Datos de la Secretaría de Educación de Honduras revelan que 8,729 niñas y adolescentes entre los 8 y 19 años tuvieron embarazos en los últimos ochos años. Al menos 900 de ellas tuvieron que abandonar sus estudios para dedicarse al cuido y la crianza de sus hijos e hijas.
Organizaciones de mujeres denuncian que la falta de derechos sexuales y reproductivos en el país son unas de las razones por las cuales existen cifras tan altas de embarazos infantiles y adolescentes. Según ellas, en Honduras existe un “retraso abismal” en esta materia comparado a los países de la región.
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“Honduras encabeza los embarazos infantiles y adolescentes desde hace años. Aunque hemos exigido al Estado atender esta problemática, no hemos conseguido políticas públicas integrales que la combatan. Aunque ya se han estado haciendo unos esfuerzos, vamos muy por detrás de los otros países”, dice Aris Cortez, activista feminista hondureña.
La diferencia es real. Honduras es el segundo país con la mayor tasa de embarazos adolescentes e infantiles en la región, tasa que se ha mantenido durante décadas, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
De acuerdo con informes de la organización, la tasa de embarazos adolescentes es de 89 por cada 1,000 niñas de entre 15 a 19 años, una gran diferencia con respecto al promedio de la región que es de 61 embarazos por cada 1,000 niñas y más del doble del promedio mundial.
La falta de educación sexual integral, planificación familiar y la violencia sexual son parte de las razones de la maternidad tempranas, de acuerdo con las activistas.
Aunque en marzo de este año el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente, todavía están pendientes los planes y fechas de aplicación de la ley en el sistema educativo hondureño para que sea efectiva.
La ley tiene contemplado prevenir los embarazos a temprana edad, la transmisión de enfermedades, la deserción escolar y la violencia sexual, pero mientras esta no se aplique en las mallas curriculares, las niñas, niños y adolescentes no contaran con información que les prevenga estas problemáticas.
“Estamos contentas por la aprobación de una ley de educación sexual, que la habíamos exigido desde años. Pero ante una situación tan grave como es el embarazo de miles de niñas y jóvenes, es urgente su aplicación inmediata”, señala Cortez.
El número de embarazos en menores de edad también aumentó después de 2009, cuando ocurrió el Golpe de Estado y se prohibió la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE). Si bien se volvió aprobar la PAE el 8 de marzo de este año, su uso libre y comercialización todavía tiene trabas.
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“Las jóvenes no pueden acceder a los anticonceptivos todavía. Existe un rechazo muy grande por la población contra el uso de la PAE, debido a la desinformación que el Estado ha estado realizado durante estos años. Y debido a la cantidad de violencia sexual que viven las niñas y adolescentes es necesario su uso”, sostiene la activista.
Una encuesta nacional realizado por el Estado hondureño reveló que las adolescentes y jóvenes son forzadas o coaccionadas para mantener relaciones sexuales, lo que conlleva a embarazos no deseados.
La deserción escolar es una de las principales consecuencias que enfrentan las niñas y adolescentes con sus embarazos, ya que deben dedicarse al cuidado de sus hijos e hijas, o deben de trabajar de manera informal para generar ingresos.
Los padres (de los cuales no figuran datos oficiales) son en su mayoría hombres muchos mayores que ellas, familiares, amistades de la familia o vecinos, aclara Cortez. Sin embargo, gran parte de ellos desaparecen y no se hacen cargo de los embarazos que generaron.
Actualmente en Honduras las niñas y adolescentes no reciben ningún tipo de apoyo gubernamental para enfrentar sus maternidades tempranas, por lo que ellas y sus familias deben de asumirlas solas.
En 2022 la pobreza del país alcanzaba al 52.4 por ciento de la población, mientras que la pobreza extrema a un 1.3 por ciento, de acuerdo con datos del Banco Mundial. Las mujeres, niñas y adolescentes son al menos la mitad de la población afectada.
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“Todo esto genera un ciclo de pobreza para las niñas y las jóvenes. No pueden terminar sus estudios, así que consiguen trabajos mal remunerados y en condición de explotación. No pueden darle más oportunidades a sus hijas y ellas van a repetir el patrón si no hay un Estado que actúe a tiempo”, indica Cortez.
El UNFPA calcula que en 2021 se produjeron medio millón de partos de niñas de 10 a 14 años. “Una cifra desorbitada desde cualquier perspectiva”, según la organización.
Únicamente América Latina y El Caribe junto con África Subsahariana son las regiones a nivel mundial que han logrado menos avances en la reducción de maternidad infantil y adolescente.
