La primera mujer liberada fue en 2009 y pasaron 14 años para que la última de las 73 mujeres criminalizadas consiguiera su libertad a finales de 2023
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La libertad de Lilian, condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado después que su hija recién nacida muriera en un hospital en El Salvador, supone un logro enorme para la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Ella es la última de una lista de 73 mujeres condenadas por la justicia salvadoreña por emergencias obstétricas o aborto.
Morena Herrera, es la presidenta de la Agrupación que inició la labor titánica de luchar por los derechos de las mujeres criminalizadas en 2006, un compromiso duro en América Latina, pero aún más, en El Salvador, uno de los países más restrictivos en el hemisferio en materia de derechos reproductivos. Cometer un aborto se castiga con hasta doce años de cárcel, que fácilmente, podría ampliarse a 50 años si el delito es tipificado como homicidio. Lilian tenía una pena de 30 años por homicidio agravado.
Que las mujeres puedan salir de prisión, explica Herrera, es una posibilidad para que reconstruyan sus proyectos de vida y reencontrarse con familiares, pero tampoco todo es fácil, admite. Muchas “enfrentan el estigma de haber estado en la cárcel, y de ser señaladas como madres asesinas, pero es una oportunidad de rehacer la vida, enfrentando estas otras dificultades”, expresa.
La Agrupación estudió diferentes vías legales para lograr que las 73 mujeres recuperaran su libertad. Los casos y condiciones jurídicas eran diferentes. Sin embargo, la primera mujer salió de prisión en 2009. Luego, en 2014, iniciaron la campaña “Nos faltan las 17”, que visibilizaba los casos de 17 mujeres que cumplían con los requisitos para salir de prisión a través de indultos, pero no eran las únicas mujeres criminalizadas.
De tal forma, que buscaron nuevas medidas jurídicas para lograr la libertad de las 73, y lo lograron a través de revisión de sentencia- que implica el reconocimiento de un error judicial por parte del tribunal que condenó a la mujer-, la conmutación de pena, indultos y la aplicación de beneficios penitenciarios.
“Para nosotras como organización es una satisfacción haber logrado la libertad de estas mujeres y queremos que ninguna más vaya a la cárcel. Tenemos un desafío, que se deje de criminalizar a las mujeres por emergencias obstétricas”, expresó Herrera.
Manuela murió en la cárcel, con una condena de 30 años de prisión acusada de aborto, cuando en realidad, sufrió uno espontáneo, producto del cáncer linfático que la mató dos años más tarde de haber sido sentenciada. Ella era la número 74. Su muerte no quedó impune. En 2021 una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado salvadoreño de su deceso.
Esa sentencia también obligó al país a crear un protocolo hospitalario para el tratamiento de las mujeres que acuden con emergencias obstétricas y que no sean criminalizadas. También ordenó crear un protocolo de garantía del secreto profesional médico y del derecho a la privacidad de los pacientes. El Ministerio de Salud los diseñó, pero solamente están en papel. No se han divulgado y tampoco se aplican, cuestiona Herrera.
La sentencia emitida el 29 de noviembre, señala al Estado de El Salvador de haber violado el derecho a la vida, a la salud, a las garantías judiciales, a la protección judicial; y al principio de igualdad y no discriminación, ya que a lo largo del proceso penal hubo estereotipos de género que impactaron en la condena de Manuela.
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“Hay un camino señalado en El Salvador para que dejen de criminalizar a las mujeres, pero falta que el Estado lo emprenda. Hemos logrado que se reconozca que la criminalización de mujeres por emergencias obstétricas es una violación de derechos humanos existente en el país, y la Corte Interamericana, además reconoció que esa criminalización ocurre en el contexto de penalización absoluta del aborto, y ese reconocimiento también es importante”, expresó Herrera, una destacada defensora salvadoreña.
Mientras “Sara” lavaba ropa para ganarse la vida y seguir estudiando sufrió un accidente y quedó inconsciente. Perdió a su bebé a sus 18 años. Despertó en el hospital, privada de su libertad y sin noticias de su hija. Fue acusada injustamente de “homicidio” y condenada a más de 30 años de prisión en un juicio sin garantías procesales.
“Fue algo muy difícil porque me di cuenta de tantas cosas estando ahí presa. Para mí, me robaron mucho mis sueños; tanto como de poder saber a dónde estaba mi hija; para terminar mi estudio; de estar lejos de mis papás porque nunca me había separado de ellos, de mis hermanos”. Sara salió del penal en 2022, se lee en la página web de la organización, donde se publicó parte de su historia.
Imelda fue condenada a más de 20 años de prisión a causa de un parto extrahospitalario. No era consciente de su embarazo porque su abuelo, quien la violaba, la había convencido con violencia y miedo que él no podía tener hijos.
Dio a luz en la letrina de su casa sin saberlo. Ella perdió el conocimiento y cuando se recuperó fue condenada a más de 20 años de prisión por intento de homicidio. Imelda recuperó su libertad en 2018. Actualmente no hay ninguna mujer en las bartolinas salvadoreñas por emergencias obstétricas, dice Herrera. Sin embargo, hay once casos que enfrentan acusaciones de ese tipo, pero en libertad condicional.
