Una fuerte condena internacional recibió el régimen de Daniel Ortega tras la represión ejercida por sus turbas el pasado martes contra periodistas en la Catedral Metropolitana de Managua.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las continuas y recientes agresiones contra los periodistas en Nicaragua, al mismo tiempo expresó que hay un “incremento” de estos ataques en el país.

Por otro lado, esta asociación continuó demandando al régimen de Daniel Ortega “restituir los medios de comunicación y los equipos operativos a sus legítimos dueños”.

“Este acto es una evidencia más de que la dictadura nicaragüense sigue empecinada en contra de la libertad de prensa”, dijo el presidente de la SIP, Christopher Barnes.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, coincidió con Barnes y expresó “preocupación ante el aumento de las agresiones registradas contra periodistas”, señala un comunicado emitido este jueves por esta organización.

El pasado tres de marzo, las turbas orteguistas golpearon y robaron a los periodistas Hans Lawrens de Nicaragua Investiga, Leonor Álvarez del Diario La Prensa, David Quintana de Boletín Ecológico y Arnaldo Arita de la cadena internacional CNN.

Este ataque ocurrió durante una misa de cuerpo presente que se realizó en memoria del poeta, sacerdote y exmiembro del Frente Sandinista, Ernesto Cardenal.

Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas, también conocida como CPJ por sus siglas en inglés, advirtió que las autoridades nicaragüenses deben “investigar a fondo los ataques contra periodistas” que cubrían la actividad y “garantizar la seguridad de los periodistas que informan sobre eventos de interés público”.

Turbas orteguistas que llegaron a la Catedral de Managua.

«Las autoridades deben asegurarse de que los periodistas puedan informar sobre eventos de importancia nacional de manera segura y sin temor. Eso debería comenzar con una investigación exhaustiva de los ataques contra periodistas que cubren el funeral de Ernesto Cardenal», dijo Natalie Southwick, coordinadora del Programa de América Central y del Sur del CPJ, en Nueva York.

Lawrens, uno de los periodistas más lastimados, fue sometido a una serie de exámenes en los que salió bien, pero seguirá en vigilancia por posibles secuelas tras la golpiza recibida.

Para Southwick del CPJ es “inaceptable que la Policía nicaragüense permanezca de brazos cruzados mientras los periodistas eran atacados en un evento público».

CENSURA CONTINÚA

Los representantes de la SIP recordaron que en el país continúa la “censura televisiva” que desde diciembre de 2018 impuso el régimen contra 100% Noticias, del periodista Miguel Mora, y los programas independientes Esta Semana y Esta Noche que dirige el periodista, Carlos Fernando Chamorro.

Sus salas de redacción siguen tomadas por la Policía desde entonces, pero ambos están transmitiendo a través de Youtube y Facebook.

“El Gobierno debe devolver 100% Noticias y Confidencial y sus equipos de trabajo, operación y trasmisión a sus legítimos dueños”, coincidieron Barnes y Rock.

Por otro lado, aunque valoran de positivo que en febrero pasado hayan  levantado el bloqueo aduanero que mantuvieron por más de un año contra el diario La Prensa, señalan que “el régimen continúa su estrategia de acallar a medios y periodistas”.

Recordaron que El Nuevo Diario, también “sometido a ese bloqueo”, cerró sus puertas el 27 de septiembre de 2019.

OACNUDH Y CIDH

Mientras tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) también instó al régimen a cumplir con su “obligación de garantizar el trabajo periodístico” que resulta fundamental en el marco del ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información, señaló.

“Oacnudh condena las agresiones físicas en contra de tres periodistas y un camarógrafo el robo de sus equipos y daños a varios vehículos”, mencionó esta oficina.

Mientras tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también condenó la violencia generada contra los hombres y mujeres privadas que ejercían funciones propios de su labor el pasado martes.

“CIDH condena violencia de civiles afines al gobierno durante la misa realizada en la Catedral de Managua por la muerte de Ernesto Cardenal un ataque a su memoria y a libertades de reunión, religiosa y de expresión en Nicaragua”, puntualizaron.

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