Las mujeres con familiares detenidos en el marco del régimen de excepción en El Salvador han tenido que asumir la jefatura de sus hogares en condiciones económicas precarias, ya que sus parejas eran los proveedores económicos en la mayoría de los casos, señala la organización de derechos humanos Cristosal.
En el caso de que las madres sean detenidas, son otras mujeres de las familias que asumen el cuidado de los menores de edad y de la economía del hogar, que casi siempre son las abuelas o las tías.
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De acuerdo con Rinna Montis, la directora de investigación de Derechos Humanos, muchas mujeres incluso han suspendido tiempos de comida para cubrir las necesidades de las personas dejadas a sus cargos y para cubrir las necesidades de sus familiares detenidos en centros penales.
“Las mujeres son las que quedan en lucha por liberar a sus familiares, son las que quedan a cargo del cuidado del hogar, de los hijos e hijas y de los familiares detenidos. La economía recae en ellas porque lamentablemente no eran las proveedoras del hogar, sino sus esposos o los otros hombres de la casa, así que se deben enfrentar a condiciones económicas bastante duras”, explica Montti.
Como la mayoría de las familias afectadas por las detenciones del régimen de excepción están en situación de pobreza, las mujeres asumen la jefatura del hogar con grandes limitaciones económicas. Así que muchas mujeres además de limitar su alimentación, suspenden procesos médicos para dar prioridad a sus familias.
“Usualmente son familias que son muy pobres y que probablemente tienen a más personas privadas de libertad, o tienen a la persona privada de libertad, pero se hacen cargo de sus hijos e hijas”, explica Montti.
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Esta situación deja vulnerable a los menores de edad que requieren de recursos económicos para continuar con sus estudios, y que se ven amenazados a abandonarlos porque sus madres o las mujeres a su cargo no pueden costearlos.
Además, las mujeres no solo asumen los gastos del hogar y de sus integrantes, también deben proveer ocasionalmente con dinero o con provisiones a los hombres detenidos en las cárceles. Pues, los centros penales solo brindan comida a los detenidos, pero no otros elementos necesarios para la vida como productos higiénicos o medicamentos, ya que eso debe de ser entregado por familiares.
“Esto hace que los familiares no tengan las condiciones económicas para poder llevar provisiones de manera regular a sus familiares detenidos. Hay algunas familias quienes hacen algunos esfuerzos para hacerlo, pero muchas veces a costa de suspender tiempos de comida para tener un ahorro y transformarlo en una provisión o fondo económico”, añade la defensora.
Actualmente la organización de derechos humanos Socorro Humanitario (SH) estima que de las 70 mil personas detenidas en el marco del régimen de excepción acusadas de pertenecer a pandillas, 13 mil son inocentes de las imputaciones.
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Mientras que de las 170 personas fallecidas bajo custodia del Estado en centros penales, el 92 por ciento estaban apenas en fase investigación y no se logró comprobar sus vínculos con las pandillas.
Aunque la mayoría de las personas afectadas dentro de las cárceles son hombres, las personas afectadas fuera de ellas son mujeres. Según SH, el 90 por ciento de las personas que llegan a la organización a solicitar ayuda son mujeres. Si bien muchas llegan para solicitar asistencia legal para sus familiares, una gran parte de ellas llegan para que les brinden paquetes de comida porque no tienen alimento en sus hogares.
“Se llevaron las madres de estas dos niñas, son dos hermanas, ambas vendedoras de tortillas. Su delito fue vivir en una colonia con alta criminalidad y sumamente pobre durante el inicio del régimen cuando se capturaba a personas por cuotas en abril de 2022. Las niñas han padecido 17 meses sin sus madres y pensando que quizás no regresarán jamás”, dice SH sobre uno de los casos.
“A la abuelita le ha quedado toda la carga económica. Este día no habían tenido dinero para almorzar, pudimos darles al menos café y pan. Es difícil la vida para esta familia, ojalá pronto haya justicia”, añade SH.
Hasta ahora el régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele no ha incluido planes de asistencia económica o al menos planes de seguimiento a las miles de familias afectadas por las detenciones. Así que saber el número de familias afectadas que quedaron sin proveedores del hogar o que viven en condiciones de pobreza es desconocido, aclara SH.
El régimen de excepción se ha extendido durante un año y medio en El Salvador en el marco de “la guerra contra las pandillas” que mantiene Bukele. Sin embargo, diferentes organizaciones nacionales e internacionales han denunciado múltiples violaciones a derechos humanos y un alto índice de personas no pertenecientes a pandillas que han sido afectadas.
