En sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe actualizado sobre la situación que vive Nicaragua en el que señaló que “existe una profundización” de la crisis de derechos humanos con “graves consecuencias políticas y democráticas” por lo que se necesita de forma urgente «derogar la situación restrictiva del espacio cívico y democrático”.

Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, expresó que han “estrechado» un trabajo coordinado con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Oacnudh) para dar seguimientos a lo que ocurre en el país y «hacer un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que exijan al Estado de Nicaragua la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, reestablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo».

Desde el 2 de junio, al menos 20 líderes opositores han sido detenidos, entre ellos cinco aspirantes presidenciales: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora. Todas estas detenciones, según documenta la CIDH, se han realizado bajo el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional.

Según el informe presentado por Urrejola, en Nicaragua, ante los casos de apresamiento y secuestro la falta de información no permite conocer los tipos penales que se están utilizando porque “el Estado no está garantizando el derecho a una defensa legal adecuada, restringiendo el acceso a abogados, asignando en su lugar a un abogado o abogada de oficio y la mayoría se encontrarían incomunicados”.

Además, la CIDH recibió información sobre la realización de audiencias secretas, “sin representación legal realizadas en instalaciones distintas a los juzgados y tribunales de Managua”.

Falta de transparencia judicial

El informe presentado por la CIDH constata que las autoridades nicaragüenses no dan información alguna sobre el estado de salud de los detenidos.

“La Comisión fue informado sobre la negativa de proporcionar información y restricción de ingreso de alimentos para los detenidos, en algunos casos las autoridades habrían permitido el ingreso, únicamente de alimentos líquidos”, subrayó Urrejola, quien agregó que Nicaragua se ha caracterizado por tener un sistema con falta de “transparencia judicial”, durante la administración de Daniel Ortega.

Como órgano regional de protección de derechos humanos, Urrejola expresó que la CIDH “mantiene su compromiso permanente de continuar monitoreando la situación en el país con el fin de velar por la protección a la vida y la integridad física de las personas, defensa de las victimas y la libertad de expresión del pueblo nicaragüense”.

De acuerdo a la información dada por la Comisión durante la sesión con el pleno de la OEA se han recibido dentro de la organización más de 27 solicitudes de medidas cautelares solo en el mes de junio.

 “La gravedad de la situación de derechos humanos Nicaragua en las últimas semanas se refleja en el incremento del número de cantidad de solicitud de medidas cautelares, en lo que va del 2021, ha recibido 27 solicitudes, particularmente en junio”, detallan.

Informe sin credibilidad asegura embajador de Nicaragua

El embajador de Nicaragua ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Alvarado, descalificó a paises que han expresado rechazo ante la violación de derechos humanos y dijo que la presentación de la CIDH era “falaz y mal intencionada”.

“Condenamos la manipulación y la instrumentalización de este organismo que esta siendo utilizado como punta de lanza por el gobierno de los Estados Unidos en su guerra de agresión en contra de Nicaragua y su descarada injerencia en el proceso electoral nicaragüense”, dijo el embajador durante su intervención.

A ello, agregó que cada informe presentado por la CIDH sobre Nicaragua “no tienen ninguna credibilidad ni relevancia, la población nicaragüense y los conoce muy bien  y sabe a qué interés representan, saben que tergiversan la realidad nacional con el objetivo de minimizar las acciones criminales que se han venido cometiendo contra el pueblo nicaragüense por grupos terroristas, mercenarios y vende patrias financiados por el gobierno de EE.UU con el objetivo de romper el orden constitucional y afectar la paz la seguridad ciudadana”.

Paises respaldan informe

Durante la sesión en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos embajadores, representantes de otras naciones como Uruguay, Estados Unidos, Canadá y Chile, rechazaron categóricamente las declaraciones del embajador de Nicaragua y felicitaron a la CIDH por el informe.

Washington Abdala, embajador de Uruguay, expresó que el informe a su criterio “no priva nada, la dictadura lo que está haciendo es movimiento no solo en el territorio de la sociedad civil, pues estamos profundamente preocupados y angustiados por este tema”.

La Lupa Nicaragua
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