Cada semana el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anuncia que múltiples mujeres y familias se benefician de sus programas sociales, siendo el Bono Productivo Alimentario y Usura Cero los más populares dirigidos por el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa (MEFCCA). Sin embargo, estos programas no responden a las necesidades reales de las mujeres, crean dependencia económica y se limitan a aquellas cercanas al partido oficialista, indica Haydée Castillo, defensora de derechos humanos y presidenta del Instituto de Liderazgo de las Segovias.
“El Estado se llena la boca diciendo que ha dado el bono productivo, pero la política social del Estado de Nicaragua y no solo el del régimen de Ortega, ha sido una política social que en vez de crear capacidades, crea dependencia. En primer lugar, porque son un tipo de proyecto «comida para hoy, hambre para mañana», porque es algo que lo tenés en el momento, pero no es algo que te genera capacidades para la vida y el futuro”, explica la socióloga.
El Bono Productivo Alimentario está dirigido a familias campesinas que contiene un conjunto de bienes para la producción agrícola o agropecuaria. Entre ellos pueden ser animales como vacas, cerdas y aves, o pueden ser semillas para la producción de material vegetativo. En algunas ocasiones incluye aparatos tecnológicos para la misma realización de estas actividades.
Sin embargo, el régimen no brinda informes anuales sobre a cuántas familias del área rural participaron en el programa, sino que da números sin orden alguno a través de algunas notas informativas de sus medios oficialistas. Según una de sus notas publicada en diciembre en el 19 Digital, en 2021 se otorgaron “36 mil 158 paquetes tecnológicos a igual número de familias a nivel nacional”, “para que produzcan y comercialicen”.
María Teresa Fernández, presidenta de la Coordinadora de Mujeres Rurales, señala que el problema con este tipo de programas es que solo pueden participar familias o mujeres cercanas a personas relacionadas con el Frente Sandinista, y no siempre brindan los conocimientos necesarios para que los proyectos sean sustentables y para que contribuyan a su empoderamiento. Por ese motivo, las mujeres rurales se organizan en cooperativas para ayudarse entre ellas mismas y poder sembrar.
“En ese tipo de programas no toman en cuenta a las mujeres organizadas, como son las mujeres de las cooperativas. Estos proyectos que promueve el MEFCCA son proyectos que les entregan a mujeres seleccionadas. Les dan pollo, tilapia y a veces funciona como Usura Cero, que les entregan créditos, pero eso no fortalece a las cooperativas, ni a las mujeres. Muchas de ellas se lo han dicho al MEFCCA, que no funciona esta manera de entregar las cosas, pero lo siguen haciendo”, explica la campesina.
Haydée Castillo señala que dar acceso a las mujeres rurales a los medios económicos productivos como las tierras y quitarles el peso de la economía del cuidado, sí beneficiaría su economía personal y las sacaría de la pobreza, es decir, ejecutar la Ley 717, Ley Creadora del Fondo para Compra de Tierras con Equidad de Género, la cual el régimen se comprometió a cumplir, pero nunca lo hizo.
“Como nosotras no somos partidarias de nadie, no nos toman en cuenta. Para mí no es un gran logro que nos den una vaca o una chancha. Lo que queremos es que el Gobierno cumpla con la Ley 717 que hicimos nosotras, la que aprobaron y no cumplieron. Eso sí es un gran logro para nosotras las mujeres, que se destine fondos para su ejecución, y para que seamos beneficiadas con sembrar y producir”, manifiesta Blanca Azucena Centeno, presidenta de la Cooperativa Multisectorial de Mujeres en Acción (COMAC R.L) en Chinandega.
De acuerdo con la Encuesta de Hogares para Medir la Pobreza en Nicaragua Informe de resultados 2019 de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG), el área rural encabeza la pobreza en el país con el 63.3 por ciento, y el 48.6 por ciento de la población femenina son mujeres rurales.
A pesar que la principal actividad económica de esta zona es la agricultura, solo el 13.7 por ciento de las mujeres rurales tienen acceso a tierras, según el FIDEG; y si tienen tierras es alrededor de 2.6 manzanas, lo que es insuficiente para su sobrevivencia teniendo en cuenta que la cosecha de cultivos dura alrededor de seis meses a un año. Además, el 39 por ciento de las mujeres no tiene tierras propias, así que tienen que prestar o alquilar. Esto no les permite a las mujeres mejorar su tenencia de recursos y conseguir más dinero para invertir, por lo que se perpetúa su situación de pobreza y desigualdad social.
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Fernández también señala que cada vez es más difícil para las mujeres conseguir tierras para sembrar porque con la crisis sociopolítica, la crisis sanitaria y la crisis climática, los poseedores de tierras solo alquilan a empresas de monocultivos y no a pequeñas productoras.
Para las mujeres rurales también es difícil conseguir créditos, si no fuera por sus cooperativas. Blanca Centeno de COMAC R.L logra cosechar cada seis meses maíz y cada año plátano gracias a que su cooperativa le da créditos de 5 mil a 6 mil córdobas, al igual que el resto de las 44 socias pertenecientes.
Ella explica que las microfinancieras no les brindan crédito a ellas porque no tienen garantía de pago, o les piden las escrituras de sus casas y de sus tierras como garantía. Algo que no están dispuestas a aceptar por créditos de 5 mil a 10 mil córdobas. Y ellas no son seleccionadas para aplicar al programa de Usura Cero, el cual se supone que brinda préstamos a intereses bajos.
Mientras que en su cooperativa logran acceder a créditos sin condiciones, solo les ponen como garantía algo del mismo valor del préstamo como una refrigeradora o un televisor.
Ya que el acceso a tierras para las mujeres es vital para que sean dueñas de sus propios recursos y para poder salir de la pobreza, según Centeno, su cooperativa juntoa la Coordinadora de Mujeres Rurales y OXFAM iban a conseguir 20 manzanas de tierra para 20 mujeres, pero ante el cierre de OXFAM por parte del régimen, el proyecto nunca se pudo ejecutar.
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“Una manzana bien pegada de plátanos da más de 75 mil córdobas, si se vende el plátano a solo 2 córdobas. El cierre de las organizaciones nos afectó mucho porque ellos nos ayudaban a invertir en nuestras cosechas, nos daban sistemas de riego para sembrar hortalizas y con el cierre quedamos en la bancarrota, pero por la Coordinadora hemos aprendido a ser autosostenibles. Tenemos un centro de acopio como cooperativa de agroindustria. Ahí hacemos vinagres, mermeladas, encurtidos, pasta de ajo, vinos de nancite, coyolito y otros”, señala Centeno.
La productora expresa que mientras tanto, las mujeres rurales del corredor seco se apoyan entre ellas organizándose y fortaleciendo sus cooperativas.
