Una mujer de 46 años, identificada como Julissa Asunción Montoya Chavarría, y su hija de 15 años, D.Y.M.Ch., fueron asesinadas en su casa ubicada en el barrio Villa Reconciliación Sur, en Managua.

El principal sospechoso es Bayardo José Morales Osorio, pareja de la mujer y padre de la menor, quien fue encontrado muerto en el mismo lugar. 

Las primeras investigaciones apuntan a un femicidio seguido de parricidio y posterior suicidio, en un suceso que ha causado consternación entre las familias nicaragüenses y que expone las formas de violencia extrema a la que están expuestas las mujeres en el país.

Según versiones preliminares, Morales Osorio habría asesinado a su pareja y a su hija durante la noche del domingo 22 de junio de 2025, antes de quitarse la vida.

La policía se encuentra investigando, mientras se espera un pronunciamiento oficial con los resultados de la autopsia y las pericias correspondientes que logren determinar cómo ocurrieron los hechos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares y los testimonios de familiares y allegados, Morales Osorio llegó a la vivienda de Montoya Chavarría, ubicada en Villa Reconciliación Sur, pasadas las cinco de la tarde del domingo. 

El autor de los crímenes de ambas mujeres tenía antecedentes de violencia intrafamiliar.

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Antecedentes de intimidación y amenazas 

Morales Osorio cumplió con sus «amenazas» apenas cinco meses después de haber salido de la prisión bajo el principio de oportunidad mediante la «suspensión condicional de la persecución penal» otorgado por Harold Leal Elías, juez Cuarto Distrito Especializado en Violencia de Managua.

Había sido procesado por el delito de intimidación o amenazas contra la mujer, un delito que está tipificado en el artículo 13 de la Ley 779, Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley 641, Código Penal, que se castiga con una pena de 5 años.

Un delito en perjuicio de la hoy fallecida, Julissa Asunción Montoya Chavarría, por el que guardaba prisión según orden judicial del 22 de enero de 2025, mientras se realizaba el juicio.

Sin embargo, en la audiencia inicial del 31 de enero de 2025, las partes acordaron la suspensión condicional de la persecución penal, considerando que el acusado no tenía condenas previas, aceptó voluntariamente los hechos, y porque el delito era considerado «menos grave», lo que evitó el juicio oral y público.

Fue el propio Ministerio Público, que tiene la misión de garantizar la persecución penal efectiva mediante la investigación y el procesamiento de quienes violan la ley, propuso el acuerdo ante el judicial que terminó posteriormente en la tragedia.

Solo regresó para matarlas

Como parte del régimen de prueba por la suspensión condicional de la persecución penal, que tendría una duración de ocho meses y expiraría el 31 de septiembre de 2025, se impusieron varias condiciones al femicida-suicida.

Morales Osorio, según disposiciones judiciales, debía someterse a terapia cognitiva conductual en el Centro de Atención a personas con problemas de adicción “Valentín Méndez”, con la obligación de informar mensualmente sobre su progreso.

Tenía la prohibición de aproximarse a Montoya Chavarría en un radio de 500 metros de cualquier lugar que frecuentara, en «especial el domicilio de la víctima»; la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio —salvo para asuntos relacionados con la relación padre e hijos y alimentos—; y el abandono inmediato del hogar que compartían.

Durante la audiencia, el juez también le había hecho saber que el incumplimiento injustificado de estas condiciones podría resultar en la revocación del principio de oportunidad y la emisión de una sentencia condenatoria.

La noche del domingo se presentó en la vivienda en Villa Reconciliación solo para matarlas.

El asesinato de la adolescente, por tratarse de un crimen cometido por su padre, se contabiliza como parricidio, aunque no deja de representar una expresión extrema de violencia intrafamiliar.

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Mujeres inseguras en sus casas

“Hay hombres violentos y machistas que consideran que las mujeres les pertenecen y si no están con ellos no estarán con nadie. Estamos indignadas por este horrible crimen que queda en el aire sin castigo, como tantos otros casos de femicidio seguidos de suicidio. ¡Este horror debe parar!”, advirtió el colectivo feminista Las Venancias desde su red en Facebook. 

Este caso se suma a una preocupante ola de violencia machista que afecta a Nicaragua. Según el registro independiente de los femicidios en el país, este crimen eleva a 38 la cantidad de mujeres asesinadas por razones de género en lo que va del año.

Según conteo del observatorio Voces de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), mayo fue el mes más sangriento del año hasta ahora, con 10 femicidios registrados en diversas regiones del país, una cifra que refleja el agravamiento de la violencia contra las mujeres. 

De enero a mayo, CDD documentó 37 femicidios, pero con este último caso registrado en junio, el número asciende a 38. La mayoría de estos crímenes han ocurrido en el ámbito privado, perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas, lo que pone de manifiesto el grave riesgo que enfrentan las mujeres incluso dentro de sus propios hogares.

Desde hace mucho, las organizaciones feministas y de derechos humanos han levantado la voz, exigiendo al Estado una respuesta urgente y efectiva ante la creciente ola de femicidios.

Fortalecer las políticas de prevención, mejorar los mecanismos de protección para las mujeres en situación de riesgo, y garantizar justicia para las víctimas y sus familias son algunas de las acciones que deben tomarse para evitar que las mujeres sigan siendo víctimas de la violencia machista, han denunciado las organizaciones.

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La Lupa Nicaragua