Los femicidios en grado de frustración en Nicaragua aumentan en las “sombras”, dice la defensora “Elena” para explicar el ritmo acelerado de la violencia machista, que en 2023, dejó 74 femicidios, mientras se registran más de 300 femicidios frustrados, según datos estimados por la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir.
“Elena” insiste en señalar la resistencia de las víctimas por la defensa de sus vidas. Si esas mujeres no hubieran luchado, lamentablemente, actualmente se contarían como estadísticas de femicidios, subraya. Las historias de estas mujeres no llegan ni siquiera a los datos oficiales de la Policía porque no reconoce los femicidios frustrados. Tampoco lo hace con los femicidios porque en su mayoría los tipifica con otros delitos.
“Menos que ellos -la Policía y el Gobierno- hablen de los femicidios frustrados porque no les importa la atrocidad en la que residen las mujeres al lado de los agresores”, expresó “Elena”.
Según datos de Católicas, citados por medios independientes, en 2018 ocurrieron 50 femicidios frustrados, 62 en 2019; 115 en 2020; 140 en 2021; 220 en 2022 y la cifra exacta de 2023 aún está en revisión, pero aseguran es mayor a 300 casos.
La invisibilización de los femicidios frustrados pasa por el actuar de las autoridades nacionales y las leyes nicaragüenses, que no especifican el hecho como un delito, por ende no se sienten presionados a hacerlo y tampoco existe acompañamiento a la víctima, señala “Carmen”, otra defensora. Eso demuestra, una vez más, que no existe voluntad para reconocer los femicidios y los que quedan en grado de frustración.
Al darse un asesinato de una mujer por la violencia machista, se deja de lado a las sobrevivientes, dice “Elena”.
La mayoría de femicidios frustrados son mujeres jóvenes, entre 20 a 30 años, confirma “Elena”, denunciando que esa falta de visibilización de casos impide que se conozcan mayores detalles de las víctimas y la situación que enfrentan en sus hogares. Desde su trabajo como defensora de derechos de las mujeres, distingue tres factores que inciden en esta tendencia de más casos de femicidios en grado de frustración.
Imposibilidad de poner denuncia contra el agresor: Aunque en Nicaragua existen 291 Comisaría de la Mujer, en la práctica, son oficinas que no operan en pro de la impartición de justicia. No cuentan con personal cualificado, no hay acompañamiento a la víctima, y tampoco están interesadas en promover la prevención de los femicidios. Su objetivo es más propagandístico, han señalado en diversas ocasiones las defensoras.
El indulto de presos comunes por parte del régimen orteguista: Desde 2018, cuando iniciaron las protestas cívicas y la dictadura las reprimió a sangre y fuego, hasta 2022, el régimen orteguista ha liberado a más de 20 000 presos comunes, según las notas de prensa del Sistema Penitenciario Nacional. La dictadura les otorgó a los presos comunes el beneficio de convivencia familiar, sin que se conozca, si todos los casos cumplieron con los requisitos de ley. La decisión del cambio de medida cautelar la toma la jueza o el juez de ejecución y vigilancia penitenciaria. Este debe convocar a las partes procesales a una audiencia especial, incluyendo a la víctima del delito, quien deberá ser escuchada antes de tomar cualquier decisión, así lo establece el artículo 39 de la Ley 745, Ley de Ejecución, Beneficios y Control Jurisdiccional de la Sanción Penal. “Recibida la documentación penitenciaria se convocará audiencia a las partes para que expresen lo que tengan a bien, resolviendo el juez en el plazo de cinco días”, indica la ley.
Las organizaciones feministas han denunciado que el régimen perdonó sentencias de prisión a violadores, femicidas, agresores, que al salir de prisión ponen en mayor riesgo a la víctima, sujetas a represalias por parte de estos hombres.
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La mediación: Las mujeres no se “sienten amparadas o apoyadas por la autoridad para que haya justicia”, sino más bien, ofrecen la mediación como el vehículo rápido para salir del problema con el agresor, pese a que expertas en género, han señalado que una víctima no puede mediar con su verdugo.
En las comisarías las policías les dice que el proceso judicial “va a tardar mucho”, que requiere testigos, que debe presentar pruebas de todo lo que contó, que lo mejor es la mediación.
Todo esto sumado a la impunidad existente en Nicaragua, señala “Carmen” vulnera aún más a las mujeres, que saben que acceder a la justicia no es un camino fácil y por eso, muchas optan por no denunciar y resistir. “El Estado tiene desprecio hacia las mujeres porque es un Estado patriarcal, machista”, finalizó “Elena”.
