La participación de las mujeres nicaragüenses en el mercado laboral sigue siendo precaria. Las ciudadanas están ocupadas en su mayoría en el sector informal de la economía, con poco o nulo acceso a la Seguridad Social y devengado bajos salarios que difícilmente cubren el precio de la canasta básica, que asciende a más de 19 mil córdobas en Nicaragua.

Una experta en derecho laboral, consultada por La Lupa, afirmó, bajo condición de anonimato, que pese a que en el país hay legislaciones, como la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, ley 648, o el Código del Trabajo, que establecen garantías de acceso laboral igualitario para hombres y mujeres, las ciudadanas nicaragüenses siguen siendo víctimas de discriminación por ejercer maternidad, cumplir excesivos trabajos domésticos no remunerados en el hogar y, por ende, disponer de menos tiempo para aumentar sus horas laborales. 

“Las mujeres enfrentan situaciones laborales como la brecha salarial, la carga desproporcionada del trabajo doméstico en los hogares  y no remunerado, que recae principalmente en ellas. Además, sufren violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual, y presiones por ejercer cuidado de sus hijos”, indicó.

La abogada apunta que muchas mujeres temen incluso solicitar “licencias  de cuido cuando sus hijos se enferman porque las empresas, lo digan o no, empiezan a verlas como un personal menos productivo, aunque estén en todo su derecho de ejercer sus maternidades, y las relegan a áreas menos productivas, puestos menos remunerados, pocas veces directivos y, de una u otra forma, las orillan al sector informal, a emprender pequeñas formas de tener ingresos para no seguir bajo esas condiciones”.

El artículo 138 del Código del Trabajo de Nicaragua establece que “la mujer trabajadora gozará de todos los derechos garantizados… sobre la materia en igualdad de condiciones y oportunidades y no podrá ser objeto de discriminación por su condición de mujer” y que “su salario estará de acuerdo a sus capacidades y cargo que desempeñe”.

36% de las mujeres están en el subempleo en Nicaragua 

En Nicaragua hay una persistente disparidad en cuanto al acceso al empleo formal. El 36% de las ciudadanas, en edades para conseguir un puesto laboral, están “subempleadas”, categoría en la que se ubica a quienes integran el sector informal de la economía nicaragüense, según los datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), divulgados en enero pasado.

El documento del INIDE también revela que las ciudadanas nicaragüenses tienen una tasa global de participación en el mercado laboral que sigue siendo inferior a la de los hombres, con un 55.7% frente a un 79.5% que registran los ciudadanos del país, lo cual también se traduce en menos acceso a empleos.

El estudio “Cerrando brechas de género en el mundo del trabajo. Centroamérica, México, Panamá y República Dominicana”, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y divulgado en agosto de 2021, también comprueba la disparidad de género en el acceso a trabajo formal en Nicaragua, señalando que del 54% de las mujeres en edades de entre 15 y 64 años que se encontraban ocupadas en sectores de baja productividad en 2018, solo 1% contaban con afiliación  a un sistema de pensiones, mientras que el otro 99% no tenía ninguno.

El estudio del BID enfatiza que si bien el trabajo informal es una forma de inserción laboral, que permite mayor flexibilidad en cuanto a horarios y permite conciliación entre el trabajo remunerado y la vida familiar de las mujeres, “también está asociado a bajos salarios, menor cobertura de seguridad social y exposición a situaciones de violencia en el  trabajo”.

Pero, rescata que la participación de las mujeres nicaragüenses en el mercado laboral ha incrementado en los últimos 30 años, aunque siempre por debajo de los porcentajes alcanzados por los hombres, señalando que el país pasó de una participación promedio para mujeres adultas del 43% en 1990 a 64% en 2020.

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Actualmente, se desconoce el número de mujeres ocupadas que están afiliadas al Seguro Social, ya que las cifras divulgadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN) no incluyen un desglose de género sobre las afiliaciones. Sin embargo, de los más de tres millones de personas que están en edad para laborar solo cerca de 800 000 son afiliados del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), según datos de 2021 divulgados por el BCN, que reprodujo información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Mujeres sobreviviendo en la informalidad

«Catalina», de 22 años, quien labora haciendo limpieza en una panadería capitalina, es parte de ese 36% de mujeres que pertenecen al sector informal. Devenga 6000 córdobas al mes, con los que, afirma, «apenas» y logra alimentar, vestir y garantizar salud y educación para sus dos hijos, de tres y cinco años.

«No es mucho pero estoy mejor que antes porque por lo menos tengo un lugar fijo donde trabajar. Antes de estar aquí en la panadería solo limpiaba casas una o dos veces por semana, pasé así como un año, y pues algunas veces no salía ninguna casa que limpiar y no me ganaba esos 300 pesos al día», recordó.

Ella tiene cuatro meses de haber ingresado a laborar en esa panadería capitalina, donde no le pagan seguro social y no tiene un contrato laboral firmado, aunque, resalta que las condiciones en las que se encuentra en ese lugar «son mejores”.

«Catalina» solo terminó el sexto grado de primaria, pero afirma que en varias ocasiones intentó culminar la secundaria en modalidades a distancia, pero las excesivas cargas que tiene como madre soltera la consumen y no ha logrado completar esa meta.

«Una quisiera, en serio te lo digo, pero ¡qué voy a poder! Ya una vez lo intenté, pero era ver a los niños, ir algunos días a limpiar casas, limpiar mi cuarto, lavar, planchar, cuidar de los niños y para mí ya no quedaba nada, no podía terminar las tareas de las clases a distancia en la que estuve y terminé saliéndome», lamentó.

Dictadura promueve desempleo

La experta en Derecho Laboral resaltó que en los últimos cinco años, tras el inicio de las protestas sociales de abril de 2018, en Nicaragua se han dado masivos cierres de organizaciones de la sociedad civil y despidos, que han sido denunciados por las víctimas como injustificados, arbitrarios y de carácter político, que también han sumado  a la tasa de desempleo en el país, que, según las proyecciones oficiales del BCN, podría permanecer este 2023 en el mismo 3% del año pasado.

Entre 2018 y 2020, según el reporte de medios independientes, al menos 140 personas que ejercían la docencia en colegios y universidades públicas del país fueron despojados de sus plazas tras participar de las manifestaciones. Lo mismo ocurrió con más de 400 integrantes del personal de Salud de los diferentes hospitales y centros asistenciales públicos, que fueron despedidos tras ayudar a curar heridos en las protestas. 

La dictadura Ortega-Murillo ordenó, entre 2018 y 2022, el cierre de más de 3000 oenegés, dejando a miles de trabajadores de estas organizaciones en el desempleo. Entre las cancelas había más de 150 organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres, incluido el Movimiento María Elena Cuadra, cancelado en febrero de 2022, tres meses antes de cumplir 28 años defendiendo el derecho laboral de las ciudadanas nicaragüenses, especialmente las que trabajaban o eran despedidas de las maquilas que operan en Nicaragua.

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El MEC era dirigido por su fundadora Sandra Ramos, feminista y sindicalista, y llevaban más de 25 años luchando por los derechos económicos y laborales de las mujeres empleadas y desempleadas de Nicaragua.

El último informe divulgado por el MEC, en 2020,  fue sobre “la situación de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras de empresas de zonas francas”, en base a consultas realizadas a más de 900 mujeres, reveló que esas ciudadanas, pese a que pertenecen al sector formal del mercado laboral, también ejercían su derecho al trabajo de forma precaria, ante los abusos de sus empleadores. 

El documento señala que las trabajadoras de maquilas que fueron consultadas para el estudio sufren acoso sexual (25.4%) o lo han vivido en algún momento (9.6%) de parte de compañeros de trabajo, personal de gerencia o inspectores; han soportado violencia verbal (42.6%) o algún tipo de violencia física (12.7%); se les deduce de su salario o de alguna prestación cuando solicitan permisos por enfermedad o asistir al médico con sus hijos (57%), pese a que entregan constancias médicas en el 95% de los casos; y además han sido víctimas de discriminación por razones de género en cuanto a los puestos (23.8%) y salarios (22.2%) que reciben.

El Código de Trabajo de Nicaragua establece, en su artículo 17, la obligación de velar porque los trabajadores no sean violentados en sus derechos morales, ni objeto de acoso o chantaje sexual. Además, dispone, en el artículo 74, que por acudir a una cita médica personal o de acompañamiento a sus hijos, la trabajadora gozará del 100% de su salario y debe entregar constancia de haber asistido a este servicio. 

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La Lupa Nicaragua