EFE – El informe sobre el conflicto interno de Nicaragua, presentado este miércoles por la alta comisionada adjunta para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Kate Gilmore, confirmó que la represión ha causado que 70.000 personas partan al exilio, además de los 300 muertos, 2.000 heridos y más de 80 manifestantes encarcelados.

Advirtió que tanto la Ley de Amnistía como la Ley de Atención a Víctimas redactadas desde El Carmen y aprobada por una aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional, tienen ambigüedades que pueden beneficiar a los autores de los crímenes cuando es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción.

«Es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción, asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, y determinar las garantías que el Estado establecerá para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos”, apuntó.

Organizaciones respaldan

Gilmore también dio cuenta de torturas y tratos vejatorios se atribuyen a fuerzas de seguridad pública y a grupos armados progubernamentales.

«Compartimos ese informe, hemos recibido denuncias de familiares de personas que han perdido la vida a manos de paramilitares, es una situación de mucha incertidumbre, la Policía no respeta los derechos humanos», mencionó el presidente ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (PCDH), Marcos Carmona.

Gilmore además reclamó la liberación de «todos los que puedan estar arbitrariamente detenidos por participar en protestas o manifestar opiniones críticas del gobierno, incluidos los que están bajo medidas alternativas a la prisión».

«El informe es contundente, hay una situación de maltrato a los derechos humanos de todos los nicaragüenses, las Naciones Unidas están confirmando lo que ya todo el mundo sabe», señaló el abogado Julio Montenegro, quien ha defendido a decenas de opositores en medio de la crisis.

Retomar negociaciones

Recomendó a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo retomar las negociaciones con la Alianza Cívica y respetar los acuerdos ya firmados sobre “permitir el ejercicio de las libertades de reunión, expresión y asociación pacíficas, prevenir, denunciar y sancionar cualquier ataque contra defensores de los derechos humanos, líderes comunitarios, opositores políticos y periodistas y garantizar el regreso”.

“La protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas”, subrayó la representante de Michelle Bachelet este martes en Ginebra, donde insistió en  la instalación urgente de un diálogo genuino e inclusivo “para abordar las legítimas demandas de justicia y reparación de las personas, y emprender reformas institucionales y electorales”.

Discurso de negación

El vicecanciller Valdrack Jaentschke, negó los señalamientos de Gilmore, sostuvo que en el país no se violan los derechos humanos, que son los opositores los que violan las leyes, y que ya ha excarcelado a todos manifestantes.

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Foto tomada de Internet.

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