Las redes de explotación laboral y sexual con mujeres latinoamericanas que operan en España redirigen sus estrategias de captación, tras la paralización fronteriza ocasionada por la pandemia de la COVID-19, así lo advierten organismos de defensa de grupos inmigrantes y mismas autoridades policiales.

Antes del coronavirus las víctimas eran captadas desde el país de origen, pero ahora, según Silvia Carrizo, socia fundadora de Malen Etxea, asociación de mujeres inmigrantes, están funcionando con “redes intercomunitarias”, es decir que les hacen propuestas “tentadoras” de salarios y condiciones laborales pero a cambio tienen que desplazarse de un extremo a otro en España. Cuando la víctima llega se encuentra que la oferta laboral es totalmente falsa.

Silvia Carrizo, socia fundadora de la Asociación de Mujeres Inmigrantes, Malen Etxea. Foto: Fátima Tórrez.

“Ellas me dicen: me llamaron de un trabajo en Sevilla de interna. Nosotras le decimos a las compañeras: ¿vos creés que en todo Sevilla no haya nadie que pueda hacer ese trabajo?, sino hay nadie es porque es un mal trabajo. Así nosotras estamos convencidas y  hemos detectado una línea muy clara  de trata (explotación laboral) que va del País Vasco a Sevilla.Hemos tenido situaciones de compañeras que se nos han perdido, no hemos sabido nada de ellas. Han tomado un colectivo (transporte) a Sevilla, Andalucía, Burgos y no hemos vuelto a contactar con ellas. De un día para otro el teléfono desaparece. Ya llegué, es la última comunicación que tenés y ya está”, relata Carrizo, quien tiene más de 17 años de trabajar con mujeres inmigrantes que habitan en el País Vasco y es presidenta de la  Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.

Esas organizaciones identifican a sus víctimas por ser mujeres con hijos en sus países de origen, precariedad económica y bajos niveles educativos. 

Carrizo advierte que  las mujeres ya establecidas en este país, están más expuestas porque el Covid vino a terminar de precarizar las condiciones laborales del sector de cuidados.

Lea: Concepción Carranza: “La mujer migrante nunca termina dejando su país de origen”

 Carrizo insta a las mujeres a estar alerta, a buscar trabajo en el entorno que ya conocen porque moverte a otro pueblo donde no conocés, donde no existe una persona realmente de confianza y que queda a más de 600 kilómetros de donde estás viviendo no es muy claro el panorama

“Y si dicen: ¡Venite ya! esa es la primera señal de alerta, ningún trabajo en condiciones decente se contrata de un día para otro, de llegar a las 7 a las 10 de las noche para una entrevista. Todo trabajo decente va cedido de tiempo y de respeto. ¿Qué pasa? en la desesperación que tenemos en nuestra situación, es muy fácil caer”, resalta Carrizo.

operativo de nicas víctimas de explotación laboral
Operativo donde nicaragüenses han sido victimas de redes de explotación laboral en España

 Nicas víctimas de explotación laboral

En los operativos contra estas redes de explotación laboral y sexual realizados en los últimos 5 años  por las autoridades policiales en España, entre las víctimas se identifican mujeres nicaragüenses de edades de 20 a 40 años.

La “operación Bueltaka” es el último operativo que salió a luz pública, la Ertzaintza (policía regional del País Vasco), detuvo a 2 mujeres nicaragüenses y un boliviano, acusados de tráfico ilegal de personas, favorecimiento de la inmigración ilegal y trata de seres humanos con fines de explotación laboral, en el seno de organización criminal. Esta red funcionaba en el Valle de Arratia, Bizkaia, País Vasco, desde 2017 y calculan que más de 20 mujeres originarias de Somoto fueron sus víctimas.

También: Madres migrantes: entre la culpa y el dolor

Esta red gestionaba todo el trámite del viaje y ya estando en España, les imponían una deuda de unos 10,000 euros (12,000 dólares), además de dejar empeñadas las propiedades de sus familiares en Nicaragua, cuando ellos mismos las ubicaban en los trabajos de internas pero tenían la obligación de destinar 500 euros (600 dólares), de su salario para abonar a la deuda del viaje.

Según publicaciones periodísticas de medios escritos españoles, las nicaragüenses víctimas de estas redes son sometidas a : pagar deudas que superan los 8,000 euros en concepto del viaje con tasas de interés de hasta el 20% mensual. Eso representa destinar hasta el 85% de su salario para pagar esa deuda, al menos por año y medio, pues el salario que reciben es menor al mínimo estipulado para el sector de los cuidados.

Te recomendamos: Mujer, pobre e inmigrante: El perfil de la precariedad laboral en España

Las víctimas apuntaron en las entrevistas con las autoridades policiales, que no se podían negar a pagar dicho monto porque eso representaba quedarse sin vivienda en Nicaragua, porque las escrituras estaban en poder de la red, además de sus pasaportes e información de toda la familia.

Otra de la violaciones a las que eran sometidas es habitar en pisos en condiciones de hacinamiento y cuyo derecho a cama puede alcanzar los 150 euros mensuales, cobros entre 20 y 30 euros por una pastilla paracetamol cuando en la farmacia cuesta apenas 2 euros la caja de 20 unidades o bien pagar 100 euros por publicar un anuncio de trabajos en las redes o contactar una entrevista laboral, independientemente si obtienen o no el trabajo. 

Los trabajos se basan en permanecer internas en una casa haciendo las labores del hogar y cuidando personas enfermas o adultos mayores.

Te puede interesar: Migrar, un cambio difícil para la niñez

Las autoridades de seguridad de la peninsula ibérica admiten que es dificil seguir el rastro a las redes de explotación laboral, porque sus víctimas están sometidas a chantajes, por la situación migratoria irregular en el país y porque es una “esclavitud de puertas adentro”.

+ posts

Periodista con 10 años de experiencia en televisión y prensa escrita.
Estudios en producción audiovisual, derechos de la niñez y género.
Graduada en Comunicación Social en la Universidad de Ciencia y Tecnología (Ucyt).