Sancionar a funcionarios del régimen “es un paso que favorece la justicia”, sostiene la organización internacional Human Rights Watch, que pide a la Unión Europea sancionar “con urgencia” al dictador Ortega, Aminta Granera, Francisco Díaz, Ramón Avellán y otros mandos policiales. 

La Unión Europea (UE) y sus Estados miembros “deberían actuar con urgencia” aplicando el marco de sanciones que adoptó recientemente para imponer sanciones dirigidas contra el dictador Daniel Ortega y otros altos funcionarios responsables de graves violaciones de derechos humanos, señaló este martes la organización internacional Human Rights Watch.  

El pasado 14 de octubre los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea adoptaron un marco legal para la imposición de sanciones dirigidas contra personas y entidades responsables de violaciones de derechos humanos en Nicaragua, tras la brutal represión de las manifestaciones contra el régimen que empezaron en abril de 2018. 

“Ahora que la UE cuenta con el marco legal para sancionar a altos funcionarios nicaragüenses implicados en la brutal represión de opositores, debería actuar sin demoras prohibiéndoles el ingreso e inmovilizando activos de funcionarios clave que son responsables de gravísimos abusos”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. 

“La presión es crucial para prevenir más abusos y asegurar que se haga justicia por actos que constituyen graves delitos conforme al derecho internacional”, agregó. 

La represión de las protestas ha provocado al menos 328 muertos, así como miles de heridos y cientos de personas detenidas arbitrariamente. Muchos de los detenidos han sufrido torturas y otros maltratos – como descargas eléctricas, violentas golpizas, remoción de uñas, asfixia y violación sexual – cometidos por miembros de la Policía Orteguista, que en algunos casos actuaron en forma coordinada con bandas armadas partidarias del régimen.  

LISTA DE POSIBLES SANCIONADOS 

En una carta enviada en julio a la Alta Representante de la Unión Europea, Federica Mogherini y a los ministros de Relaciones Exteriores de la UE, Human Rights Watch instó a imponer sanciones dirigidas contra los siguientes siete altos funcionarios nicaragüenses: 

  • Daniel Ortega: jefe supremo de la Policía, que cuenta con amplias facultades, incluidas las de “disponer” de la policía a su arbitrio y destituir a jefes policiales cuando desobedezcan sus órdenes 
  • La general retirada Aminta Granera, exdirectora de la Policía, quien encabezó la fuerza hasta ser reemplazada por el general Francisco Díaz en septiembre de 2018; 
  • Francisco Díaz, director de la Policía, quien se cree ha ejercido un control significativo sobre esta fuerza, primero cuando fue subdirector y más tarde en su cargo actual, que empezó en septiembre de 2018 
  • El general Ramón Avellán, subdirector de la Policía, quien se desempeñó como máximo miembro de la Policía en Masaya, donde policías y bandas armadas partidarias del régimen reprimieron ferozmente a manifestantes 
  • El general Jaime Vanegas, inspector general de la Policía, quien conforme a la legislación de Nicaragua tiene la obligación de investigar presuntas violaciones de derechos cometidas por policías y de sancionar a los responsables 
  • El general Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ, también conocida como El Chipote), que fue el “principal lugar” donde las autoridades sometieron a violaciones aberrantes a personas que se manifestaron contra el régimen, según lo informado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oficina del ACNUDH) 
  • El general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), una unidad policial que tuvo un “papel central” en la represión en todo el país, según lo ha señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

Canadá y Estados Unidos ya han impuesto sanciones contra algunos funcionarios nicaragüenses, incluido el actual jefe de la Policía, el general Díaz. 

“La presión internacional ha sido clave para que el gobierno de Ortega liberara a cientos de detenidos entre mediados de marzo y mitad de junio de este año. Tras la aplicación de una ley de amnistía adoptada por el gobierno en junio, se retiraron los cargos contra algunas de estas personas”, recordó la organización a la Unión Europea para que sancione a funcionarios del régimen iniciado por el mismo Daniel Ortega. 

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La Lupa Nicaragua