La feminista y coordinadora de Nosotras Lideramos detalla el proceso que pasó la propuesta para llegar a ser ley y los beneficios que trae a la educación en Honduras
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La feminista y defensora de derechos humanos Ligia Destephen, coordinadora de Nosotras Lideramos (WL, por sus siglas en inglés) de Honduras e integrante de la Coalición por la Defensoría Integral en Sexualidad, afirma que lo que ahora detiene la publicación y entrada en vigencia de la Ley de Educación Integral para Prevenir Embarazos Adolescentes, aprobada en marzo pasado por el Congreso Nacional de ese país, es la “sanción” que debe hacer el Ejecutivo, dirigido por la presidenta Xiomara Castro, quien luego de más de dos meses sigue sin pronunciarse.
“La presidenta tenía incluso hasta diez días para hacer un comentario posterior a la aprobación en el Congreso, pero si no lo hizo en ese plazo pues ya no puede hacer que la ley vuelva al Congreso Nacional, en teoría, pero sí la pueden tener guardada, sin sancionar ni vetar, y es lo que vemos hasta ahora porque no la ha sancionado y ya pasaron más de dos meses”, apuntó la defensora en entrevista con La Lupa.
La Constitución Política de Honduras, en su artículo 215 y 216, establece que los proyectos de ley, aprobados por el Congreso Nacional de ese país, pasarán al Poder Ejecutivo a más tardar dentro de tres días de haber sido votados, a fin de este le de sanción y lo haga promulgar como ley, o bien, si encontrara “inconvenientes para sancionar”, lo devuelva al Congreso Nacional en un plazo de 10 días.
La defensora resaltó que es urgente que la legislación aprobada en el Congreso Nacional entre en vigor, apuntando que, en 2021, Honduras registró que 89 de cada 1,000 embarazos correspondían a adolescentes de entre 15 y 19 años, ubicándose así en el segundo país de América Latina con más embarazos adolescentes, por lo que es «necesario» que se empiece a trabajar lo más pronto posible para que esto mejore».
Destephen asegura que la presidenta Castro, aunque no regresó la ley al Congreso Nacional, demuestra que por ahora ha cedido a las presiones que tiene a nivel político y social, porque aparentemente está esperando que se “calmen los ánimos” para dar paso a la publicación de la Ley en La Gaceta.
En esta entrevista, la feminista y defensora Destephen detalla el proceso que tuvo que pasar la Ley de Educación Integral Para Prevenir Embarazos Adolescentes, los cambios que hubo en el proceso de consultas, las campañas de desinformación contra la legislación y los argumentos que dan los principales grupos que se oponen a su sanción.
Sí, el año pasado, en diciembre nos convocaron como sociedad civil, junto al Fondo de Población para las Naciones Unidas, estaban organizaciones de la sociedad civil, instituciones del Gobierno, nos convocaron justamente porque dijeron que había condiciones más favorables para presentar esta iniciativa, misma que se había trabajado y presentado en el Gobierno anterior, y que no se había logrado aprobar. Nos hicieron parte del proceso de consulta e inicialmente se dijo que se presentaría el 25 de enero pasado, Día Nacional de Mujer Hondureña, pero había otra actividad, la elección de magistrados de la Corte, entonces no se presentó, se pospuso, nos volvimos a reunir y se acordó que lo iba a presentar Edgardo Casaña, otro diputado de Libre, presidente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional. Luego, nos comentaron la posibilidad de presentar la ley fusionada con otra iniciativa de prevención del embarazo adolescente, presentada por Fátima Mena, del partido Salvador de Honduras, pero todo fue un poco rápido, nos dicen que nos mandaran la fusión, pero no la pasaron, y al final no se hizo como fusión, lo que se hizo fue cambiarle el nombre a la Ley, que inicialmente se dijo que sería Ley de Educación Integral en Sexualidad, pero la dejaron como Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente, pero el contenido de la ley es básicamente el mismo, solo quitaron dos cosas: una que tenía que ver con la intimidad y otra con la diversidad de valores.
Nosotras no queríamos que se cambiara el nombre, pero para el Congreso era estratégico enfocar así para que se diera un pase más rápido a la ley, y sí es cierto que incluye elementos para la prevención del embarazo en adolescentes, pero nosotras queríamos que se mantuviera como ley integral de educación sexualidad, porque al final es lo que se buscaba. Creemos que pensaron que si se mantenía el nombre la aprobación habría sido más complicada, pero para nosotras es como disfrazarlo, o sea al final disfrazas la ley con otro nombre, entonces, lo cambiaron y nosotras al final apoyamos la aprobación, sobre todo porque mantiene su contenido.
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Una de las cosas principales es saber que se le está dando la responsabilidad al Estado, al Gobierno, a todo el sistema educativo, de hablar de sexualidad, de prevención de embarazo, de ETS, que se hable de todos estos temas, enmarcado justamente en la prevención, en enfocar las consecuencias de la falta de educación sexual. La ley te da ese marco general de lo que se debe enseñar, pero el punto estratégico es la creación del reglamento de esta ley, porque ahí se va a especificar los temas que se van a incluir y enseñar, y esto se dará una vez que la Ley sea publicada en La Gaceta, y desde entonces se tiene dos meses para hacer el reglamento y estará a cargo de la Secretaría de Educación, que desde ya tiene presión de las iglesias que quieren ser parte de la creación de ese reglamento.
No había esa obligatoriedad de impartir esos temas y quedaba mucho a la voluntad o discreción de los maestros y maestras, directores. Sabemos que en colegios privados sí se daba un poco sobre estos temas, sobre enfermedades, pastillas, anticonceptivos, pero en el sistema público educativo quedaba justamente a voluntad, a discreción de cada centro. En el 2000, sacaron unas guías llamadas “Cuidando mi salud y vida”, que pretendían que fueran usadas para la educación sexual, fueron revisadas por representantes de iglesias y estos decidieron quitar las imágenes de genitales, y con estas guías se intentó trabajar con los maestros, alumnos, pero no había la obligatoriedad de usarlas, estaban desfasadas, muy generales, incompletas, y era la único que se tenía como recurso para educar en estos temas.
La iglesia, especialmente los de tendencia evangélica, y hay personas específicas, entre estos: David Andrade, un pastor, que anduvo hablando contra ese tema, en su momento Martha Lorena Castro, que fue diputada y desde los 90 ha hecho lobby para evitar cualquier avance en esa materia. También, en los actuales partidos políticos hay personas contra este tipo de iniciativas, relacionados con iglesias, empresarios, además, impulsan una campaña de “Con mis hijos no te metas”, desde la que argumentan que con estas iniciativas, con la ahora ley se va a enseñar ideología de género, le tienen miedo a la palabra género, porque eso sí aparece en la ley, dicen que eso será para adoctrinar a los niños, que se les va a enseñar a los niños a vestirse como niñas, y las niñas como niños, eso es lo más fuerte de su campaña ahorita. Antes, por ejemplo, decían que se les iba a enseñar a los niños y niñas a masturbarse, han dando recogiendo firmas en las escuelas para que no se enseñe ideología de género, pero no sabemos hasta dónde es fuerte, creo que hacen mucha bulla porque tienen recursos, pero no son tantos.
Nosotras creamos este grupo de Coalición por la Defensoría Integral en Sexualidad, integrado por al menos 30 organizaciones, nosotros respaldamos la aprobación de la ley, hemos hecho conversatorios a lo interno, estamos en proceso de un argumentario, estamos organizando una conferencia de prensa, hablar de la ley, desde un punto conciliador, en base a análisis, con el afán de mostrar la realidad de lo que significa aprobar esta ley, no hacer cualquier divulgación, estamos trabajando haciendo un plan pero no queremos ser reaccionarios.
Mis compañeras abogadas nos dicen que la presidenta tenía incluso hasta diez días para hacer un comentario posterior a la aprobación en el Congreso, pero si no lo hizo en ese plazo pues ya no puede hacer que la ley vuelva al Congreso, en teoría, pero sí la pueden tener guardada, sin sancionar ni vetar, y es lo que vemos hasta ahora porque no la ha sancionado y ya pasaron más de dos meses. En Honduras, en realidad, es común que las leyes sean aprobadas en el Congreso Nacional y que el Ejecutivo las tenga guardada, sin que se publique en La Gaceta, pero lo que nosotros hemos sabido, sobre el atraso que hay, es que hay presión en el Gobierno, porque dentro incluso no todos están a favor, inclusive gente cercana a la presidenta Castro, entonces, hay presión por todos lados, hay presión de los grupos antiderechos, de los mismos políticos, y pueda que el proceso por eso se tarde. Creemos que en el Gobierno están valorando el contexto político, social, para que se publique, es decir, esperando a que se calmen los ánimos en este tema.
Sí ha cumplido con algunas promesas de campaña relacionadas a los derechos de las mujeres, como lo hizo con la pastilla de anticoncepción de emergencia, luego de varias presiones lo hizo, aunque hay otros temas pendientes, entre estos, la aprobación de la ley integral contra la violencia hacia la mujer, que es una propuesta que está en revisión, ha sido una revisión constante y es una deuda, que tiene tiempo de estarse trabajando y que se entregó simbólicamente a ella en marzo de 2022, pero va y viene, entonces, esa es una deuda en cuanto a los derechos y protección de la vida de las mujeres.
También, sabemos que se está creando una política para la prevención del embarazo, no se sabe cómo va el avance en eso, y hacen falta hacer más por las personas de la comunidad LGBTIQ, que es importante señalar que a este Gobierno le tocó pedir perdón, responsabilizarse por el asesinato de Vicky Hernández, que fue asesinada durante el golpe de Estado, y entre las medidas de reparación para estos grupos se pidió la ley de identidad de género, pero se ve difícil un avance en este sentido por el contexto que estamos viviendo. Asimismo, hay otras cosas como el tema de impunidad, acceso a justicia para las mujeres, nos deben también la aprobación del protocolo facultativo de la CEDAW, necesario para que cuando las mujeres enfrentan injusticias en el país puedan llevar sus casos ante esa instancia en Naciones Unidas.
