La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) teme que la cuarentena impuesta a las familias para detener la propagación del COVID-19 aumente los casos de violencia machista.

“Es muy probable que aumenten las tasas de violencia… como ya sugieren los informes iniciales de la policía y de las líneas telefónicas de atención (…) Esta situación empeora considerablemente en casos de aislamiento, como las medidas de emergencia impuestas durante la pandemia de COVID-19”, advirtió Dubravka Simonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.

A medida que el virus empezó a propagarse, los gobernantes de diferentes partes del mundo tomaron drásticas medidas que incluyen el aislamiento social obligatorio a través de los periodos de toque de queda.

En la región centroamericana, en Panamá, el presidente de la República, Laurentino Cortizo,  tuvo que ampliar el toque de queda para intentar frenar el virus que ya cobró la vida de 8 personas.

Mientras que el gobernante de El Salvador, Nayib Bukele, donde los casos de COVID-19 aumentaron a 19 en las últimas horas, también confinó a sus ciudadanos en sus hogares.

La medida es similar en Honduras donde el mandatario, Juan Orlando Hernández, decretó toque de queda absoluto en todo el país desde el 19 de marzo para evitar que impacte masivamente el coronavirus.

Las autoridades de Guatemala adoptaron el toque de queda, como medida para prevenir más infecciones de COVID-19.

EL LLAMADO DE OACNUDH

Ante estas situaciones que ponen en riesgo a muchas mujeres, niños y niñas, la Oacnudh llamó a los Gobiernos a “defender los derechos humanos” de estos grupos y “proponer medidas urgentes para las víctimas de esa violencia”.

“Todos los Estados deben hacer esfuerzos significativos para abordar la amenaza COVID-19, pero no deben dejar atrás a las mujeres y los niños y niñas víctimas de violencia…, ya que esto podría conducir a un aumento de la violencia… incluyendo los feminicidios”, dijo la relatora especial.

Simonovic señaló que el riesgo se agrava en un momento en que “no hay o quedan menos refugios y servicios de ayuda disponibles para las víctimas; cuando es difícil acceder a aquellos que aún están abiertos; y cuando hay menos apoyo de la comunidad”.

Peor aún, cuando hay menos intervenciones policiales y menos acceso a la justicia porque muchos tribunales están cerrados debido al avance de la pandemia.

“Los Gobiernos no deben permitir que las circunstancias extraordinarias y las medidas restrictivas contra el COVID-19 conduzcan a la violación del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, señaló.

La Lupa Nicaragua
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