Organizaciones de mujeres exigen la libertad de la única presa política

Un total de 57 redes y organizaciones feministas exigen mediante un pronunciamiento la libertad de la estudiante María Guadalupe Ruiz Briceño, de 22 años, «detenida de manera arbitraria el 13 de julio de 2019 mientras participaba en actos de protesta contra el Gobierno en las inmediaciones de la Catedral, en Managua». 

En el documento que han hecho circular en redes sociales las firmantes continúan «denunciando y repudiando los ataques permanentes del Estado nicaragüense en contra de mujeres, organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos en el país».

Los ataques más recientes se registraron el pasado 19 de agosto cuando seis activistas del Movimiento Feminista de Nicaragua (MFN) fueron detenidas mientras realizaban acciones de protestas contra el régimen Ortega-Murillo, colocando bandera y pegatinas en las calles de la capital. Cinco horas después fueron liberadas.

ÚNICA presa política

María Guadalupe Ruiz Briceño, es la única mujer entre las casi 130 personas a las que el régimen les ha privado de su libertad después de la última excarcelación en junio de 2019 cuando dieron por finalizado las negociaciones con la Alianza Cívica. El caso de María, según las denunciantes, ha sido fabricado como un delito común lo que dificulta la identificación «y alimenta la narrativa del gobierno que señala que no tiene encarceladas personas por razones políticas».

«Estas acusaciones requieren la fabricación de casos y la generación de pruebas falsas por los agentes policiales tras practicar detenciones arbitrarias. Las irregularidades en la actuación policial se ven respaldadas por parte de las fiscalías, que incorporan al proceso pruebas falsas e ilícitas. Posteriormente estas son admitidas por las autoridades judiciales, al mismo tiempo que eliminan del proceso las pruebas aportadas para su defensa», dice el comunicado emitido por la Artículación Feminista de Nicaragua y firmado por organizaciones de Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Italia, entre otras.

También denuncian las graves condiciones en las que María se encuentra detenida y el riesgo contra su integridad física, así como señalan irregularidades en un proceso judicial viciado en el que no ha sido «informada de manera oportuna sobre los motivos de su detención, haber sido puesta a disposición judicial después de transcurrir 48 horas de su detención y haber tenido limitado su acceso a visitas de familiares o de su abogado, además de ser sometida a constantes interrogatorios en los que se le pregunta por los líderes y lideresas».