La Resolución 1325 sobre la participación de las mujeres en la superación y solución de conflictos, aprobada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el 2000, tiene más de dos décadas de haber entrado en vigor y ser parte de las obligaciones de los Estados miembros del organismo, sin embargo, en países como Nicaragua siguen sin tener “mucha resonancia”, afirmó Elvira Cuadra, socióloga, investigadora y directora del Centros de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), durante un conversatorio que sostuvo con mujeres expertas en temas de paz y resolución de conflictos.

“En nuestro país la Resolución 1325 no ha tenido mucha resonancia a pesar que es un instrumento fundamental desde el 2000, desde que fue aprobada, sobre todo para sociedad en situación de conflicto o en sociedades posconflicto. En Nicaragua se decidió cerrar el periodo de posconflicto muy tempranamente y no se desarrolló ningún plan ni de reinserción de combatientes y mucho menos uno específico que ayudará  a la participación de las mujeres”, indicó.

El instrumento aprobado en el Consejo de Seguridad de ONU tuvo el apoyo de los 192 Estados miembros de ese organismo en el 2000, destacando en este la importancia de la participación de las mujeres, la inclusión de la perspectiva de género en las negociaciones y consolidación de la paz en las situaciones posteriores a un conflicto y la gobernanza, dejando de lado la imagen que se les impuso a las mujeres como víctimas y pasando a reconocerlas como participantes activas.

Además, reconoce la importancia de conocer y entender las repercusiones de los conflictos armados sobre las mujeres y las niñas, resaltando la urgencia de garantizar su protección y su plena participación en los acuerdos de paz. 

Luego de 22 años de la aprobación de la Resolución 1325, en Nicaragua no se ha mostrado un verdadero interés en la implementación de dicho instrumento. Sin embargo, resaltó Cuadra, en el país los movimientos de mujeres han permanecido y son los más activos, dinámicos y tienen una larga tradición de lucha referente al tema de los derechos de las mujeres, la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia.

Además, destacó que actualmente la Resolución 1325 adquiere una “significación especial” porque aunque el país no está en una situación de conflicto abierto, está en un contexto en el que hay un altísimo nivel de violencia, sobre todo por el Estado de manera directa, premeditada, en una política de represión dirigida contra las mujeres, teniendo que ver directamente con la participación activa que tuvieron las mujeres en el estallido social de 2018”.

“La violencia política contra las mujeres se ha exacerbado en Nicaragua. Quince mujeres fueron asesinadas en el contexto de 2018, más de 340 mujeres fueron encarceladas en un periodo de dos años y, actualmente, más de 21 mujeres están encarceladas o enjuiciadas por sencillamente oponerse al poder y a la violencia en general”, denunció.

Aplicación de la Resolución 1325 en Guatemala y Colombia 

Rosa María Wantlan, experta en Derecho, Género y temas de paz y resolución de conflictos, explicó que en Guatemala sí se han dado esfuerzos, apoyados por instituciones estatales, pero mayormente impulsados por la sociedad civil, en cuanto a la aplicación de la Resolución 1325, teniendo como resultado un plan en el que se incluyen propuestas sobre derechos de mujeres, la vida cotidiana de estas y la urgencia del acceso a la justicia.

Sin embargo, afirmó, en ese país “hay una situación política muy difícil en la cual ha habido en los últimos cuatro años un retroceso acelerado de la institucionalidad y del respeto y reconocimiento de los derechos de las mujeres, entonces, cada día hay que estar luchando por preservar lo que se ha logrado o alcanzado”.

“Entonces, sí tenemos un plan y sí tiene que ver con los derechos y la vida cotidiana de las mujeres porque seguimos planteando que esta es una sociedad posconflicto donde hay efectos terribles de la violencia que sufrieron las mujeres, pero, también tenemos logros en base al trabajo de las mujeres sobre todo en la lucha por el acceso a una justicia, se ha reconocido por primera vez en un tribunal nacional la condena de los responsables por el delito de esclavitud sexual y doméstica”, apuntó.

Girlandrey Sandoval, historiadora, máster en psicología y activista de derechos mujeres campesinas, también mencionó que en Colombia se han dado ciertos esfuerzos por acoger o aplicar la Resolución 1325, sobre todo para los acuerdos de paz que se han dado en ese país y en la estrategia de reincorporación con enfoque de género para las mujeres excombatientes, aunque, resaltó, al ser parte de estos procesos las mujeres también se encuentran con un contexto de vulnerabilidad de sus derechos.

El Consejo de Seguridad de la ONU valoró, tras la primera década de vigor de la Resolución 1325, que pese a que en muchos estados seguían sin implementar el instrumento, en otros existía “un mayor compromiso y más iniciativas para asegurar el logro de los objetivos de la resolución”.

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