Pese a la queja del representante del régimen, la situación de Nicaragua fue incluida en la agenda de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), y desde ya distintas misiones respaldaron una posible resolución que surja en el seno de este organismo hemisférico.

El proyecto de resolución bajo el nombre  “El restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos de Nicaragua, mediante elecciones libres y justas”, persigue que restablezca plenamente el orden constitucional, se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Los países que solicitaron que se introdujera el tema de la crisis sociopolítica del país y presentaron el proyecto de resolución fueron Canadá, Chile, Paraguay, Colombia y Estados Unidos, que demandan elecciones “libres y justas”.

Durante la segunda sesión plenaria, el canciller de Chile, Teodoro Rivera,  expresó que su país apoyará cualquier resolución que surja en el contexto de esta Asamblea General para lograr que se restablezca el orden democrático en Nicaragua.

“Desde el 2018, Chile ha condenado las transgresiones a los derechos humanos, y en general el deterioro de las instituciones democráticas. Chile apoyará la resolución sobre Nicaragua que insta al Gobierno a realizar la reforma electoral de cara a las elecciones de 2021 permitiendo el despliegue de observación electoral”, mencionó Rivera.

No obstante, el canciller del régimen, Denis Moncada rechazó que la situación de Nicaragua se haya incorporado a la agenda de la Asamblea General aduciendo que hay una tendencia en la OEA de querer  utilizar la organización como un “instrumento de actuación injerencista con Nicaragua”.

Según Moncada, a partir de “falsas informaciones y noticias” se está elaborando un proyecto de resolución encaminado para “desestabilizar al gobierno legítimo de Nicaragua”.

No obstante, su postura no evitó que el tema quedara en la agenda de la Asamblea General para su posterior debate.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, intervino en la segunda sesión plenaria y expresó su preocupación por la situación de Nicaragua.

«El presidente (Daniel) Ortega también socava la democracia en su país, infringe los derechos básicos, de expresarse, de reunirse, incluso ataca a las iglesias (…) El gobierno de Ortega no se ha mantenido a la altura de los principios democráticos más básicos, la resolucion debe exigir el respeto de los derechos humanos», indicó Pompeo.

¿Qué dice el proyecto de resolución?

El proyecto de resolución insta a que se establezcan compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral, antes de que el Estado convoque elecciones generales, o a más tardar en mayo de 2021.

El canciller costarricense, Rodolfo Solano, señaló que su país seguirá condenando los actos que han permitido el “quebrantamiento de la institucionalidad democrática y las graves violaciones de derechos humanos” en el hemisferio.

Solano demandó que el restablecimiento del ejercicio pleno de todas las libertades públicas y apeló a la realización de “elecciones libres y justas” de cara a los comicios de 2021.

policía

“Confiaremos en el compromiso del Gobierno y en una oposición política unida responsable y coherente”, mencionó el diplomático costarricense.

Costa Rica es uno de los países que ha acogido a la mayor parte de nicaragüenses que, debido a la persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, han tenido que exiliarse en ese país.

Ante su preocupación por el deterioro de las instituciones democráticas y las constantes violaciones de derechos humanos en Nicaragua, las misiones permanentes solicitaron a los Estados miembros su apoyo para encontrar una “solución pacífica” a la crisis que el próximo abril cumple tres años.

Nicaragua, desde abril de 2018, está sumergida en una crisis sociopolítica que ha dejado graves consecuencias: 328 personas fueron asesinadas, más de 2 mil resultaron heridas y se les negó el acceso a la salud, además más de 100 mil tuvieron que huir del país debido a la persecución del régimen.

En los últimos años, el régimen ha conculcado el derecho de reunión y de asociación.

En 2018, el régimen arrebató la personería jurídica a nueve oenegés y esta semana entró en vigencia la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros a través de la cual pretende establecer un mecanismo de espionaje financiero, intervenir fondos y hasta seguir cancelando personerías.

A la fecha, además hay más de 100 presos políticos en las cárceles del país, que recientemente comenzaron una huelga de hambre como medida de presión para demandar su libertad y al menos tres de ellos se cosieron con hilo la boca para exigir su salida.

En la agenda de la Asamblea General, que se discute el 20 y 21 de octubre, también fue incorporado el tema de Venezuela, que vive también bajo un régimen que ha provocado un éxodo de su población.

La reunión, que este año se realizaría en Bahamas, se desarrolló de forma virtual debido a la COVID-19, pandemia que también fue el centro de debate de los Estados miembros de la OEA.

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