Nicaragua se encuentra en el séptimo lugar de los países con mayor igualdad de género en el mundo y en el primer lugar en Latinoamérica, de acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés).
Según el informe de 2023, en el país se ha logrado eliminar el 80 por ciento de las barreras por desigualdad de género y hay completa paridad de género en logros educativos y políticos.
Incluso establece que Nicaragua “ha estado estancada en el 97,8 por ciento de paridad (de género) en la salud y supervivencia”, a pesar que servicios de salud esenciales para la vida de las mujeres como la interrupción del embarazo están totalmente penalizados en el país desde hace 16 años.
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El WEF también señala que la prevalencia de violencia de género a lo largo de la vida de las mujeres es solo del 22.5 por ciento. Sin embargo, organizaciones de mujeres han advertido de un aumento significativo de la violencia machista, de los femicidios y de los femicidios frustrados en los últimos años.
Lo cierto es que la realidad de las mujeres nicaragüenses bajo el régimen Ortega-Murillo dista mucho de lo establecido por el WEF, y refleja cómo leyes progresivas “pero de papel” según defensoras, muestran una imagen positiva e igualitaria del país que no se acerca a lo que viven las nicaragüenses en su día a día.
Hasta la fecha se contabilizan al menos 35 femicidios dentro del país, según la organización Católicas por el Derecho a Decidir, una de las cifras más altas registradas hasta mitad de año. Esto sin contar los femicidios frustrados que alcanzaron los 220 el año pasado.
A pesar del aumento de la violencia y los asesinatos contra mujeres desde hace años, el régimen Ortega-Murillo no ha implementado ninguna acción integral para prevenir la violencia y proteger a las mujeres, de acuerdo con las organizaciones.
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Al contrario, han promovido acciones como la impunidad, la liberación de agresores presos, el cierre de organizaciones civiles y la persecución contra defensoras, que ha dejado a las mujeres y niñas en la indefensión, y que ha empeorado en los últimos cinco años de crisis sociopolítica.
El cierre total de los albergues de víctimas de violencia ha tenido como consecuencia el aumento de la violencia letal contra las mujeres, según la Iniciativa Mesoamérica Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
Según ellas, los albergues eran vitales para brindar protección y refugio a las mujeres y sus hijos e hijas en situaciones críticas, pero desde su desaparición las mujeres no tienen lugares a los que acudir cuando sus vidas se encuentran en peligro.
Desde 2018 hasta este año, la IM-Defensoras contabiliza a más de 210 organizaciones de mujeres canceladas de su personería jurídica por el régimen Ortega-Murillo. Estas organizaciones ofrecían asistencia legal, asistencia psicosocial, servicios de salud, proyectos laborales y escolares, entre otros, a miles de mujeres, niñas y adolescentes en todo el país.
Defender derechos humanos para las mujeres en Nicaragua implica ser criminalizada, desnacionalizada e incluso desterrada.
Solo en este año, el régimen Ortega-Murillo ordenó la pérdida de ciudadanía a 36 mujeres nicaragüenses y las declaró traicioneras a la patria y prófugas de la justicia. Estas mujeres fueron desnacionalizadas por su trabajo como defensoras, activistas y periodistas.
Y al menos 49 mujeres han sido desterradas, 33 exreas políticas durante este año y 16 defensoras el año pasado, de acuerdo con la IM-Defensoras. Además del destierro, las defensoras sufren hostigamientos, actos de vigilancia, acecho en la vida cotidiana, amenazas y persecución judicial.
Actualmente el régimen Ortega-Murillo mantiene a 64 personas presas políticas, entre ellas 10 mujeres, además de 81 personas judicializadas con libertad condicionada, entre ellas 28 mujeres, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
