¿Qué derechos humanos viola Ortega con su política de mitigación de desastres?

“Hay destrucción total. El Muelle de Puerto Cabezas se perdió totalmente… ya no existe, no es como antes. El Muelle era parte de las riquezas que teníamos y ahora todo está perdido”, expresó Presly Colleman, un joven indígena de Bilwi, mientras tomaba una fotografía de un atardecer en su destruída ciudad.

Este es el escenario de muchos de los pobladores de las zonas que sufrieron el impacto de los huracanes Eta y Iota, este último, considerado por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), como el más grande que jamás haya tocado el territorio nacional.

El líder de la comunidad Wualpa Siksa, Jessy Otoniel, pocas horas después de que los vientos dejaran de devorar las viviendas, denunció que la ayuda gubernamental ha sido vergonzosa y que no han visto nada de las promesas del régimen orteguista.

“Sobre el plan techo: pasó el Eta y no vimos ni un zinc, igual con Iota. No hemos visto ni agua ni comida. Aquí hay niños que están sufriendo”, expuso Otoniel.

“Ese muelle no lo vamos a ver construído ni hoy ni mañana. Hay gente que no tiene nada para reconstruir. ¿Ves esa madera que quedó del muelle?, vinieron antimotines a llevársela. ¡No le da vergüenza al gobierno!, por lo menos recoger eso y reconstruir la casa de los que necesitan”, añadió.

Régimen muestra desprecio por los derechos humanos

Según defensores de derechos humanos, la dictadura orteguista ha aprovechado la emergencia para politizar la ayuda humanitaria que se brinda a los damnificados desde las estructuras gubernamentales, pero a la vez consideran que las acciones que ha tomado para enfrentar la catástrofe son débiles.

A criterio de la presidenta del Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, con estas acciones, la dictadura estaría dando un paso más en la violación de todos los derechos humanos de los nicaragüenses.

Núñez asegura que ante situaciones de emergencia, todo Estado tiene la obligación de tomar medidas para prevenir, reaccionar y reconstruir.

“En el punto de reconstruir: El régimen tiene la obligación de cumplirlo y no de implantar un programa partidario y propagandístico como es el Plan Techo. El deber de reconstruir implica garantizar los derechos humanos de alimentación, seguridad (…), a una vivienda digna, a la salud y a la vida”, afirmó Núñez.

El problema de los albergues

Por otro lado, Colleman denunció que en los albergues hay deficiencia en la atención a los pobladores y que la incertidumbre se ha apoderado de los mismos, por la falta de acciones e información por parte del régimen.

“En los albergues hay una ineficiencia total por parte del Gobierno y no estamos claros de cuál va a ser la ayuda. No hay una buena coordinación para poder ayudarle a la población y más con el desplazamiento forzoso a la comunidad entera de Haulover por el Huracán Iota. Estos comunitarios ya no podrán vivir allí”, dijo Colleman a La Lupa.

En ese sentido, el Observatorio Ciudadano Covid-19, alertó a través de un comunicado, sobre los riesgos sanitarios en la zona devastada debido a reportes de irregularidades cometidas por el régimen tras el paso del Huracán Eta y que se estarían repitiendo con la llegada de Iota.

“Hacemos un llamado a que se de una respuesta sanitaria preventiva adecuada por parte del Gobierno, incluyendo el abastecimiento de equipos de protección personal, en especial de mascarillas. Garantizar todas las medidas de prevención de COVID-19 y de otras enfermedades infecto-contagiosas en albergues. Promover el distanciamiento físico, de no ser posible a nivel individual, al menos entre familias”, señala parte del comunicado.

Murillo no acepta errores

La vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, informó a través de los medios oficialistas, que las autoridades habían advertido a las familias que perecieron en el deslave del Macizo de Peñas Blancas Matagalpa, sobre el peligro de una catástrofe como la sucedida.

“Nosotros no trabajamos para obligar o forzar a nadie, pero sí trabajamos para lograr que esa conciencia de responsabilidad ciudadana se active.  A estas familias en el Macizo de Peñas Blancas se les había visitado continuamente porque estaban asentadas en zonas de riesgo, se les presentaron propuestas de reubicación, pero no aceptaron. En esta ocasión fueron visitados pidiéndoles que se resguardaran, pero desgraciadamente decidieron quedarse”, dijo Murillo.

La presidenta del Cenidh aseguró que no es válida la afirmación gubernamental, ya que el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres Naturales, (Sinapred), divulga constantemente que se realizan simulacros multiamenazas.

“Prácticamente le echó la responsabilidad del deslave a la propia gente que falleció. Es su palabra mentirosa contra la voz de los muertos. Tenemos denuncias directas de otros sectores donde no les avisaron. La misma gente de Bosawás señala que no hubo una alerta. Están actuando prácticamente igual que con lo del coronavirus. Están negando todo. Con esto, se saltaron al primer punto: la prevención”, manifestó Núñez.

¿Falta de recursos?

Hasta el momento, la administración nicaragüense no ha decretado el Estado de Desastre para mejorar la atención a los damnificados y zonas vulnerables tras el impacto de los meteoros para focalizar la ayuda humanitaria.

Al respecto, la Ley 337, Ley creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres,  establece en su artículo 23, establece que en situaciones específicas, Ortega es quien deberá decretar el Estado de Desastre y posteriormente el Estado de Emergencia.

“El Estado de Desastre solamente podrá ser declarado por el Presidente de la República a través de un Decreto Ejecutivo, este podrá ser a propuesta del Comité Nacional o por disposición expresa del Presidente de la República, quien deberá informar de todo lo actuado a la Asamblea Nacional en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la declaración del Estado de Desastre”, dice el artículo 23.

Una de las teorías de defensores de derechos humanos, economistas y críticos al régimen, es que la falta de atención y de medidas de mitigación, se debe a la crisis económica que enfrenta Nicaragua, reflejada en el anteproyecto de Ley del Presupuesto General de la República 2021.

Según dicho anteproyecto, la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19, provocó pérdidas por 5437.8 millones de dólares para el período 2019 – 2023.

“Pienso que los recursos con que cuenta el gobierno son limitados. Con esto te das cuenta que el gobierno ha estado con las manos atadas tanto como para buscar una solución económica o mitigar este tipo de emergencias”, afirmó Peña.

“Nos falta mucho en el tema de la atención de desastres y esto implica recursos, no solo simulacros”, añadió.