«Leyes regresivas atentan contra las mujeres centroamericanas»
Los derechos de las mujeres centroamericanas están en un verdadero retroceso antes las políticas de autoritarismo que impera en la región.
Los derechos de las mujeres centroamericanas están en un verdadero retroceso antes las políticas de autoritarismo que impera en la región.
Los derechos humanos de las mujeres de Centroamérica están en procesos «regresivos», sin intenciones, ni políticas gubernamentales que busquen mitigar esa tendencia, así lo plantearon feministas de la región durante el foro: Ante la crisis y autoritarismo, Centroamérica unida y resistiendo.
Los esfuerzos por el reconocimiento de derechos de las mujeres están sobre los hombros de las organizaciones no gubernamentales, las cuales están en persecución y exterminación por parte de los gobiernos autoritarios que imperan en la región. Lo cual deja en evidencia la grave situación de derechos humanos en Centroamérica.
María Teresa Blandón, socióloga, activista y feminista nicaragüense expresó que la violación sistemática de los derechos humanos «ha sido una norma» y no una excepción. Dos décadas después de los procesos de paz que caminaron con impunidad nos encontramos «al filo de la navaja» con el retorno de Daniel Ortega al poder en Nicaragua en 2007, en Honduras tras un golpe de Estado se instauró un régimen autoritario y corrupto, en Guatemala los grupos económicos siguen poniendo presidentes y El Salvador de Nayib Bukele ejecuta políticas autoritarias. Ese panorama resulta peligroso no solo para la región sino para América Latina.
Esas concentraciones de poderes, política de estigmatización y criminalización atacan directamente a las defensoras o activistas de derechos humanos.
«El asesinato de Berta Cáceres es un ejemplo, pero no es el único. Cada día en Nicaragua estamos viendo defensoras que se tienen que ir al exilio para no ir a las cárceles, también lo estamos viendo en Guatemala y las tendencias en El Salvador que van en la misma dirección. Eso de prohibir las marchas, de tratar de desprestigiar a las defensoras y acusarlas de golpes de Estado o de serviles al imperialismo son las retóricas que usan estos gobiernos autoritarios», señaló Blandón durante su intervención en el Foro organizado por Sombrilla Centroamericana, una organización por derechos sexuales y reproductivos.
A esa persecución se suma la falta de voluntad de los Estados. Por ejemplo, en Honduras está prohibido el uso de la Pastilla de Anticonceptiva de Emergencia, desde 2009. La trabajadora social, activista y miembra de Sombrilla Centroamericana, Gina Rosales, resiente que no prevalezca la academia y la ciencia a favor de las mujeres, pues esa ineficiencia de los Estados condena a las mujeres a perpetuar esos círculos de violencia de pobreza y desigualdad en la sociedad.
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«El estado de alerta se da por la falta de voluntad política de nuestros gobernantes e implementación de policías con un enfoque de género, interseccionales, laicas inclusivas para toda la población diversa femenina, sin olvidar ese componente de mujeres con discapacidad y mujeres migrantes”, recalcó Rosales.
Las tasas de embarazos en adolescentes sigue creciendo, y aumentando el porcentaje de niñas desde 9 años embarazadas producto de una violación. En El Salvador sufrir una emergencia obstétrica puede ser interpretada como aborto y por ello las mujeres son procesadas y condenadas a más de 30 años bajo el delito de homicidio.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a El Salvador por la detención y posterior muerte de Manuela, una mujer que sufrió una emergencia obstétrica y que fue encarcelada por abortar, al declararlo responsable internacionalmente de violaciones a la libertad personal, las garantías judiciales, igualdad ante la ley, el derecho a la vida. Sin embargo las mujeres salvadoreñas siguen indefensas.
La activista guatemalteca y arqueóloga, Sabrina Pérez manifestó que «en Centroamérica mientras los gobiernos afirman que las mujeres gozamos de derechos sexuales y reproductivos, en la práctica las mujeres se enfrentan a barreras institucionales para acceder a estos servicios que socialmente han sido estigmatizados. La penalización absoluta del aborto ha generado un ambiente de persecución y criminalización a las mujeres en situación de aborto o ante la atención de emergencias obstétricas».
Por su parte Alma Odette Chacón, activista feminista de Guatemala cuestiona el hecho de que las mujeres podemos elegir presidentes, podemos elegir autoridades, pero no podemos elegir sobre nuestros cuerpos. «La elección sobre nuestros cuerpos no está permitida».
Además mencionó que si bien las mujeres han ganado espacios en participación política o espacios de poderes, pero que su incidencia no necesariamente corresponden a las necesidades reales como féminas sino que se acoplan a los intereses patriarcales y conservadores. Los cuales no genera cambios palpables en las vidas de las ciudadanas.
Chacón insiste que es imprescindible «hacer incidencias políticas para contrarrestar las leyes regresivas que actualmente nos afectan a todos estos países». En ese eje es que trabajan las feministas, defensoras de derechos humanos, de derechos a la tierra, a la salud sexual y reproductiva.