Una de cada cuatro mujeres jóvenes en América Latina y el Caribe contrajo matrimonio por primera vez o mantenía una unión temprana antes de cumplir los 18 años, según Unicef
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Veintidós países de América Latina y el Caribe aún tienen leyes que permiten las uniones y matrimonios tempranos y forzados antes de los 18 años, una realidad que afecta a millones de niñas y adolescentes en la región, que se ha normalizado y que prácticamente no ha variado en los últimos veinticinco años.
Así lo ha detectado el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará de la Organización de Estados Americanos (OEA), que en un reciente informe sobre matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas señala que la situación persiste entre la indiferencia y la intolerancia de los Estados, pues el tema no es parte de la agenda pública.
“América Latina y el Caribe se caracteriza por tener una mayor prevalencia de uniones informales, que son equivalentes al matrimonio en términos del impacto en las vidas de las niñas y adolescentes”, afirma el organismo.
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Según cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), una de cada cuatro mujeres jóvenes en América Latina y el Caribe contrajo matrimonio por primera vez o mantenía una unión temprana antes de cumplir los 18 años. Y la mayoría de las que contrajeron matrimonio durante su niñez fueron madres antes de cumplir la mayoría de edad.
Esta realidad impacta de manera diferenciada en las niñas y adolescentes, especialmente en las que pertenecen a grupos de población de ingresos medios y bajos o de un determinado grupo étnico. Las niñas que pertenecen a hogares en situación de pobreza, dice el informe, son especialmente vulnerables a sufrir violencia de género y, específicamente, abuso y violencia sexual derivado de los roles de adultas que deben asumir de forma temprana.
Las cifras de Unicef señalan que el 25 % de las mujeres de la región había contraído matrimonio por primera vez o mantenía una unión temprana antes de haber cumplido los 18 años, lo cual es superior a la tasa mundial de prevalencia de los matrimonios infantiles, que es de 21 %.
De acuerdo con el Atlas Interactivo de Girls Not Brides, para 2020, Brasil y México se encontraban dentro de la lista de los veinte países con el mayor número absoluto de matrimonios infantiles, ocupando el quinto y octavo lugar, respectivamente.
“Los datos disponibles, sin embargo, son una mera aproximación a la verdadera dimensión del problema. Múltiples agencias y organizaciones internacionales han subrayado la falta de datos oficiales que permitan conocer a cabalidad las características que adopta este fenómeno a lo largo de la región, siendo probable que se esté subestimando”, dicen las expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi).
Pese a avances normativos internacionales, en el 63 % de los países de la región existen excepciones para contraer matrimonio antes de los 18 años. En algunos lugares, la edad mínima puede llegar hasta los 13 años si se cuenta con autorización judicial y permiso de los progenitores.
Sin embargo, un análisis a esa legislación ha permitido identificar que en la región estas excepciones a la edad mínima se prevén casi en su totalidad de forma imprecisa en casos en los que los progenitores o una autoridad judicial otorgan su consentimiento al matrimonio de una persona menor de edad, y suelen ser justificadas ante eventos como el embarazo infantil, la iniciación de la actividad sexual de una niña o adolescente o prácticas tradicionales en ciertas comunidades.
Muchas de estas uniones, en las que las edades de las niñas pueden llegar a los 8 años, también se realizan en la informalidad, lo que hace mucho más difícil su control.
El Comité de Expertas del Mesecvi subraya la obligación que tienen los Estados Parte de la convención de fijar en la ley la mayoría de edad como la edad mínima para contraer matrimonio.
El informe señala que los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas tienen impactos en la integridad física y psicológica de las niñas y adolescentes. Además, limitan su autonomía para tomar decisiones, conllevan restricciones de tiempo ante la gran carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y obstaculizan su acceso a oportunidades y recursos.
También las aíslan de la escuela y de sus amistades y obstaculizan su independencia y el desarrollo.
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“Los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas afecta también a las familias que se crean en su seno, pues la falta de autonomía y la violencia que sufren las niñas y adolescentes que ingresan a esta práctica afecta profundamente la crianza de sus hijos e hijas. Además, estas prácticas nocivas tienen consecuencias sociales que van más allá de las propias niñas y sus familias, resultando en costos económicos altísimos que afectan el desarrollo de los países”, se detalla en el informe.
El Banco Mundial, por ejemplo, ha calculado que tan solo en los 12 países en los que es frecuente el matrimonio infantil, la pérdida de capital humano será de 63 millones de dólares entre 2017 y 2030. Así, de acuerdo con un estudio del Unicef en República Dominicana, la eliminación del matrimonio y uniones tempranas podría haber reducido la pobreza a nivel nacional del 30,5 % al 27,7 %; y del 41 % al 32,1 % en los hogares donde las mujeres se casaron en edad temprana.
Otra de las consecuencias es el embarazo infantil o adolescente. Reportes en el tema indican que el 17 % de las mujeres de 20 a 24 años que han estado casadas o unidas antes de los 18 años, dieron a luz a tres o más bebés vivos, porcentaje que se reduce a 4 % entre quienes se casaron o unieron a una edad posterior. En México, por ejemplo, 50,7 % de las mujeres de 15 a 17 años unidas en 2015 habían tenido al menos una hija o hijo nacido vivo, cifra que se reducía a 1.3 % entre las mujeres solteras de la misma edad.
El Comité de Expertas del Mesecvi afirma que esta realidad debe abordarse desde un enfoque multisectorial, multidimensional y multicausal. Un camino que empieza por modificar las legislaciones pero también por impulsar estudios técnicos y recolección de datos e información estadística que sirvan de base para programas y políticas públicas.
“Las estrategias frente al matrimonio infantil deben ser integrales y estar conectadas con las áreas de prevención del embarazo adolescente, igualdad de género, prevención de la violencia sexual y el maltrato infantil, empoderamiento económico, acceso a la educación y los derechos sexuales y reproductivos”, enfatizan.
