La defensora nicaragüense Haydée Castillo, declarada apátrida por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, recibió este miércoles el premio Defensores de Derechos Humanos Andrew Blane, otorgado este año por The Kota Alliance de New York, Estados Unidos, en reconocimiento a su labor internacional en defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses.
“Es un gran orgullo para mí recibir este premio que lleva el nombre de Andrew Blane, quien durante la década de los sesenta participó en los movimientos de defensa de los derechos civiles contra la guerra y luchó por la abolición de la tortura, en contra de la pena de muerte y por la libertad de los prisioneros de conciencia, de manera que, al saber la noticia, recibo este premio en nombre del pueblo de Nicaragua y de su resistencia”, indicó Castillo a La Lupa.
Además, dijo esperar que el galardón “sea como un arado que va por los campos sembrando semilla, para germine por fin en el suelo de Nicaragua la vida, que nadie tenga que morir por defender derechos, y para que el mundo no nos deje solos, que, aunque somos un país chiquito, que no tiene petróleo, somos un país que tiene derechos y merece vivir en paz”.
Durante la ceremonia del galardón, Castillo denunció que en Nicaragua la dictadura Ortega-Murillo, a la que calificó de «cáncer», sigue violentando los derechos de los nicaragüenses, cercenando libertades, encarcelando, desterrando, derramando sangre de inocentes y persiguiendo a quienes defienden derechos y denuncian violaciones a los derechos que se siguen cometiendo.
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También, reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses, remarcando que nació en Nicaragua y «nadie» la puede despojar de su nacionalidad ni a ella ni a las más de 300 personas, que la dictadura Ortega-Murillo criminalizó, desterrando y declarando apátridas en febrero pasado.
Castillo fundó y dirigió el Instituto de Liderazgo de Las Segovias, organización que se dedicaba a enseñar sobre derechos humanos a las mujeres del norte de Nicaragua y promovía el acceso a la justicia hasta que fue cancelado y confiscados todos sus bienes a finales de 2018, por orden de la dictadura Ortega-Murillo.
La feminista tiene una larga trayectoria de defensa de derechos humanos. En 1970, durante la dictadura somocista, cuando era una adolescente, se unió a la lucha junto a las comunidades rurales e indígenas del norte de Nicaragua.
Además, participó activamente en la rebelión de abril de 2018, hasta que por la persecución orteguista contra ella y la organización que dirigía la obligó a salir de Nicaragua a inicios de 2019. Sin embargo, su labor de defensa de los derechos de los nicaragüenses y denuncia de los abusos y violaciones del régimen orteguista continuaron a nivel internacional.
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En 2019, Castillo fue nombrada parte del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y desde ese espacio elevó la denuncia de todas las violaciones a derechos humanos cometidas por el orteguismo, a través de reuniones con altos representantes del Gobierno de Estados Unidos y con miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).
