Las mujeres, adolescentes y niñas fueron las principales víctimas de violencia sexual en el país en 2022, de acuerdo con el Instituto de Medicina Legal (IML).
Los boletines de IML muestran que durante el año pasado se realizaron 4,505 peritajes médicos legales por violencia sexual a esta población, lo que representa el 90.3 por ciento de los casos .
Sin embargo, las niñas y adolescentes representan la población más vulnerable. De los 4,984 peritajes por violencia sexual realizados a la población nicaragüense, se realizaron 3,395 menores edad: 1,680 a niñas entre los 0 y 12 años y 1,715 a adolescentes entre los 13 y 17 años. Estos casos representan 68 por ciento de los peritajes totales.
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El registro total muestra que en 2022 hubo 158 casos más que el 2021, aunque el alto registro de abusos sexuales contra menores de edad se mantiene todos los años, una problemática extendida en el país.
El espacio más inseguro para las mujeres, adolescentes y niñas es el hogar. De acuerdo con el IML, los agresores denunciados están dentro del círculo cercano de las víctimas. La mayoría son «conocidos», seguidos de familiares, novios, padrastros y padres.
Pero el número real de abusos ocurridos es mayor, analiza “Lidia”, activista del Colectivo de Mujeres de Matagalpa y educadora. “En los últimos años en realidad están ocurriendo mucho más abusos porque nosotras los vemos, pero la gente decide no denunciar por la cultura del silencio y porque saben que la Policía no va a realizar nada”, indica.
Como la mayoría de los abusos sexuales ocurren dentro de la familia, los padres y las madres deciden no denunciar el abuso que viven sus hijos e hijas por la cercanía que tienen con el agresor, por las implicancias sociales y emocionales que conlleva la denuncia, o porque tienen alguna dependencia hacia el agresor, señala Lidia, de acuerdo con la experiencia que ha tenido el colectivo atendiendo situaciones de violencia sexual contra la niñez.
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“Las familias no denuncian porque es el abuelo, el tío, el cuñado o el propio padre. La familia prefiere hacer como si nada hubiera pasado, así que el caso queda en impunidad o en el silencio. Se necesita que se rompa esa cultura del silencio porque también aumenta otras situaciones de violencia”, explica.
La otra razón por la que deciden denunciar es por la falta de voluntad de la Policía de dar seguimiento a las denuncias de violencia sexual, uno de los delitos más desestimados por esta institución, señala Lidia.
Y como representa un proceso revictimización, en el cual muchos de los oficiales culpabilizan del abuso a las menores de edad, a la mamá o a la mujer; o las hacen repetir múltiples veces su testimonio frente a diferentes personas, prefieren no hacer la denuncia formal.
“Cuando vos le preguntas a una víctima de abuso sexual o a la mamá de un menor abusado por qué no denuncia, lo primero que te va a decir es “¿para qué? ¿qué voy a ganar con eso? ¿qué va hacer la Policía?”. Y son preguntas legítimas porque efectivamente muy poco se hace. A menos que sea en casos de violaciones violentas la policía se moviliza, pero en los casos de abusos no siempre hacen algo”, señala.
En los casos donde las mamás o las mujeres están informadas sobre el proceso de denuncia, la Policía realiza gestiones de investigación, pero cuando no es así como en la mayoría de los casos, no se realiza ningún proceso, añade la defensora.
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“Cuando llega una mamá a exigir a la Policía se aplique la ley porque la conoce, porque sabe que el abuso tiene penas de cárcel y sabe que es deber de la Policía investigar aunque ella no tenga pruebas contra el agresor, la Policía no tiene de otra que al menos hacer la mueca”, indica.
“Pero la mayoría de la población no tiene conocimiento de la ley y la Policía se aprovecha de eso. Hemos conocido de casos en los que los oficiales les insisten a las mujeres que retiren la denuncia porque no va a llegar nada. Eso dice mucho del actuar policial y de la cultura de la impunidad”, agrega.
