La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) documentó 6,214 agresiones contra al menos 1,188 defensoras de derechos humanos y 73 organizaciones en El Salvador, Honduras, México y Nicaragua en el 2023.
Entre enero y diciembre de 2023, IM-Defensoras registró el asesinato de diez mujeres en México, Honduras y El Salvador; entre ellas tres mujeres trans que defendían el derecho a transgredir el orden de género y tres defensoras que buscaban a personas de su familia desaparecidas en diversos estados de México.
El desplazamiento forzado, la criminalización y la violencia digital son tres modalidades de agresión contra las defensoras que cobraron “especial relevancia” a lo largo del año pasado, según los datos preliminares anuales del registro mesoamericano de agresiones de IM-Defensoras.
IM-Defensoras constató 240 agresiones relativas a desplazamientos forzados, especialmente en Honduras (168) y Nicaragua (69), donde se vive una crisis sociopolítica sin precedentes por la deriva totalitaria del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El desplazamiento forzado al que fueron sometidas las defensoras durante el año 2023, representa supone un aumento de cuatro veces con respecto a 2022, que fueron antecedidos por un “conjunto de agresiones que obligaron a las defensoras a abandonar de manera forzada sus comunidades”.
Para la organización estas agresiones “buscan detener su trabajo de defensa en los territorios”, “castigarlas” y un intento por “debilitar sus redes de apoyo”. “Lanzan un mensaje que genera temor en las mujeres y las comunidades, inhibiendo así la defensa de los derechos humanos”, afirman en el reporte dado a conocer.
En este periodos, se documentaron al menos 130 inicios de causas judiciales y 116 detenciones arbitrarias. Además 47 detenciones en México, 37 en Honduras, 30 en Nicaragua y 2 en El Salvador.
Los ataques tienen como objetivo el “desprestigio social” de las defensoras y posteriormente la criminalización, acusándolas de hechos falsos (238 agresiones) y las campañas de desprestigio (200), según el registro anual.
En Nicaragua se constaron las peores violaciones a los derechos humanos contra las mujeres defensoras. De las 30 detenciones arbitrarias, al menos en 28 casos fueron desapariciones forzadas por ocultamiento de paradero. A la fecha de publicación de este informe, 13 mujeres siguen en prisión por motivos políticos y en cuatro de los casos se confirma que son sometidas a torturas.
“La negación del acceso diario a patio, sol, acceso a agua potable y asistencia médica profesional de calidad”, son patrones que se repiten entre las mujeres presas políticas.
La situación no es propia de las presas políticas, sino que sus familiares expresan preocupación por el “desgaste físico y emocional de las defensoras”. Su encarcelamiento provoca un deterioro en el entorno familiar por la “situación económica de los hogares, impactos emocionales en hijas, hijos e hijes, y el riesgo y vulnerabilidad ante la vigilancia periódica que reciben”.
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La Policía, al servicio del régimen Ortega Murillo, es la principal agresora de las defensoras en el país.
A inicios de 2023, IM-Defensoras alertó sobre la instrumentalización del Poder Judicial en El Salvador para “desprestigiar y criminalizar” a lideres y lideresas comunitarias y defensoras y defensores ambientalistas de Santa Marta, una comunidad que está firme en la lucha contra el extractivismo minero y en la reivindicación de la memoria histórica de ese país.
En Honduras, donde se registraron 2,694 agresiones a defensoras y organizaciones o grupos de defensa de derechos humanos, se agudizaron los conflictos territoriales a partir de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, la cual ha “legitimado desalojos masivos y utilizado el derecho penal para criminalizar a quienes luchan por la tierra para favorecer a empresas aceiteras, azucareras y sectores terratenientes”.
Las defensoras desplazadas son mayoritariamente de Honduras, donde pasaron de 19 en 2022 a 169 en 2023. Aunque los desplazamientos ocurrieron a lo interno del país, destacan que ocurrieron en contextos de desalojos.
Las integrantes de la red de mujeres campesinas Las Galileas o el grupo campesino Agua Blanca Sur, viven agresiones sistemáticas dirigidas a criminalizar la defensa de su derecho a la tierra. Además, “hostigamientos, amenazas, daños a la propiedad, campañas de desprestigio, divulgación de hechos falsos y detenciones arbitrarias por el supuesto delito de usurpación de tierra.
Nicaragua es el segundo país de la región donde ocurrieron mayores desplazamientos forzados: 69 en total en 2023, el año con “mayor cantidad de desplazamiento de defensoras desde el inicio de la represión guberbamental que inicio en 2018”.
A lo largo de 2023, se registraron 1,222 agresiones digitales en contra de defensoras y organizaciones o grupos de defensoras, lo que representa 20% del total de agresiones registradas.
“Las agresiones en el entorno digital son parte del continuum de violencias que viven las defensoras y, por lo general, se vinculan con otras agresiones en el ámbito físico”, señala IM-Defensoras en su informe.
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La mayor parte de estas agresiones fueron perpetradas contra defensoras de manera indivual (61.8%), y se destacan 159 agresiones vinculadas a la “divulgación de hechos falsos o manipulados que hacen referencia a defensoras o a organizaciones para provocar su desprestigio social”.
Por otro lado, 152 agresiones que involucran cuestionamientos y ponen en duda el liderazgo, credibilidad, profesionalidad o moral de las defensoras; 105 campañas de desprestigio; 102 hostigamientos por medios digitales; 90 casos de ciberacoso o ciberbulling; y 72 amenazas.
En El Salvador, donde existe un contexto de “control y vigilancia” desde el entorno digital por parte del gobierno de Nayib Bukele, identificaron que 78,7% de las agresiones contra defensoras se perpetraron a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico, sitio web o llamadas o mensajes al celular. “La mayor parte de estas agresiones tienen como objetivo la estigmatización del trabajo de defensa de derechos”, añaden.
Marzo, cuando se reportaron 800 agresiones, se convirtió en el mes más peligroso para las defensoras en la región.
“La mayor parte de las agresiones fueron perpetradas contra grupos de defensoras en acciones colectivas en el marco de las movilizaciones por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Destaca especialmente México, donde las agresiones en el mes de marzo representan 24% del total de agresiones perpetradas en 2023”, refiere la organización que defiende derechos de las mujeres.
Con respecto a 2022, IM-Defensoras identificó un incremento de 13% de agresiones, debido al aumento en las agresiones colectivas que pasaron de 2,683 a 3,828 en 2023. Las agresiones, particularmente, se triplicaron en Honduras.
