La directora regional de ONU Mujeres denunció que una de cada tres mujeres de la región ha sido objeto de violencia física, psicológica o sexual al menos una vez en la vida
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A 23 años de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, María-Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, alertó que “la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes sigue siendo una pandemia en la sombra”, que podría combatirse con “voluntad política de los gobernantes de colocar al tema de la violencia de género primero en la agenda política y por supuesto dotarlas de presupuesto para poder combatir este flagelo”.
“Entre 2017 y 2021, han ocurrido 21,566 femicidios o feminicidios y homicidios de mujeres por razones de género en nuestra región de acuerdo al Observatorio de Violencia de la Cepal. En el 2021, la Cepal nos dijo que al menos 4239 mujeres fueron víctimas de femicidios o feminicidios en 28 países de la región, lo que podemos decir que son 12 mujeres al día asesinadas por este tipo de violencia y podemos concluir que esto es completamente inaceptable”, apuntó Vaeza durante el foro “Liderazgo político de las mujeres para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas en América Latina y el Caribe”, realizado de este viernes de forma virtual.
La defensora de derechos humanos también lamentó que en América Latina y el Caribe “una de cada tres mujeres ha sido objeto de violencia física, psicológica o sexual por parte de sus familiares cercanos, sus parejas, o por parte de terceros, al menos una vez en la vida”.
Además, señaló que la violencia contra la mujer “es una de las peores manifestaciones de discriminación y sigue siendo la violación de derechos humanos más extendida y generalizada en todo el mundo”.
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Vaeza indicó que las mujeres además siguen siendo víctimas de violencia política, ya que “persiste en nuestros países una cultura patriarcal y sexista, en que las mujeres políticas son constantemente descalificadas, discriminadas y también amenazadas”.
Entre enero de 2017 y noviembre de 2022, en Nicaragua fueron asesinadas por la violencia machista un total de 374 mujeres; y más de 607 fueron víctimas de femicidios frustrados, según los datos de Católicas por el Derecho a Decidir. Además, las ciudadanas nicaragüenses también son reprimidas por ejercer sus derechos, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a más de 21 ciudadanas encarceladas por motivos políticos, entre ellas defensoras de derechos humanos, activistas y feministas.
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La más reciente captura ordenada por el orteguismo contra una mujer ocurrió en la víspera de este 25 de noviembre, cuando la docente Guisella Ortega Cerón, de 36 años, fue detenida con violencia en su vivienda en San Judas, Managua, y trasladada al Distrito Tres de la Policía.
La ciudadana ha participado de las protestas sociales contra el régimen de Ortega y había sido capturada en otras dos ocasiones por participar de manifestaciones pacíficas en las que exigía, junto a otras mujeres, el respeto a los derechos de los nicaragüenses.
Ante este contexto de violencia generalizada en los países de la región, ONU Mujeres inició este 25 de noviembre la campaña “Únete al activismo para poner fin a la violencia contra la mujer”, que contempla 16 días continuos de actividades en las que desde diferentes organizaciones se abogará por aumentar el financiamiento y apoyo a largo plazo a las organizaciones de derechos de las mujeres, que trabajan en soluciones efectivas para prevenir y responder a la violencia.
También se instará a resistir al retroceso que se percibe en algunos países de la región en cuanto al respeto de los derechos de las mujeres; amplificar las voces de las defensoras de derechos humanos y movimientos feministas en toda su diversidad; y movilizar muchos más actores que se unan a los movimientos para poner fin a la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en la región.
Asimismo se animará a la promoción del liderazgo de mujeres y niñas tanto a nivel global como local; al fortalecimiento de los mecanismos de protección para prevenir y eliminar la violencia, el acoso, las amenazas, las intimidaciones, y las discriminaciones contra las defensoras y activistas de los derechos de las mujeres.
