La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha expresado su preocupación por la ley de amnistía, porque no incluye reparación y el derecho a la verdad para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Flavia Pansieri, presentará este miércoles en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos la primera actualización sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua.

La presentación de Pansieri será transmitida en vivo desde Ginebra a las 6:30 de la mañana hora de Nicaragua, y abordará la problemática que vive el país a raíz de la crisis sociopolítica.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ya ha manifestado su preocupación por la aprobación de la ley de amnistía, porque “la ley podría conculcar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos el derecho a un recurso efectivo, incluyendo las reparaciones y el derecho a la verdad”.

En el informe número 10 de las Naciones Unidas en Nicaragua, correspondiente al mes de junio, expresan su preocupación sobre el estancamiento de las negociaciones entre la Alianza Cívica y el régimen de Daniel Ortega.

Sin embargo, consideraron “un acontecimiento importante” la aprobación de la ley de amnistía, el pasado 8 de junio, “que se aprobó en 24 horas sin consultar con las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares”.

“Si bien esta ley condujo a la liberación de 106 personas que habían sido detenidas en relación con las protestas de 2018, más de 80, según la sociedad civil, continuaban detenidas, y algunas de las liberadas, así como miembros de la oposición y sus familiares, fueron, presuntamente, acosados y atacados”, señala el informe mensual de la ONU en Nicaragua.

Agrega que “la ley de amnistía podría conllevar a que las graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado queden impunes. El ataque por presuntos elementos progubernamentales armados a miembros de la comunidad indígena Kamla fue de particular preocupación”.

La ley de amnistía fue rechazada y condenada por la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la Unión de Presos Políticos de Nicaragua, así como por organizaciones internacionales, entre ellas la OACNUDH, el Mecanismos Regionales de Derechos Humanos, y la CIDH.

“La OACNUDH considera que la ley de amnistía está redactada de manera imprecisa y carece de claridad, tanto en lo que respecta a las personas como a los delitos a los que se aplicaría, dejando a las autoridades amplias facultades de interpretación”, dice el informe mensual. Agrega que “las ambigüedades de redacción podrían beneficiar a los autores de graves violaciones a los derechos humanos, en contradicción con las normas y estándares internacionales. Una de las principales preocupaciones destacadas por la Alta Comisionada en su comunicado de prensa, es que la ley podría conculcar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos el derecho a un recurso efectivo, incluyendo las reparaciones y el derecho a la verdad”.

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