El grupo de 160 nicaragüenses que se encuentran varados en la Islas Caimán, lanzaron nuevamente un llamado de auxilio para tratar de regresar al país, ya que cumplieron más de tres meses intentado la repatriación, pero se les ha negado ese derecho por parte de las autoridades nicaragüenses.

“Estamos solicitando al Gobierno de Nicaragua que de una respuesta pronta y positiva al Gobierno de (Islas) Caimán, quienes se han estado comunicando para hacer efectiva la repatriación, pero aún no hay ninguna respuesta por parte de Nicaragua”, declararon a través de un video.

Los connacionales aducen que están sin trabajo, y “gracias al buen corazón del Gobierno y de las personas de las Islas Caimán que los están apoyando”, es que han logrado sobrevivir estos meses.

“Queremos regresar a nuestra patria es un derecho constitucional que tenemos como nicaragüenses y queremos que se nos de una respuesta pronta y positiva… así como se hizo posible el regreso de los hermanos embarcados también queremos estar con nuestras familias”, aseguraron los ciudadanos.

Según la denuncia, el Gobierno de Nicaragua le notificó al de las Islas Caimán que el 11 de junio iban a tener una respuesta, pero hasta jueves 18 de junio el Gobierno guarda silencio.

«Vamos sin COVID-19»

Los nicaragüenses están dispuestos a realizarse pruebas de COVID-19, para que al ser notificadas las autoridades les permitan la repatriación.

“Las autoridades de Islas Caimán estaban dispuestos a realizarnos una prueba de COVID-19, para que regresemos con el certificado que será negativo obviamente, y así podamos ingresar, aseguran los afectados.

Recientemente, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas, susbrayó que “en virtud del derecho internacional, todas las personas tienen derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia” y que “los Gobiernos tienen la obligación de recibir (a sus propios ciudadanos) y de velar porque tengan acceso a la atención sanitaria y a otros derechos”.

Esta violación a los derechos humanos se vio reflejada en el informe: Seguimiento a la Situación de Derechos Humanos en Nicaragua, de los meses de abril de 2020 de las Naciones Unidas, presentado recientemente.

Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, (CPDH), aseguró que “la omisión del cumplimiento de algún derecho constitucional del Estado o de nuestras autoridades conlleva a la comisión de delito”.

El Estado por medio de los embajadores o cónsules son los encargados de proteger a los nicaragüenses en cualquier parte del mundo, de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución Política de Nicaragua.

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