El número de femicidios no solo ha aumentado en Nicaragua, sino también la brutalidad y crueldad con la que son cometidos contra mujeres, niñas y adolescentes, indica una activista feminista que solicitó el anonimato por la persecución de la dictadura. La violencia extrema a la que son sometidas las mujeres es una consecuencia de la impunidad que gozan los agresores, la pasividad estatal ante la problemática, y el constante debilitamiento de las organizaciones de derechos de las mujeres que han sido claves para brindar protección integral a las víctimas de violencia, ya que la Policía nunca se ha encargado de esto, señala la feminista.

“Los femicidios y su violencia extrema son un indicador de cómo los niveles de violencia contra las mujeres se están excacerbando. Detrás de esto hay violencia de otros tipos que también marcan a las mujeres. Nosotras dentro de los registros que tenemos vemos que hay mujeres que están viviendo violencia psicológica, física, amenazas de muerte y vigilancia de parte de exparejas. Esto es una muestra de toda la situación que no está visible en el país. De un tiempo para acá se ha visto incrementada toda la violencia porque las mujeres y niñas están conviviendo con los agresores siempre”, señala la activista.

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Hasta la fecha, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) contabiliza ocho femicidios, siendo cuatro de ellos de la Costa Caribe, donde hay más ausencia estatal. La mayoría tienen un factor en común: fueron cometidos por exparejas y ocurrieron en la casa de las víctimas, lo que hace que sea el lugar más inseguro para las mujeres. Los femicidios en el país van desde el estrangulamiento, estocadas, golpes contundentes hasta la decapitación.

El último femicidio más escabroso fue la decapitación de Blanca Nubia Pérez, originaria de la Región Autónoma del Atlántico Sur, cuya cabeza no ha sido encontrada desde el 10 de febrero. Igual que el caso de Karla Estrada hace cinco años, quien también fue decapitada y su cabeza fue escondida por su pareja durante días.

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Demandamos justicia por Blanca y por las otras siete mujeres víctimas de femicidios en Nicaragua.

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La activista señala que esto es consecuencia directa de la falta de un marco jurídico fortalecido que proteja integralmente a las mujeres, ya que la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 779 “es inútil”. Aunado a esto, la complicidad de la Policía y las Comisarías de la Mujer y la Niñez al culpabilizar a las mujeres de la violencia, obligarlas a mediar y no brindarles medidas cautelares y precautelares, les permite a los agresores seguir ejerciendo la violencia machista, lo que termina en un femicidio.

“La Ley 779 está desmantelada y los agresores lo saben. Saben que si son denunciados el caso no va a proceder más allá de una mediación o saben directamente que no van a tomar la denuncia. Las mujeres están totalmente desprotegidas ante sus exparejas violentas. No tienen donde acudir porque las organizaciones están cerrando y no tienen los medios económicos para resguardarse físicamente. Ante cualquier crisis, la violencia machista siempre va a aumentar”, explica.

Lo que podría salvar a las mujeres

La especialista en género explica que para combatir la violencia machista lo principal es que las Comisarías de la Mujer cuenten con una ruta establecida de protección integral y que sea ejecutada cada vez que una mujer denuncie; que la Policía, como puerta principal de acceso a la justicia, destine recursos para que las mujeres puedan continuar con la denuncia, como medio de transporte, casas de seguridad y personal especializado para atender a la víctima tanto física como psicológicamente.

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También es importante campañas de prevención de la violencia desde diferentes sectores, que informe sobre cómo establecer la denuncia, los pasos a seguir y sobre todo que deje claro que la violencia denunciada no va a quedar impune, sino que los agresores van a enfrentar consecuencias.

Sin embargo, en el país ocurre todo lo contrario, y las Comisarías no tienen más queun objetivo político detrás que no es proteger a las víctimas de violencia. Mientras el sistema de atención y actuación de la Policía entorno a la violencia machista no cambie, la violencia extrema contra las mujeres, niñas y adolescentes va a continuar en aumento, advierte la activista.

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