El personal médico nicaragüense no han escapado de la mano represora del régimen de Daniel Ortega. La cancelación de personerías jurídicas a organizaciones médicas, despidos, asedio, amenazas y el exilio han sido parte del resultado de la embestida que ha perpetrado la actual dictadura para silenciarles.

Desde abril de 2018 se han documentado actos que ponen el peligro el ejercicio a una de las profesiones más comprometidas de la sociedad, en la actualidad la estrategia es intimidar con amenazas a quienes piensan diferente.

72 diputados afines al régimen de Daniel Ortega votaron en favor, este 28 de julio, la suspensión de la personería jurídica de 24 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas 15 asociaciones médicas, a las que se les confiscó todos sus bienes.

El decreto de anulación de personerías jurídicas aprobado por los diputados de la Asamblea Nacional dicta que “los bienes y acciones que pertenezcan a las asociaciones y fundaciones tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el acta constitutiva o en su estado. Si nada se hubiere dispuesto sobre ello, estos pasarán a ser propiedad del Estado”. 

Bajo el decreto 20219761 de cancelación de Personerías Jurídicas, se justificaba que dichas organizaciones desarrollaron “sus actividades al margen de la ley y actuado contra ley expresa”.

Según el Ministerio de Gobernación, durante el inicio de sus investigaciones encontraron indicios de violación a las normas de regulación establecidas en la Ley contra lavado de activos y su reglamento; y la normativa del Departamento de Asociaciones.

Política partidaria del régimen

Dentro de las afectadas están la Asociación Nicaragüense de Neumología (ANINE), Asociación Nicaragüense de infectología (ANI), la Asociación Médica Nicaragüense (AMN), la Asociación Nicaragüense de Dermatología y la Asociación Nicaragüense de Diabetología.

De inmediato la Plataforma de Redes de ONG’S Nicaragüense señaló que la cancelación de 24 organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua, es una estrategia política partidaria del régimen.

“Hemos diseñado hasta manuales para asegurar el cumplimiento de nuestras obligaciones ante el Estado de Nicaragua, aun reconociendo un sinnúmero de leyes arbitrarias a las que han sido sometidas las organizaciones”, expresa el comunicado emitido por la plataforma.

Además, instan a que la población rechace la cancelación de la personalidad jurídicas las de las 24 organizaciones.

“A las redes internacionales de la ONG en América Latina y el mundo pedimos condenar y solidarizarse, y qe nos acompañen en la exigencia deñ cese de la represión y acoso” añadieron.

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Personal médico señala dicho accionar en contra de las ONG como una fuerte amenaza para desaparecer los mecanismos de Actualización y Educación Medica Continua, “las herramientas de certificación y recertificación que algunas desarrollan con sus homólogas supranacionales, con un consecuente daño irreparable en la búsqueda de la calidad de la atención”.

 Con la cancelación de la personería jurídica de las 15 organizaciones médicas el colectivo quedará desprovisto de uno de sus insumos más valiosos, “la actualización de conocimientos y sin sus instrumentos organizativos, muchos con décadas de existencia”.

Las amenazas de Murillo

Para médicos independientes estas acciones son totalmente arbitrarias e impiden que en el país exista seguimiento para las personas que son atendidas en estos centros.

Un galeno, a quien por motivos de seguridad en el contexto actual no citaremos su identidad expresó que “ante esta situación de crisis inicialmente política, social, económica y actualmente sanitaria el gremio médico ha sido duramente golpeado”.

Rosario Murillo, esposa del dictador Daniel Ortega, no ha detenido sus amenazas en las alocuciones diarias en medios de comunicación partidarios. El pasado 7 de julio señaló al gremio médico de alarmar a la población con “falsos pronósticos” y “falsas encuestas”.

Murillo pidió en ese momento “dejar de hacerle daño al pueblo, a la familia, aterrorizando falsos médicos con falsos pronósticos, con falsas encuestas, noticias falsas”.

Los calificativos de la primera dama no solo quedaron en sus alocuciones, actualmente el Ministerio de Salud (MINSA) ha emprendido una nueva fase de represión en contra de los médicos. 5 de ellos han sido citados por esta institución para amenazarlos con la Ley de Ciberdelitos y la latente amenaza del retiro de su licencia como médicos profesionales.

Minsa como instrumento represivo

El 26 de julio de este 2021 el neumólogo Jorge Miranda fue amenazado por las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) durante una citatoria de urgencia.

En el caso de Miranda el viceministro Enrique Beteta le advirtió que las declaraciones dadas a los medios de comunicación sobre asuntos relacionados a la pandemia del COVID-19 en Nicaragua ponen en riesgo su licencia médica y lo exponen a enfrentar procesos penales por faltar a la Ley Especial de Ciberdelitos.

“Prácticamente este señor (Beteta) me acusa y me amenaza con quitarme la licencia médica por las declaraciones que he dado en la pandemia, que nada tienen que ver con los números y reportes que ellos hacen y, según ellos, podría caer en ciberdelitos por toda la información que hemos dado a la población para que se cuide”, declaró el médico a periodistas al salir de la citatoria en el complejo de Salud Concepción Palacios.

La doctora Luz Indiana Talavera, José Luis Borge y Carlos Quant también fueron citados por las autoridades de Salud para ser cuestionados por las valoraciones técnicas que han brindado sobre la pandemia a los medios de comunicación independientes, a ellos les recordaron que existe la Ley de Ciberdelitos, en clara advertencia.

El doctor José Luis Borgen, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN) explicó el pasado 22 de julio que durante su citatoria las entrevistas dadas en diversos medios de comunicación “estoy diciendo cosas falsas que están creando alarma en la población y prácticamente recordarme la Ley de Ciberdelitos o Ley Mordaza, que el Minsa emite sus mensajes semanales y que esa es la información que se debe manejar”.

Por asedio cierran oficinas

La UMN, de la cual es parte Borgen se vio obligada a cerrar sus oficinas. El este 23 de junio de este 2021 lo anunciaron sus representantes, debido a las amenazas que ha recibido el gremio médico y el constante asedio policial y paramilitar.

En esa ocasión su presidente, el doctor José Antonio Vásquez, señaló que se vieron en la obligación porque “el asedio y la agresión de parte del gobierno y sus paramilitares que ha venido en ascenso”, además denunció amenazas directas en contra del personal médico de la UMN y sus familiares.

“Agresión desde que te toman fotos, te piden las cédulas, te interrogan, te llevan aparte y la agresividad de muchos paramilitares de querer entrar a nuestra sede. El sentenciarnos que van por nosotros”, dijo.

Por su parte el infectólogo Carlos Quant, quién es miembro del Comité Multidisciplinario (CCM), organización médica independiente que surgió de forma espontánea como una iniciativa médica para atender y dar respuesta sobre la pandemia, ese mismo día, dijo que al igual que Borgen se le advirtió sobre la existencia de la Ley Mordaza, pero que eso no lo atemorizaba.

“Yo no me siento amenazado porque no ando diseminando información falsa. Nosotros solo tratamos de brindar información de protección sobre la pandemia para que el virus impacte me la ene la población”, reiteró el infectólogo.

El Gremio Médico de Nicaragua envió una misiva a Asociaciones y Organizaciones Médicas de Ibero Latinoamérica para exponer que están siendo víctimas de “persecución implacable”.

Yo no me siento amenazado porque no ando diseminando información falsa

Carlos Quant, inféctologo

El personal de la Salud detalla que durante las protestas del año 2018 el régimen prohibió brindar atención en el sistema estatal de salud a los opositores a su gobierno, “esto ocasionó que el gremio médico se volcara a atender a la población en iglesias, universidades y consultorios improvisados en los barrios de las ciudades lo que evitó un mayor número de muertos entre la población que protestaba en ese momento. Se calcula que entre 320 y 600 personas perdieron la vida por acción de las fuerzas del régimen, así como miles de heridos por armas de fuego”, describieron.

Los galenos mencionan que, en julio de 2021, se encontraron con una nueva embestida por parte del Gobierno.

 “La muerte civil a las asociaciones médicas. Van a cancelar inicialmente cerca del 60% de todas las personerías de asociaciones médicas del país. Las más grandes, las más importantes, las más activas. Esto fue precedido de citatorias a algunos profesionales de la medicina por parte del Ministerio Público”, añaden.

Burdas maniobras

Un médico nicaragüense consultado por la Lupa, sobre los recientes actos represivos del régimen en contra del gremio médico expresó que lo que hay actualmente son “burdas maniobras, con el ánimo de acallar las voces de todo aquel que le adverse y oponga, todo aquel que critique, señale sus actos de irresponsabilidad y negligencia criminal que han tenido en relación a toda esta situación de crisis desde abril de 2018 hasta el día de hoy”.

Para el especialista en salud pública consultado, este tipo de amenazas lo que hace es forzar a los profesionales al exilio y no olvida que los actos de intimidación son de vieja data.

Es contradictorio e irónico, expresó el galeno, mientras  “vemos que en el mundo el personal médico y sanitario es honrado por la labor que hacen y en Nicaragua son forzados al exilio, despedidos y expuestos a enfermar o morir al no prestar las condiciones necesarias de su trabajo y actualmente vemos una negligencia total e irresponsabilidad del Minsa y el Gobierno a un plan agresivo de vacunación que a estas alturas ya todo el personal de salud en general debería estar vacunado, cosa que no ha sucedido”.

Para el Colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca Más, las citatorias a médicos por parte del Ministerio de Salud, están dirigidas a limitar y suprimir el derecho la libertad de expresión del personal sanitario.

“Desde el inicio de la pandemia procedió a despedir a personal sanitario. Tanto los despidos como estas citatorias, están dirigidas a suprimir el derecho al personal médico de ceñirse a sus principios éticos y profesionales y de suprimir sus derechos ciudadanos de participar de sus derechos en las políticas públicas en materia sanitaria”, indicó el colectivo.

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