Las violaciones a la libertad de prensa se duplicaron el año pasado, respecto a las cifras registradas en 2020, revela el informe anual Situación de la Libertad de Prensa en Nicaragua en el año 2021 elaborado por La Prensa y presentado por Voces del Sur. Mientras que en 2020 se registraron 360 casos, el año pasado la cifra ascendió a 702, solo 10 casos menos que en 2018, y no se espera que las violaciones disminuyan, destacó el investigador Guillermo Medrano.
291 casos corresponden a agresiones y ataques, 16 casos de detención arbitraria, 18 casos de discursos estigmatizantes, 52 casos de procesos judiciales, 19 casos de restricciones de acceso a la información, 302 casos de uso abusivo del poder estatal como confiscar documentos de identidad o de viaje, entre otras.
El informe documenta que 171 personas fueron las víctimas de estas violaciones, de las cuales 108 son hombres y 63 mujeres. “Hubo un aumento muy preocupante de los casos de violaciones o agresiones contra mujeres periodistas, lo que representa un 37%. Nosotros hemos trabajado en otras experiencias durante estos temas del monitoreo, y vimos un aumento del 18% en casos de agresiones contra mujeres con respecto al año 2020”, manifiesta Medrano.
Las agresiones contra las mujeres periodistas son caracterizadas por el uso de lenguaje estigmatizante y misógino, que se presenta en redes sociales, en funcionarios y funcionarias de instituciones estatales, personas que trabajan para el partido de gobierno y periodistas oficialistas. Estas descalificaciones también van acompañadas de un lenguaje de odio y propagandístico, que se ha manifestado desde las más altas esferas del poder como el dictador Daniel Ortega.
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A pesar de que durante el 2021 hubo menos víctimas naturales, las agresiones recayeron varias cantidades de veces sobre las mismas personas; y aumentaron progresivamente en agosto, después del allanamiento a las instalaciones de La Prensa y la retención de su papel. Mientras que en agosto se registraron 80 casos, aumentaron constantemente hasta 105 casos en diciembre.
“Una de las cosas que marcaron el 2021 fue la confiscación real de las instalaciones del Canal 100% Noticias y del medio de comunicación digital Confidencial y Revista Niú», señala Medrano. En el 2018 el régimen ya había ocupado y allanado de forma arbitraria las instalaciones de estos medios usando las fuerzas de la Policía orteguista, pero el año pasado «el Gobierno a través de la Procuraduría General de la República confiscó y le entregó las instalaciones al Ministerio de Salud, sin ni siquiera haberlos declarado de utilidad pública anteriormente”; a pesar que el artículo 44 de la Constitución Política prohibe la confiscasión de los bienes inmuebles.
También se destacaron casos de periodistas que sufrieron agresiones y asedios constantes durante todo el año 2021, tal es el caso de Kalúa Salazar, periodista de la radio La Costeñisima, quien fue condenada a pagar 220 dólares en multas por los delitos infundados de difamación. La periodista de la emisora caribeña durante 11 meses del año fue víctima de 38 agresiones y asedios a su domicilio, a pesar que en junio de 2021 recibió medidas provisionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, al igual que otros medios de comunicación, no se han cumplido en ningún momento. “Al contrario, a medida que las medidas provisionales se reciben, las agresiones suben de tono en su constancia”, según Medrano.
“La respuesta es siempre la misma cuando cuestionan qué profesional si no un periodista es capaz de correr riesgos, trabajar fines de semana, trabajar fuera de horario, sortear los peligros en la calle, evadir a los policías que asedian tu casa, irse al extranjero y darle reiniciar a la vida para seguir informando. Esto también lo han vivido los médicos, los abogados, los activistas, los defensores de derechos humanos desde 2018 cuando el país se hundió en un abismo”, resaltó el periodista del medio Confidencial, Octavio Enríquez.
Pues, en el año 2021 el régimen no solo se enfocó en eliminar la competencia política, encarcelando a aspirantes a la presidencia y a personas organizadas políticamente, sino también se encargó de encarcelar arbitrariamente a personas que emitían sus opiniones contra la dictadura a través de redes sociales y que públicamente mostraron su rechazo.
La poeta y escritora Gioconda Beli resalta que incluso quienes usan su voz artísticamente sufren los embates de la represión, por lo que el exilio es la única manera de guardar su integridad, tal es el caso de Sergio Ramírez, quien tiene una orden de captura del Ministerio Público “incitar al odio y la violencia”.
Voces del sur junto con tres organizaciones más, emitieron un pronunciamiento el 10 de enero, día del 44 aniversario de muerte del periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. En él exigían la liberación de las más de 160 personas presas políticas, especialmente las 16 personas periodistas, dueñas de comunicación y trabajadoras de medios de comunicación.
“El 2021 fue un año nefasto para las libertades de prensa, expresión e información: periodistas y directivos de medios fueron encarcelados, medios de comunicación confiscados, decenas de periodistas obligados a exiliarse, debido entre otras a las demandas judiciales y aplicación de leyes que cercenan la libertad de expresión; restricción migratoria y confiscación de pasaportes, intensificación de campañas difamatorias en contra de comunicadores independientes emprendidas desde diferentes instancias estatales y replicadas en redes sociales por militantes del partido de gobierno”, indica el pronunciamiento.
Claudia Carena, coordinadora regional de Voces del Sur, demandó la restitución de los derechos de la libertad de expresión y de prensa, y reconoce “el compromiso, la persistencia y la valentía que ha mostrado el periodismo nicaragüense, que a pesar de las adversidades no han dejado de informar a sus audiencias y se han mantenido al lado de la verdad”.
