En El Salvador estamos impulsando la campaña #EsjustoliberarlasSV, la misma está basada en la lucha por el acceso a la justicia para mujeres y jóvenes que han enfrentado las peores consecuencias de la absoluta penalización del aborto (persecución, estigmatización y penas que oscilan entre 30 y 40 años de cárcel), y que la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto en conjunto con diversas organizaciones nacionales e internacionales defensoras de DDHH y el movimiento feminista, ha acompañado  desde hace más de 11 años.

Esta ha sido una lucha de solidaridad y resistencia feminista, nuestro país es uno de los tres en Centroamérica, con leyes más restrictivas y absolutistas en materia de aborto, penalizando la interrupción del embarazo, incluso cuando la vida y salud de las mujeres está en riesgo, lo que ha generado, sobre todo en El Salvador, una persecución severa contra mujeres jóvenes, con baja escolaridad y que viven en situación de pobreza.

Esta lucha por la libertad tiene gran resonancia en este contexto de crisis sanitaria mundial, como hemos señalado las defensoras, la COVID19 ha desnudado desigualdades sociales históricas, tal es el caso de la realidad en las cárceles salvadoreñas, en las que las personas privadas de libertad están en riesgo inminente de contagio, sobre todo en el marco de desarrollo de medidas homogeneizantes como: guardar el distanciamiento social, lávate las manos, quédate en casa.

Es justo liberarlas tiene a su base la denuncia de un sistema que no genera medidas adecuadas a la población, que invisibiliza injusticias y sobre todo, una denuncia a las condiciones de tortura que se viven en las cárcel de este país.

Es Justo liberarlasSV busca la libertad de mujeres que han enfrentado emergencias obstétricas o abortos, mujeres quienes su paso por la cárcel ha sido un camino plagado de injusticias, jóvenes que está lejos de sus familias e hijes.

ES JUSTO LIBERARLAS busca también ampliar el contexto de escucha de las diferentes recomendaciones que el Estado Salvadoreño ha recibido en materia de COVID19 y cárceles, específicamente las vertidas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y CIDH, quienes mencionan la necesidad de descongestionar las cárceles, para evitar consecuencias mayores provocadas por el virus, que tanto dolor ha ocasionado ya en nuestro país.

Además, urgen a los Estados enfrentar la gravísima situación de las personas privadas de la libertad y a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población y de sus familias, frente a los efectos de la pandemia del COVID-19.

Nuestra campaña retoma la historia de mujeres criminalizadas debido a la penalización absoluta del aborto, jóvenes que enfrentaron emergencias obstétricas, que, al solicitar ayuda en el sistema de salud, fueron perseguidas y encarceladas.

Además, recientemente el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de ONU manifestó que las mujeres detenidas por emergencias obstétricas están detenidas de manera arbitraria. Por tanto, cumplen criterios oportunos para obtener libertad inmediata.

Es necesario poner énfasis que muchas de las salvadoreñas encarceladas se encuentran en situaciones parecidas, tienen hijos menores de 12 años que les esperan en casa, fueron detenidas de manera arbitraria o ya cumplieron un tercio de las condenas que nunca debieron haber recibido.

Foto: Kasia Strek

La libertad de las mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas es de gran importancia, primero porque están viviendo una injusticia de proporciones escandalosas, están en la cárcel en base a estereotipos de género, son inocentes y tienen derecho a regresar con sus familias, por otro lado, es una lucha que acompañamos las feministas salvadoreñas y el movimiento feminista internacional, es importante su libertad porque en un contexto como este, se profundiza su vulnerabilidad, estando en un espacio carcelario que lejos de generar medidas para la reinserción, genera procesos de estigmatización.

También, es importante señalar que las cárceles salvadoreñas no cuentan con condiciones de salubridad apropiada: no hay acceso a agua potable, las instalaciones no permiten el distanciamiento social, no hay acceso a servicios de salud oportunos y como es conocido públicamente, el trato es cruel e inhumano.

Además, tienen dificultad para acceder a kits de higiene personal, usualmente son llevados por la familia, pero en una situación de crisis económica y social es más complicado, por lo que están enfrentándose desabastecimiento de insumos básicos – incluso, en una nota de prensa se publicaba que: “…las mujeres en la granja penitenciaria no tienen ni pañales ni leche para sus hijos e hijas” (se registran 108 niñas y niños en ese recinto).

En este contexto, diversas organizaciones defensoras de DDHH hemos impulsado campañas de solidaridad para paliar esta situación, a pesar de que esta es responsabilidad del Estado.

Por todo esto, exigimos la libertad inmediata de 18 mujeres que han enfrentado criminalización debido a la penalización absoluta del aborto.

El Estado salvadoreño al obviar las recomendaciones internacionales y no tomar en cuenta las demandas de las organizaciones defensoras de DDHH de las mujeres sobre las mujeres privadas de libertad, está enviando un mensaje caracterizado por la violación de derechos humanos, envía un mensaje de impunidad, reafirmando que la justicia es patriarcal y que las mujeres somos ciudadanas de segunda categoría.  Por ello, seguiremos diciendo: “Es justo liberarlas”.

Autora: Sara García, Activista feminista, Psicóloga y magister en Derechos Humanos. Integrante de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto.

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La Lupa Nicaragua