Reapertura de Comisarías de la Mujer, un discurso poco creíble afirman organizaciones
Por 180 
Por 180 El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo comenzaron el año haciendo un relanzamiento de las Comisarías de la Mujer en el país, un mensaje poco creíble entre las organizaciones de mujeres, quienes creen puede ser una estrategia para obligar a las víctimas a realizar una mediación con su agresor.
Belky Reyes Ríos, representante de la Red de Mujeres del Norte en Estelí, organización que ofrece asistencia psicológica y legal en este departamento del país, confirmó que algunas mujeres le han referido que de la Comisaría las están remitiendo a una oficina, cuya naturaleza es atender conflictos para llevar a cabo una mediación.
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“Las están refiriendo a un centro jurídico, como cualquier otra oficina de leyes donde se hacen mediaciones, lo destacable de esto es que varias mujeres me han referido que de las comisarias las están refiriendo a esa Casa de la Mujer, que es un centro de mediación, entonces qué hay detrás de eso, está bien raro”, cuestionó Reyes Ríos.
Hasta el 18 de junio, la vocera del régimen informó que se había inaugurado 20 oficinas de la comisaría y en las próximas ocho semanas se estarían reabriendo ocho más para tener este servicio en los 153 municipios del país.
A la fecha, se reabrieron comisarías en los distritos de la capital, además en Somoto, Juigalpa, Granada, Bluefields, San Carlos, Estelí, Matagalpa, Siuna, Boaco y otros sitios del país “para que las mujeres, todas nosotras tengamos donde ir a presentar cualquier denuncia de lo que sintamos afecta nuestra dignidad, nuestro derecho a vivir con respeto, tranquilas”, dijo Murillo en una de sus tantas alocuciones.
Evelyn Flores, enlace de la Red de Mujeres contra la Violencia, manifestó que la continuación del proyecto de las comisarías es un mensaje poco creíble de parte del régimen.
“No presentan presupuesto, no dicen en qué comisaría, no dicen en qué distrito, no dicen en qué municipio, no dicen por cuánto tiempo, no dicen cuánto dinero van a destinar, tampoco dicen cómo estas comisarías van a estar trabajando en este contexto de pandemia”, explicó Flores.
Según Flores, cada una de las comisarías debe contar con un personal altamente calificado para atender este tipo de denuncias.
“Es una realidad que han dicho que hay más policías en la calle, pero eso no genera seguridad, al contrario los hombres machistas y femicidas continúan con la misoginia y la violencia hacia los cuerpos de las mujeres de todas las edades”, denunció Flores.
“Estado machista”
Para Yamileth Torres, de la oficina de la Red de Mujeres del Norte ubicada en Ciudad Darío, en Nicaragua las mujeres están viviendo “dos pandemias, una que tiene que ver con la salud y la otra que tiene que ver con la vida”, ambas traen “muerte, desgracia, luto, duelo”.
En la situación que atañe a las mujeres el responsable es el “Estado machista nicaragüense, el Estado femicida”, insistió Torres.
“Desde 2016 viene sacando bajo convivencia familiar a violadores, femicidas, maltratadores de mujeres, de niños y niñas; es una de las situaciones más graves que ha traído grandes consecuencias a nivel nacional”, recordó Torres.
En ese contexto, Reyes Ríos recordó el caso de Cecilia Torres Hernández, una mujer con una gran convicción sobre el derecho de las mujeres a vivir libres de la violencia machista.
El 3 de abril de 2007, Torres Hernández fue asesinada por el padre de su nieta, Jhony Gutiérrez Silva, un maestro de La Dalia que se negaba a asumir su paternidad y por lo cual Torres Hernández había iniciado un reclamo por las vías legales para que le entregara a su hija la pensión alimenticia que manda la ley.
Fue una de las 60 mujeres, víctimas de femicidio en el 2007 y aunque su agresor fue apresado y condenado, recientemente logró su libertad gracias al beneficio de convivencia familiar que le otorgó el régimen.
“Ella defendió a su hija (que) también (el agresor) estuvo a punto de matar, eso significa que corre riesgo la hija de esta señora y corre riesgo la comunidad, porque eso lo que les da es permiso para que ellos puedan seguir delinquiendo y el Estado o el Gobierno, la dictadura lo sigue sacando para obtener más votos y más adeptos a su partido”, denunció Reyes Ríos.
Otros casos
Así como el caso de Cecilia, quien formaba parte de la Red de Mujeres del Norte, Reyes Ríos recuerda el caso de Danny Meza Ruiz, un femicida de Sébaco, que el 1 de noviembre de 2017 asesinó a su excónyuge, después de cumplir solo dos años y ocho meses de la sentencia de cuatro años y ocho meses de prisión a la que había sido condenado por la violencia que ejercía contra la mujer quien se atrevió a denunciarlo inicialmente en 2015.
“Tenemos el caso de un hombre condenado a 24 años por haber abusado de unas niña de 11 y 12 años, también apenas cumplió dos años de la cárcel, así como esos casos y otros más que los movimientos de mujeres venimos a darle seguimiento (…) Hay un caso de Somotillo, que apenas cumplió 11.46% de la pena con una condena 30 años por haber matado a su esposa”, mencionó Reyes Ríos.
Para esta defensora de derechos humanos, debido a que en Nicaragua “no hay un Estado de Derecho, no hay gobernabilidad”, lo único que les queda a las mujeres es estar “alerta” y conformar una red de solidaridad o de apoyo.
“Un femicida suelto es un peligro para las mujeres y la sociedad (…) Es un gobierno que no logra solucionar, ni ha buscado la manera de cómo hacerle frente a la violencia contra las mujeres, más bien es permisivo e institucionaliza la violencia”, enfatizó Reyes Ríos.
Según Yamileth Torres, estos hombres son “reincidentes”, es decir “cometen delito o terminan de cometer el delito de femicidio con sus víctimas”, cuando salen de la prisión.
“El Estado no garantiza, ni la seguridad, ni la sanción, ni la condena a la violencia que viven las mujeres, la mayor parte de los agresores que han salido de la cárcel vuelven a reincidir y el Estado no tiene un seguimiento de atención sicológica ni de seguimiento de seguridad, ni siquiera los acusados cumplen con la medida establecida”, cuestionó Torres.
