El Gobierno de los Estados Unidos informó, a través de un comunicado publicado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que ha girado sanciones contra la Policía Nacional y tres de sus funcionarios por cometer actos violatorios de los derechos humanos en Nicaragua.
En el comunicado se especifica que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió la “´Licencia General N.1 de “Asuntos Oficiales del Gobierno de los Estados Unidos´ y la Licencia General N.2 ´relacionada con Nicaragua que autoriza la liquidación de las transacciones que involucran a la Policía Nacional de Nicaragua´”.
Las sanciones que designó Estados Unidos a la Policía fueron por su “responsabilidad o complicidad” en “graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua.
Además, señala la institución como “responsable de ordenar, controlar o de otra manera dirigir, o haber participado a sabiendas, directa o indirectamente, de actos significativos de violencia o conducta, que constituyen un abuso grave o violación de los derechos humanos, contra personas asociadas con las protestas en Nicaragua que comenzaron el 18 de abril de 2018”.
Entre todos los actos violatorios de los derechos -mencionados por el Gobierno estadounidense- en la resolución de sanciones para la Policía Nacional resaltan: los secuestros y ejecuciones selectivas de líderes políticos de la oposición; dirigir o tener grupos paramilitares voluntario que a menudo se compone de oficiales de la Policía vestidos de civil; ejecutar la «Operación Limpieza» para tomar medidas enérgicas contra los manifestantes y desmantelar las barricadas de las carreteras, dejando como resultado un aproximado de 100 muertes.
El Gobierno estadounidense apunta también que la Policía orteguista también es responsable del “uso de munición real contra manifestantes pacíficos y de participar en escuadrones de la muerte, así como de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros”.
LOS FUNCIONARIOS SANCIONADOS
La OFAC también procedió a agregar a lista de “nacionales especialmente designados y personas bloqueadas” a los comisionados: Luis Alberto Pérez Olivas, Juan Valle Valle y Justo Pastor Urbina.
Olivas -según el Departamento del Tesoro- fue designado por “ser o haber servido como funcionario del Gobierno de Nicaragua y por ser un líder de una entidad que ha participado o cuyos miembros han participado en actos humanos graves. abuso de derechos en Nicaragua y por dirigir El Chipote, lugar conocido por prácticas abusivas donde las organizaciones de derechos humanos han registrado graves abusos contra los derechos humanos desde abril de 2018. Ha habido denuncias de tortura, violación, electrocución, laceraciones con alambre de púas, estrangulamiento y palizas con tubos de acero”.
El Gobierno de Estados Unidos también explicó que el comisionado fue parte -según un testimonio de un manifestante que estuvo encerrado en El Chipote- de tortura y coacción para obligarlo a “filmar una confesión que implica a otros manifestantes”.
Otro de los nuevos sancionados, también señalado de dirigir operativos en los que se vulnera los derechos de los nicaragüenses, es el comisionado general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE).
Justo Pastor Urbina fue designado por dirigir -desde la División de Operaciones Especiales de la Policía- “por ser un líder en una entidad que ha cometido o cuyos miembros han cometido actos de violencia o conducta significativos que constituyen un abuso o violación grave de los derechos humanos… y por continuar desempeñando un papel central en la represión en todo el país”.
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El comisionado general Juan Antonio Valle Valle, Jefe del Departamento de Vigilancia y Patrullaje de la Policía orteguista, y a quien siempre se le ve en los operativos dirigidos contra opositores que protestan en rechazo a la dictadura en Managua, fue sancionado por haber “cometido actos de violencia o conducta significativos que constituyen un abuso o violación grave de los derechos humanos… y restringir sistemáticamente la libertad de movimiento y expresión de los nicaragüenses que viven en Managua”.
BLOQUEO TOTAL
Las sanciones extendidas por Estados Unidos incluyen regulaciones de la OFAC que, generalmente, prohíben todos los tratos por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.
A la vez, con estas nuevas sanciones, la OFAC emitió dos licencias generales con las que autoriza “la liquidación de las transacciones que involucran” a la Policía de Nicaragua, incluyendo el procesamiento de pagos salariales de sus empleados.
ALERTA
La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua emitió una alerta para su personal que se encuentra en suelo nicaragüense.
«El personal de la embajada no tiene permitido viajar fuera de Managua» en un lapso de 72 horas. Además, se informó a los visitantes temporales que requerirán «un permiso especial para viajar fuera de sus vecindarios residenciales y hoteles».
El Gobierno estadounidense recordó a sus ciudadanos que «manifestaciones pueden ocurrir en Managua o en cualquier otro lugar de Nicaragua con poca o ninguna notificación», por lo que los invitó a controlar «los medios locales para obtener actualizaciones y recuerde que la violencia puede estallar en cualquier manifestación».
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