El informe semestral de la organización Católicas por el Derecho a Decidir refiere que se han cometido 35 femicidios, hasta el 30 de junio del 2020; 45 en grado de frustración y solo 15 casos han tenido acceso a la justicia, evidenciándose que la impunidad en Nicaragua persiste y recrudece a niveles insostenibles.

En los primeros seis meses de 2019 se cometieron 33 femicidios, es decir dos menos que el mismo periodo este año; y 38 femicidios frustrados.

Según María Teresa Blandón feminista y socióloga nicaragüense es esa impunidad generalizada el factor agravante que crea un ambiente de tolerancia a las injusticias sociales, políticas y de toda índole en el país.

“Las organizaciones feministas hemos venido denunciando estos comportamientos desde hace varias décadas (…) aquí se tolera la violencia contra las mujeres, además hay violencia estatal, el propio Estado que debería ser modelo ejemplar, ha ejercido violencia contra todos, es un perpetrador, lo que nos deja en indefensión”.

Blandón señala que la indefensión es la condición de todos los nicaragüenses hoy día, sin embargo, las mujeres están doblemente expuestas por la violencia de género y la violencia de Estado.

Por eso, asegura la socióloga, “ningún esfuerzo de conseguir la justicia, posterior a un femicidio, será suficiente (…) ¿de qué sirve que las autoridades vayan prestas a realizar el levantamiento del cuerpo, busquen pruebas, busque o apresen al femicida? No sirve de nada, ya se perdió una vida, como feministas ese no ha sido el objetivo de nuestra lucha”, advierte.

No hay prevención de violencia machista

Para Blandón, el Estado no ha cumplido con su deber, con lo que establece la Ley 779 que es prevenir la violencia contra las mujeres, “no queremos se resuelvan crímenes, sino que se prevengan, que se escuche y se reciba la denuncia de las mujeres, que se les de seguimiento, que se les proteja”, puntualiza.

Por su parte, Marta Flores, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir expresa que ante un panorama desalentador en cuanto a lograr que se respeten la integridad física y psicológica de las mujeres, lo único que queda es seguir demandando prevención y justicia.

“Pero que sea verdadera… nos duele tener que estar contando mujeres a quienes privaron de sus vidas, mujeres con sueños, madres… es necesario que se impulse una campaña de educación, que se enseñe a prevenir la violencia, pero no ese populismo de abrir las Comisarías de la Mujer para fortalecer su partido. No sirve de nada si ellos mismos mandan a estas a mediar con sus agresores… es una burla”, señala Flores.

Asimismo, destaca que la confianza en las autoridades es nula, pues las mujeres víctimas de violencia prefieren no ir a denunciar por temor, “tenemos en Matagalpa dos casos de femicidio frustrado, ellas prefirieron callarse porque nadie les asegura la vida, están en inminente peligro y así muchas en Nicaragua”.

Agresores no están en cuarentena

Flores destaca que desde el observatorio se ha determinado que pese a la situación de pandemia COVID-19 las agresiones a las mujeres persisten. “Estos hombres no están en protegiéndose del virus, sino que están haciendo la vida imposible a las mujeres, las niñas…  esto es lamentable, un caso que nos ha trastocado es el de la pequeña en Chontales, encontrada el 18 de junio muerta en La Libertad… un crimen atroz, exigimos justicia”, manifiesta.

“Queremos que los femicidas paguen condenas completas. No que los saquen antes. Pero nuestro principal anhelo es no seguir contando mujeres, huérfanos, agresiones, queremos que este sistema machista y opresor se acabe”, concluye.

 Según Católicas por el Derecho a Decidir, los femicidios en su mayoría han sido ejecutados con armas de fuego. Hasta la fecha 47 niños, niñas y adolescentes han quedado huérfanos por la violencia machista que impera.

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