El reparo fiscal que impuso el régimen, a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), en contra del Canal 12 de televisión, supera los 50 millones de córdobas y de no revertirse podría hacer “colapsar” a este medio de comunicación, señaló el abogado Tony López Argüello.

“Al canal y a don Mariano (Valle) se le han embargado más de 50 millones de córdobas (…) Se le están embargando prácticamente 30 millones más, de manera que es una medida realmente lesiva y una agresión económica”, manifestó el representante legal del medio de comunicación.

De no lograr frenar esa medida fiscal de la DGI, López Argüello advirtió que el canal podría “colapsar”.

«Económicamente (el canal) está paralizado, porque no tiene facilidades económicas de pagarle a sus empleados, de pagar los servicios. Si la autoridad judicial no permite que el medio de comunicación funcione, levantando alguna de las medidas, es lógico que el canal puede colapsar”, señaló.

Haciendo uso del derecho que le asiste, la empresa televisiva presentó en los tribunales de Managua un escrito de oposición a un juicio ejecutivo que entabló la DGI en contra de Nicavisión, la persona jurídica propietaria de Canal 12, una empresa fundada en 1994 por el matrimonio conformado por Nidia Fernanda Flores (q.e.p.d.) y Mariano Valle Peters.

Esperar decisión judicial

El pasado 11 de septiembre, el juez tercero de ejecución y embargo del municipio de Managua, Luden Martín Quiroz, llegó a las oficinas a realizar el embargo de los bienes del canal y de su administrador Mariano Valle Peters, según confirmó un día después la misma empresa.

El reparo fiscal se fundamenta en declaraciones del Impuesto sobre la Renta (IR) de los años 2011-2012 y 2012-2013 que supuestamente no fueron declarados a la institución.

“Nosotros presentamos una constancia de un contador público autorizado, que es un documento público, en el cual se certifica que todos los ingresos fueron declarados y que lo que la DGI está inventando no son ingresos son cuentas de pasivos, pagos de deudores, pero no son ventas, no le debe a la DGI”, mencionó López Argüello.

Según el abogado, en un procedimiento “sencillo”, el juez debe pronunciarse sobre el escrito presentado por el medio de comunicación y llamar a la DGI para que se pronuncie, para posteriormente convocar a una audiencia inicial donde se puede resolver el conflicto del reparo fiscal.

Medida causó rechazo

La medida del régimen en contra de este medio independiente causó un rechazo generalizado a nivel nacional e internacional.

La organización de PEN Internacional capítulo Nicaragua rechazó lo que denominaron “la confiscación de facto del Canal 12”.

Por su parte la Fundación Violeta Barrios de Chamorro también se pronunció por la medida que calificaron como “confiscación arbitraria”.

El director ejecutivo de Human Rights Watch acusó al régimen de Ortega y Murillo de utilizar “investigaciones fiscales infundadas” para amedrentar a los pocos medios de comunicación que quedan en el país.

«Se le han embargado bienes cuantiosos, muy por encima de lo que está reclamando la DGI, se le ha pedido a la juez que reconsidere la medida, que no haya un ataque económico que destruya una familia”, señaló López Argüello al salir de los tribunales.

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