Desde que Daniel Ortega volvió al poder ha incrementado hasta en 259.7 por ciento la partida para pago de salarios en Presidencia. Con una administración que no admite rendición de cuentas ni fiscalización, el millonario incremento da lugar a dos hipótesis: Ortega premió a sus allegados o convirtió a Presidencia en una dependencia supernumeraria.

El 9 de febrero del año 2007, un mes después de asumir la presidencia, Daniel Ortega anunciaba un plan de austeridad que incluía, entre otras cosas, reducir el salario de los altos funcionarios. Sin embargo, las cuentas de Presidencia hacen sospechar que la medida no habría alcanzado a sus colaboradores directos, según el análisis comparativo del Presupuesto General de la República de los doce años de administración sandinista.

Durante sus tres periodos presidenciales, Ortega ha aumentado hasta en un 259.7 por ciento el presupuesto de Presidencia para el pago de salarios, sin rendir cuentas del destino de esos fondos, dado que no se detalla la cantidad de empleados de Presidencia, ni qué funciones ejercen.

Al expresidente Enrique Bolaños, quien traspasó el mando al líder sandinista, le resulta excesivo el aumento para pago de remuneraciones en Presidencia, ya que durante toda su gestión este solo incrementó en un 9.1 por ciento. Subraya que el estilo de administración de Ortega siempre ha sido turbio y, por tanto, ha dado “poco seguimiento a lo de ahora”.

Explicó que de los fondos de Presidencia se cubría la planilla de las 17 delegaciones de gobierno que existen en las cabeceras departamentales, y donde trabajan es entre 10 y 12 personas. Además se cubre el pago de los delegados ministeriales, que en teoría serían 17. Directamente en la oficina presidencial con Bolaños trabajaba un personal muy “pequeño como de quince a veinte personas”

“Hay que esperar que termine (el gobierno), buscar los datos y tratar (de investigar), si no destruyen todos los papeles como la vez pasada (1980-1990), para ver qué es lo que hicieron o dejaron de hacer. Ese esfuerzo mucha gente lo está tratando de hacer, pero no pueden dar `Pie con bola´. Es secretismo”, sostiene Bolaños al recordar que para entregar el poder a Violeta Barrios de Chamorro, en 1990 los sandinistas “tuvieron que encender el horno del Banco Central que se usa para destruir billetes que están malos, que están vencidos, ahí pasaron noches quemando papeles de los 11 años que estuvieron gobernando, es decir, estadísticamente es bien difícil, se han hecho esfuerzos, yo hice esfuerzo para averiguar y sacar estadísticas, pero no existen”.

Bolaños insiste en que es muy complejo seguirle la pista a la administración orteguista porque impera una política de secretismo, el misterio en la Cosa Pública y una “tremenda corrupción”.

HISTORIAL DE INCREMENTOS PARA SALARIOS   

En 2007, Presidencia recibió para pago de planilla C$46,305,138 del Presupuesto General de la República y al cabo de cinco años —el primer mandato de Daniel Ortega— la asignación aumentó hasta C$63,846,831, lo que revela que en el plan de regular y disminuir el salario de los altos cargos así como de reducir el supernumerario en el Estado, no se incluyó a los empleados de El Carmen, la casa familiar de los Ortega-Murillo, donde también opera la Secretaría del FSLN y desde donde él dispuso despachar sin que se conozca cómo se hace la segmentación de gastos operativos, si es que se hiciera.

Pese a que públicamente Ortega habló de hacer uso racional de los fondos provenientes del erario, su gestión en Presidencia evidencia aumentos que su antecesor, el liberal Enrique Bolaños, califica de excesivos.

En 2012, para el segundo y ampliamente cuestionado mandato de Ortega, los fondos de la planilla presidencial se elevaron en C$4,818,433, al pasar a C$ 68,665,264, según consta en el Presupuesto General de la República correspondiente.

No obstante, fue a partir del año 2014 cuando el Ejecutivo inició una escalada sustancial en el presupuesto para remunerar a su equipo permanente, asignando un total de C$95,429,652, es decir, C$20,869,590 respecto a 2013. Todo manejado a discrecionalidad.

El salto salarial en ese año fue de 27.99 por ciento, muy por encima del 5 por ciento que se aplica anualmente a los trabajadores del Estado con sueldos menores a C$20,000, y que apenas cubre el deslizamiento del córdoba respecto al dólar.

PRESUPUESTO ABULTADO

Llegado el 2014 la Asamblea Nacional continuó dando el visto bueno a la demanda de más dinero para cubrir la plantilla de Presidencia, aprobando entonces C$95,429,652, cuando el año anterior esa partida había recibido C$74,560,062 adicionales.

Al año siguiente, Ortega demandó 16.7 por ciento más en la asignación salarial, con lo que llevó a C$111,425,424 la partida para honorarios.

En 2016 la escala fue de un 30.8 por ciento, que se tradujo en C$145,835,808. En la práctica eso representó un desembolso de C$34,410,384 más que en 2015.

Para 2017 y 2018, con su mujer Rosario Murillo «legalmente” reconocida como la segunda al mando del Gobierno, la demanda de ajustes para cubrir la planilla de trabajadores fijos de Presidencia siguió por el orden de 9.45 y 13.45 por ciento, respectivamente.

Esto significó un traslado a las arcas de Presidencia de C$159,617,362 en 2017 y de C$181,087,886 en 2018, es decir C$21,470,524 de un año al otro.

FRENADO POR CRISIS

Solo en 2019, a raíz del estallido social de abril al que el régimen Ortega-Murillo respondió con fuerza letal y que devino en la reducción de la cooperación internacional y otras fuentes de financiamiento, Presidencia se vio obligada a desacelerar los requerimientos de más recursos financieros para recompensar a sus trabajadores.  

El presupuesto para pago de sueldos es 17.6 por ciento menor que en 2018, como resultado de la crisis sociopolítica.

En general, este año el Presupuesto General de la República tiene un déficit fiscal de C$10,263,476,076 equivalentes a US$318,3 millones, que corresponden a fondos provenientes de donaciones externas, desembolsos de préstamos externos y financiamiento interno.

A raíz de la crisis, Holanda suspendió la ayuda económica estimada en 18 millones de euros, para la construcción del hospital regional en la Costa Caribe. Esa misma decisión la adoptó Luxemburgo, argumentando que ETB Nicaragua no existen las condiciones de “respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos”.

ECONOMÍA A LA BAJA

El Informe de Coyuntura Económica a mayo 2019 de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) revela que la economía nicaragüense se contrajo en un 5.2 por ciento en los últimos 10 meses, provocando una inflación acumulada de 2.8 por ciento y una inflación interanual de 5.8 por ciento.

Asimismo, estima una tasa de desempleo de entre los 66,000 y los 98,000 trabajadores, provocando un incremento de hasta un 32 por ciento de personas en situación de pobreza, con una inflación de hasta 7.9% en el 2019.

Pero pese a esta compleja situación económica para la administración Ortega-Murillo Presidencia apenas redujo en un 8 por ciento el presupuesto para salario de sus cargos permanentes, al aprobar C$166,569,797, pero superior en un 4.3 puntos porcentuales respecto a lo proyectado en el 2017.

El economista Luis Murillo encuentra “exagerado” el incremento de 259.7 por ciento para pago de salarios en Presidencia registrado entre 2007 y  2019. “El promedio en un quinquenio sería de entre 8 y 10 por ciento”, indica.

Murillo dice que el caso de Nicaragua es serio, porque desde el año 2012 varios economistas alertaron que la situación económica no era la más adecuada y ya había malestar popular, por lo que el régimen aumentó las partidas presupuestarias de instituciones claves.

“Eso lo percibió el gobierno y comenzó a provisionarse y a buscar mayor cantidad de recursos para la Presidencia y otras instituciones de seguridad pública”, apunta.

“La estrategia de este gobierno es de carácter centralista, es resolver la mayor parte de problemas desde la Presidencia y esto significa una determinada cantidad de recursos”, agrega.

El economista también menciona que desde que Ortega llegó al poder, varias instituciones públicas desviaron fondos hacia la Presidencia de la República, es decir, “estamos de cara a un proceso donde la economía está pasando una crisis, pero la Presidencia se está asegurando mayores cantidades recursos, eso se está haciendo desde 2012”.

El experto explica que “un incremento razonable del presupuesto de la Presidencia en una década es de 10 por ciento, y un aumento de 250 por ciento es exagerado. Ortega preparó fondos para la Presidencia desde 2012, sabía que en cualquier momento se le vendría una crisis, pero no contaba que fuera como la que estamos viviendo”.

PLAN DE AUSTERIDAD EN DISCURSO

Con un mes en la Presidencia, Daniel Ortega anunció una reforma al Presupuesto General de la República “heredado” de su antecesor Enrique Bolaños por considerarlo “excesivo”, y aprobó a través del decreto 19/2007 una nueva tabla salarial para los altos cargos estatales, pese a despertar molestias y desconfianza, porque esto implicaba controlar los salarios de los diferentes poderes del Estado.

Ortega llegó a revelar su intención de eliminar las pensiones vitalicias que se otorgan a los expresidentes del país, y trasladar esos recursos en su plan de lucha para la erradicación de la pobreza que en ese momento era del 48.3 por ciento y que 12 años después oscila entre 29.9 a 32 por ciento, según el Informe Coyuntura de Nicaragua mayo 2019 realizado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo  Económico y Social (Funides).

Además, contempló una disminución del 10 por ciento para los cargos públicos con salarios iguales o superiores a los C$50,000 y aprobó el ajuste salarial anual del 5 por ciento para los trabajadores del Estado que devengaran salarios menores a C$20,000.

Producto de este decreto, Ortega ordenó que el presupuesto para salarios en Presidencia pasara de 71, 465,000 a 47,553,000, entre empleados permanentes y transitorios. Sin embargo, según consta en los libros presupuestarios la medida no se mantuvo en El Carmen.

Actualmente, en Nicaragua la población vulnerable sobrevive con menos de dos dólares al día y con salarios mínimos, en el caso de los trabajadores del Estado de C$5,208 cuando el precio real de la canasta básica se estima en C$13,780.79, según el Banco Central de Nicaragua.


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La Lupa Nicaragua