Ante los hechos de explotación sexual y trata de personas en Nicaragua existe poco acceso a la justicia y la falta de castigo de los culpables de estos hechos de violencia.
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En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, el consorcio Contra la Explotación Sexual y Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes emitió un pronunciamiento respecto a la situación que atraviesa Nicaragua, señalando que en el país no existe información oficial sobre la violencia de género en sus diferentes formas.
En un comunicado emitido el consorcio destaca que en el país no existen datos oficiales sobre embarazos en niñas, adolescentes, así como la explotación sexual, trata de personas, y femicidios, pero si se conoce «diariamente a través de los medios de comunicación; los reiterados acontecimientos de violencia que están sufriendo niñas, adolescente y mujeres, quienes han sido víctimas de abusos sexuales, violaciones y la violencia extrema, como son los femicidios, que están dejando luto, dolor y orfandad en las familias de estas víctimas».
Destacan que su pronunciamiento es «enérgicamente en contra de todas las formas de violencia en contra de las niñas, niños, adolescentes y mujeres en demanda a la sociedad en general como las instituciones del Estado a brindar una actuación más acorde al marco jurídico establecido y con la prioridad vital, que ameritan las situaciones que afectan a las víctimas».
Merardo Solís, miembro de la directiva de la Asociación Izel, una de las organizaciones del consorcio, denunció que en Nicaragua «no existe una ley específica que regule la trata de personas, sino únicamente una que regula los delitos de la explotación sexual, si están contemplado en el Código Penal en su artículo 175 que habla específicamente de la explotación sexual, pornografía y actos sexuales con adolescentes mediante pago».
Solis señala que por otro lado la Ley 779 define que «se entenderá por explotación sexual, todo tipo de actividad en que se usa el cuerpo de un menor de 18 años de edad o incapaz, aún así sea con su consentimiento, para sacar ventaja o provecho de carácter sexual, erótico, económico, comercial o de reconocimiento público, publicitario o de otra índole».
El consorcio puntúa además, que son constantes los múltiples esfuerzos que tras el pasar de los años los familiares de las víctimas y las organizaciones sociales han ido realizando, en la denuncia de estos hechos de violencia de género, pero lamentan también que «en la mayoría de las veces no encuentran la respuesta adecuada», que se espera por parte del Estado y las autoridades garantes, así como la protección de los derechos humanos.
La misiva destaca el poco acceso a la justicia, el resarcimiento de los daños, la poca recuperación emocional de las víctimas y la falta de castigo de los culpables que existe en Nicaragua ante estos hechos de violencia.
«En ocasiones, cuando los culpables son capturados, son dejados en libertad por buen comportamiento o por indulto, y han salido directamente a causar más daño a las víctimas y a sus familiares, quienes han quedado en total indefensión y desprotección ante la violencia femicida».
Isaura Osejo, coordinadora del Programa Alivio al Trauma Nicaragua, y representante del consorcio señala que el matrimonio infantil en Nicaragua, en las niñas y adolescentes, son una práctica cultural lesiva que viola los derechos humanos de las víctimas y terminan siendo una modalidad de la explotación sexual.
La experta insiste en que producto a estas situaciones tan repudiables de imposición «las menores en la mayoría de las ocasiones son sometidas a violencia, abusos y relaciones sexuales forzadas, llevándolas a embarazos precoces que les pueden provocar hasta la muerte, quedando estos casos en su mayoría bajo impunidad al ser denunciados e incluso no reconocidos por las autoridades».
Otras de las debilidades del Estado frente a esta problemátia, según Solís es que el Anuario Estadístico de la Policía, durante el año 2019 en Nicaragua dentro de los delitos sexuales o contra la libertad de integridad sexual, hubo 1,895 denuncias de los cuales resolvieron 1,665 «de ellos de explotación sexual y pornografía, proxenetismo y trata de personas con fines de explotación sexual, recibieron 5 denuncias y supuestamente resolvieron 4».
Para el experto las cifras que brinda la Policía muestran una extrema diferencia en cuanto a las que presenta el Instituto de Medicina Legal (IML) en el mismo año, ya que señala que en ese tiempo realizaron 4,564 valoraciones sobre violencia sexual. De estos 4,564 peritajes 1,923 corresponden a niñas y niños entre los 0 y 12 años; 1,842 corresponde a niñas, niños y adolescentes entre 13 y 17 años.
«Es decir que de los 4,564 peritajes, 3,765 corresponden a menores de 17 años, lo que indica una incongruencia en los datos aportados por el Anuario Estdístico del 2019 de la Policía Nacional y los peritajes médicos que el Instituto de Medicina Legal hizo mes a mes en el mismo año».
Para el consorcio esta situación, es preocupante y dolorosa puesto que, amerita una respuesta más contundente de parte del Estado de Nicaragua para poder evitar, detener y sancionar la violencia de género en nuestro país y la protección a las víctimas.
Tras los últimos femicidios ocurridos hacia la niñez, la adolescencia y las mujeres en Nicaragua, las asociaciones indican que cada día la situación se torna más cruel con las víctimas, lo que implica mayor alevosía y ensañamiento hacia ellas.
