Tras tres meses trabajando con una familia madrileña, Ángela (nombre ficticio), de 32 años y de origen hondureña, presentó dolor en el cuerpo, fiebre y tos, lo cual le comentó a su contratante, ante la pandemia de coronavirus que vive el mundo, y que en España supera los mil fallecidos.

En espera de tomar las debidas medidas de precaución, su jefa, una abogada, optó por aislarla en un cuarto con la intensión de proteger a sus hijos de ocho, cinco y cuatro años. Sin embargo, al no mejorar, decidió que su marido la abandonara en la estación del tren, no sin antes advertirle que si la Policía los detenía por violar la cuarentena, ella debería negar cualquier vínculo con los contratantes.

“En esas condiciones me querían hacer firmar un documento donde señalaban que yo no les trabajaba a ellos, sino que tenía un trabajo fijo en otro lugar y me negué. Me quitaron las llaves de la casa y me dijeron que me avisarían”, relata la catracha originaria de Comayagua, Honduras.

“Yo estaba clara que me estaban echando del trabajo, pero sin un centavo. Le escribí a la jefa y le dije que necesitaba mi pago para comprar paracetamol y acetaminofén, y depositó 475 euros, esto eran la mitad del salario, más los 25 euros de tres fin de semanas que les hice. Inicialmente habíamos acordado un salario de 900 euros, pero ella siempre me decía que seguía en prueba”, comenta resignada Ángela.

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Sus sospechas se confirmaron el 18 de marzo cuando su jefa le comunicó que «no la necesitaba», y al reclamar lo adeudado en su salario le respondió: «La verdad es que no tendríamos porque pagarte, pero por no dejarte en la calle en estos momentos tan duros, te pagaremos hasta final de mes, aún sin haberlo trabajado”.

El agobio de Ángela es porque esa cantidad no le alcanza para pagar la habitación compartida, que alquila con otras paisanas ni mandarle dinero a sus cuatro hijos, y mucho menos abonar a la deuda que adquirió para hacer el viaje hasta España.

“!Estoy desesperada!, pero confío en el Señor que no sea esa enfermedad (COVID19) la que yo tengo. Es muy difícil estar lejos de los suyos. Me da miedo caer y seguir cayendo y no tener a nadie”, expresó con la voz entrecortada desde su lecho de enferma.

SISTEMA DE SALUD COLAPSADO

La  angustia es aún mayor luego que la hondureña llamó al número de atención sanitaria de Madrid y “me dijeron que no tenían personal para atenderme. Que hasta que no pueda mencionar mi nombre, ni, aunque sea una letra ahí sí los llamara”, señaló “Ángela”.

Marisa Herrero, ginecóloga jubilada miembro de la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak (OEE de Bizkaia, País Vasco), explicó que el protocolo que se está ejerciendo en toda España es porque “no hay test suficientes” para aplicar a todos los sospechosos del Covid19. España, es el segundo país de Europa con más contagios de COVID19.

“Cuando tú tienes síntomas que pueden ser tos y fiebre, pero no tienes dificultad respiratoria, se considera una enfermedad leve (…) porque, aunque de positivo (Covid19) no hay otro tratamiento.  Que da lo mismo que sea negativo, lo que tiene que hacer es aislarse”, refiere Herrero, quien maneja los protocolos que se aplican en este país.

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La sanitaria indica que “Una vez que evoluciona la enfermedad a grave entonces es cuando tiene que ir al hospital. Que realmente no pueda respirar o que con el paracetamol no le baje la fiebre de 39”. Un método práctico para detectar el problema de respiración es aspirar y contar hasta 10 y si exhalas una respiración normal, no se considera un caso grave.

Herrero insiste que la persona afectada no debe salir a la calle, usar mascarilla y no tocarse la boca, aislarse del resto de los que están en la vivienda, es la mejor forma de ayudar a que los demás no se contagien. En caso de atender una persona con los primeros síntomas, debe lavarse las manos antes de tocar a la persona dependiente y luego de tocarla.

“Si comparten cuarto de baño, después de que la persona enferma lo haya usado es necesario que se lave con lejía la superficie del baño”, dice Herrero.

TRABAJO DEL CUIDO INVISIBILIZADO

Silvia Carrizo, socia-fundadora de Malen Etxea, una organización que trabaja con mujeres migradas de Latinoamérica, resalta que la vulnerabilidad de este sector laboral se agudiza con esta crisis sanitaria “Muchas no nos podemos quedar en casa. Porque muchas no tenemos casas donde quedarnos”.

Además, señala que el aporte de las mujeres inmigrantes a la prevención de más casos positivos no ha sido visibilizado por las autoridades que «no agradecieron al ejército de mujeres inmigrantes que están trabajando en cada uno de los portales de este país”, aduce Carrizo.

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De acuerdo con el consejo de sanidad del País Vasco, Gipuzkoa es zona donde la evolución del COVID19 ha sido menor en comparación a las otras dos provincias que la conforman.

“A ninguna trabajadora de cuidados se les ha proporcionado material de prevención están trabajando sin guantes, sin trajes aislantes. En Gipuzkoa la población de riesgo del coronavirus no está afectada. Los hospitales y los ambulatorios no están colapsados ¿por qué? porque están al cuidado en sus casas a riesgo de la salud de mujeres migrantes. Esa es la realidad”, cuestiona Carrizo quien trabaja con mujeres migrantes radicadas en Gipuzkoa.

MAYORÍA DE MUJERES JÓVENES

Por su parte Herrero indica que la mayoría de las mujeres que están al cuido de las personas de la tercera edad son jóvenes y el impacto en su salud será mayor solo las que tienen afecciones como diabetes, hipertensión o enfermedades respiratorios.

“Para la mayoría de la población (que tengan) el COVID19 no va pasar nada.  Y si lo pasa, va a quedar vacunados por la misma enfermedad, es decir, no van a necesitar vacuna. Para cuando salga la vacuna y nos quiera cobrar la ostia”, enfatiza Herrero.

Carrizo apunta que alrededor del 48% de las mujeres trabajadoras del hogar son externas. El efecto de la crisis sanitaria se evidencia en sus ingresos. “Te vas a casa, pero sin cobrar, ¿qué significa eso? que a fin de mes te llegan todas tus responsabilidades de pago”.

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Y esos compromisos de pago son los que angustian a Herenia Moreno, una nicaragüense de 30 años, radicada en Madrid. Ella reúne al mes unos mil euros por limpiar, llevar niños al colegio y planchar en tres casas diferentes. Pero a finalizar marzo, prevé que con costo reunirá 300 euros. No tener “papeles” la limita a no tener contrato que le garantice su salario para sufragar sin problemas los gastos de servicios básicos, transporte, vivienda y alimentación.

“También me tiene en incertidumbre el hecho de que todos los trámites para la legalización de los migrantes se están aplazando o cancelando. Espero en Dios poder tener mi cita normal en mayo y conseguir mi tarjeta de trabajo. Como todo el mundo quiero un empleo que respete los horarios y prestaciones de ley”, anhela Moreno.

Pero lamentablemente tener documentos en regla tampoco es garantía de que se cumplan con lo establecido en la ley, así lo expresó otra nicaragüense que optó por omitir su nombre. “Me enfermé en meses anteriores y no me dieron la baja completa. El médico me mando cinco días, pero ellos solo me autorizaron tres. Me dijeron ¿lo tomás o lo dejás?, y como estoy en el trámite de mi segunda tarjeta tuve que acceder”.

La incertidumbre del pago de fin de mes o de la conservación del trabajo tiene en vilo a las trabajadoras del hogar.

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