegernos con las medidas del Ministerio de Salud, medidas de protección para todas las familias nicaragüenses”, dijo Murillo en su alocución de este viernes.

Los nicaragüenses que se encuentran varados en la frontera de Peñas Blancas denunciaron que el régimen les está exigiendo resultados de la prueba molecular PCR en tiempo real para COVID-19, la cual se tendría que haber realizado en un periodo no mayor a 72 horas antes del ingreso al país.

“Es totalmente un descaro que exija a estas personas pagar por una prueba, son ellos como gobierno que deben garantizarlas, exigimos al régimen que rinda cuentas de esas 100 mil pruebas compradas con fondos del Estado y las 26 mil que donó el BCIE”, señaló el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en su cuenta oficial de Twitter.

Un compromiso que no cumplen

La vocera del régimen celebró el retorno de un grupo de 87 conciudadanos que permanecían en la provincia de Chiriquí en Panamá, pero siguió ignorando a los otros conciudadanos que este viernes amanecieron bajo un torrencial aguacero y que llevan seis días en condiciones decadentes.

En su discurso, Murillo hizo referencia al “cuido responsable” de la salud de todos sin mencionar ni una sola vez la situación de los connacionales.

“No solo garantizamos su retorno seguro, sino el derecho de todos a resguardar la salud y la vida de ellos mismos, de las familias, de las comunidades donde viven, a guardarnos todos, a protegernos todos en el nombre de Jesús, reafirmamos siempre nuestro compromiso de paz y bien, y de protección y resguardo, de cuido responsable, de cuido solidario, de la salud de todos”, insistió.

El doctor Javier Núñez de la Unidad Médica Nicaragüense rechazó los argumentos del régimen, pues considera que deberían estar facilitando el ingreso de los “coterráneos”.

“Si tuviera voluntad el Gobierno, dijeran son veinte, treinta, cuarenta, vamos a hacer las pruebas, salen negativos, ingresen, salen positivo van a cuarentena con tratamiento, eso depende del Estado de Nicaragua porque son ciudadanos nicaragüenses y es obligación constitucional del Estado que debe velar por la salud de todos los nicaragüenses”, señaló Núñez.

Un antecedente

En respuesta el régimen envió a la frontera a la Policía Nacional quienes entraron en un forcejeo con los connacionales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que declaró a Nicaragua responsable por el asesinato y heridas a dos migrantes ecuatorianos en 1996, recomendó al Estado de Nicaragua capacitar a la Policía y el Ejército sobre los estándares internacionales del uso de la fuerza, además que impuso el pago de una indemnización por 30,000 doláres.

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