Nicaragua convertido en el país “sin el derecho a la libertad de asociación”

El derecho a la libertad de asociación en el país ha sido desmantelado por la dictadura Ortega-Murillo, situación que se ha agravado aún más desde el año pasado y que continúa con mayor fuerza este año, expuso la directora del Programa Feminista La Corriente, María Teresa Blandón, durante el conversatorio «El estado de la libertad de asociación en América Latina» organizado por Centro para la Apertura y el Desarrollo de America Latina (CADAL).

Las principales asociaciones afectadas por la persecución e ilegalización de la dictadura Ortega-Murillo han sido desde organizaciones de derechos humanos, de carácter territorial, educativo, de salud, hasta partidos políticos y universidades privadas; a través de la implementación de leyes inconstitucionales como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, ley creada explícitamente para la cancelación de las organizaciones, y la implementación incorrecta y arbitraria de Ley General Sobre Personas Jurídicas Sin Fines De Lucro, utilizada este año para la cancelación de docenas de organizaciones.

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Desde el año 2018 la Asamblea Nacional cooptada por la dictadura Ortega-Murillo ha cancelado a 137 organizaciones civiles, siendo más de la mitad de ellas canceladas solo en los primeros tres meses del año. De acuerdo con las ponentes, la persecución fue más sistemática y dirigida desde el contexto electoral , en las que no solo fueron afectadas las organizaciones, sino también la sociedad civil.

“En Nicaragua antes, durante y después de las elecciones que estuvieron plagadas de irregularidades, el gobierno de Daniel Ortega arrestó y enjuició arbitrariamente a críticos opositores, incluidos siete candidatos presidenciales. La mayoría han sido sometidos a tratos crueles y degradantes, incluidos incomunicaciones, interrogatorios diarios, entre otros. El Gobierno continuó la persecución contra la sociedad civil nicaragüense, mientras que los abusos policiales cometidos durante la brutal represión de abril de 2018 contra las protestas antigubernamentales han quedado impunes”, señaló Isabel Roby, moderadora del conversatorio.

Un país sin democracia

El desmantelamiento del derecho a la libertad de asociación responde al retroceso de la democracia en Latinoamérica, y especialmente en Nicaragua.

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“De acuerdo a Democracy Index en América Latina solo Costa Rica y Uruguay se consideran democracias plenas. En su reporte del 2021, se indicó que el 80% de la población de la región vive en lo que se puede considerar regímenes democráticos, pero solo el 1.3% de la población vive en una democracia plena donde respetan plenamente todos los derechos. La región Latinoamericana se enfrenta a uno de los desafíos más grandes en décadas, como ataques a la sociedad civil, la libertad de expresión, hasta ataques a la independencia judicial”, informó Roby.

Según Alessandra Pinna, subdirectora de programas para América Latina y el Caribe en Freedom House, Nicaragua forma parte de los cuatro países no libres en Latinoamérica, junto con Haití, Venezuela y Cuba, mientras el 70 por ciento de la población de Las Américas viven en países democráticos, y el 25 por ciento en países parcialmente libres.

Solo en 2021 Nicaragua fue el país de la región que perdió mayor puntaje según el sistema de medición de libertad democrática de Freedom House con -7 puntos, debido a la brutal represión en el contexto electoral, en los últimos cinco años años perdió -28 puntos y en los últimos 15 años perdió -44 puntos, pasando de ser a un país parcialmente libre a un país no libre.

“El derecho a la asociación ha empeorado y es uno de los derechos que más ha sufrido y está en declive. En general es preocupante porque niega las libertades a las ONG y organizaciones de derechos humanos. A este declive también se suma la libertad de expresión”, expresó Pinna.

Régimen limita actividades benéficas legítimas

Jocelyn Nieva, asesora legal principal para América Latina del Centro Internacional para la Ley del Sector No Lucrativo (ICNL), destacó que el deterioro del derecho a la libertad de asociación en Las Américas, también responde a la implementación incorrecta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), específicamente la recomendación ocho, que aborda la regulación de las organizaciones sin fines de lucro, recomendaciones de carácter obligatorio a los cuales Nicaragua está suscrita

Nieva explicó que aunque se debe regular a las organizaciones en materia financiamiento para luchar contra el lavado de activos y otros delitos, las regulaciones no deben limitar el trabajo legítimo de las organizaciones, deben ser implementadas conforme a los tratados internacionales de derechos humanos, y si alguna organización es cancelada de algún delito del este de debe basar en pruebas.

De lo contrario, se estarían limitando actividades benéficas legítimas, situación en la que destaca Nicaragua, señaló.