Mientras  los gobiernos de casi todo el mundo trabajan para atender a sus ciudadanos en el contexto de la pandemia, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua aprovechan la emergencia sanitaria para continuar asediando y ejerciendo represión contra los nicaragüenses.

El juez Ricardo Pérez Manrique, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) recientemente alertó sobre los “riesgos del autoritarismo” que podrían afectar el Estado de Derecho en cualquier país.

“Los riesgos del autoritarismo, desvíos de poder y el avance de políticas de restricción de las libertades y de los derechos humanos, a pretexto de la pandemia, preocupan a esta Corte (…) El día después o la nueva normalidad cuyo límite y contenido están por ahora en proceso, será consecuencia de cómo se actúe en estos días en la emergencia», destacó Pérez Manrique.

Desde el inicio de la “Rebelión de Abril” que, según cifras de organismos de derechos humanos, dejó 328 muertos a la fecha, lo derechos civiles y políticos de los ciudadanos han sido violados por los Ortega-Murillo.

En medio de la pandemia, la situación sigue siendo igual y aquí te definimos cinco aspectos que revelan cómo el régimen ha utilizado el COVID-19 para reprimir los derechos a los ciudadanos.

Esconde cifras

En la actual coyuntura, la pandemia se ha vuelto escudo de muchos gobiernos en el mundo y puso a flote el autoritarismo de otros.

En Nicaragua, los Ortega Murillo no acataron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y de forma tardía empezaron a poner en práctica ciertas medidas preventivas, pero lo hicieron 41 después de haberse detectado el primer caso en el país.

“La humanidad en general está enfrentando una crisis sanitaria provocado por un agente nuevo que poco a poco hemos ido conociendo y cuando creemos que sabemos mucho de él aparecen cosas nuevas que nos obligan a modificar el manejo, pero hay cosas que estaban claras desde el principio, el mecanismo de transmisión, por ejemplo”, señaló el epidemiólogo, Rafael Amador.

A la fecha, los reportes del Ministerio de Salud (Minsa) no ofrecen información completa de los datos del COVID-19, es decir no hay datos desagregados como lo hacen en otros países.

Semanalmente el Minsa solo brinda datos generales y a la fecha, según datos oficiales 128 personas han fallecido por esta causa, pero no se especifica el rango de edad, sexo o lugar de ocurrencia.

En la última semana, el Minsa informó que se pasó de 3,072 a 4,115 casos positivos, pero a diferencia de la información que proporciona el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 tampoco ofrece información geográficamente, por ejemplo.

El Observatorio Ciudadano reporta una mayor incidencia de casos en Managua, Matagalpa y León. Al cinco de agosto, registra un acumulado 9,436 casos y 2,591 personas fallecidas en todo el país.

Nicaragua es el único país de la región que no está informando a las instancias internacionales, como lo ha pedido la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sobre el comportamiento epidemiológico del virus.

“Un gobierno responsable debería de manejar y transmitir la información clara, diáfana, es decir transparente con el propósito único de combatir esta pandemia que nos afecta a todos, independientemente de qué pensás o no pensás”, afirmó Amador.

El poder autoritario de Ortega quedó evidenciado con el despido de varios médicos especialistas en el contexto de la pandemia, lo que causó rechazo tanto a nivel nacional como internacional.

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Imponen cobro a prueba COVID-19

El pasado 17 de julio, el Minsa anunció que los nicaragüenses tendrían acceso, por primera vez, a la prueba COVID-19 a un costo de 150 dólares. Antes de esa fecha, el régimen no había ofrecido las pruebas públicamente para el combate de la pandemia, tampoco ha rendido cuentas sobre las 26 mil que donó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El doctor Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la OPS advirtió recientemente que las pruebas COVID-19 no deberían tener ningún costo, pues limita el acceso de la población de menos recursos.

Para el abogado, Denis Darce, del equipo jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) el régimen ha vulnerado el derecho que tienen los nicaragüenses de acceder a los servicios de salud.

“A las personas que llegan con la sintomatología y, según el médico, no los mira en estado grave los mandan a su casa y es una situación bastante grave, porque la persona se va con la duda de si tiene el coronavirus, tiene los síntomas y en la familia no saben si es una gripe común”, denunció Arce.

Ataques contra la prensa

El avance de políticas de restricción de las libertades y de los derechos humanos, también afecta la labor de los periodistas independientes, que desde 2018 con la “Rebelión de Abril” han sufrido la persecución del régimen.

En medio de la pandemia de la COVID-19, los ataques contra la prensa independiente se incrementaron en julio pasado en Nicaragua, revela el informe de la Fundación Violeta Barrios.

En los primeros siete meses de este año, la Fundación reporta un total de 213 casos de violaciones a la libertad de prensa en el país.

En el primer trimestre se documentaron 131 casos y fue el periodo en que se observó el «uso abusivo del poder estatal».

Entre abril y junio, en los 52 casos documentados en esos tres meses predominaron los ataques contra los hombres y mujeres de prensa.

Los periodistas han sufrido “acoso, persecución, amenazas y agresiones”, solo en julio la Fundación registró 30 ataques a la libertad de prensa.

Las represalias provienen, principalmente, por parte de instituciones públicas como la Policía Nacional, autoridades municipales, militantes del partido del régimen y otros que actúan en el anonimato.

Abigail Hernández, de la comisión ejecutiva del gremio de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) considera que el régimen se mantiene al “acecho” a los periodistas y medios de comunicación.

“Aquí todos los días en los municipios se amenaza a un periodista o se agrede a un periodista”, dijo Hernández.

La periodista no descarta que se incremente la represión en contra de los periodistas y los medios de comunicación.

“Cada día como hombres y mujeres de prensa nos estamos sintiendo acorralados y cuando escuchas que tenés un discurso muy camuflado de parte de la vicepresidenta de este país (Rosario Murillo), pero que está al frente de un grupo de militancia delictiva, delincuencial, obviamente eso te mina más por el discurso de odio”, añadió Hernández.

Migrantes varados

Un mes después de haberse declarado el primer caso positivo en el país, el régimen técnicamente no cerró sus fronteras como lo hicieron otros países en la región, pero se la cerró a los connacionales que en medio de la pandemia se vieron obligados a retornar.

El caso más dramático fue el de un grupo de nicas de aproximadamente 400 nicas que quedaron varados por 15 días en la frontera de Peñas Blancas, donde permanecieron bajo sol y torrenciales aguaceros, aguatando hambre y sed.

A los connacionales el régimen les cerró la frontera, debido a que no contaban con el certificado negativo de la prueba de COVID-19. Varias organizaciones costarricenses realizaron gratuitamente la prueba a los nicaragüenses ante la inacción de régimen de dar respuesta a sus mismos ciudadanos.

“El derecho a la salud implica que se le haga las pruebas y los exámenes correspondientes, y que se le informe de manera sencilla y rápida sobre la condición o estado de salud”, señaló el abogado de la CPDH.

El pasado 7 de agosto, el régimen permitió el retorno de un grupo de 66 ciudadanos nicaragüenses que se encontraban varados en Islas del Caimán. Diferentes grupos procedentes de Panamá y Guatemala también enfrentaron dificultad para entrar al país.

Presos políticos

Una investigación de La Lupa, reveló recientemente que desde enero de 2018 hasta el 15 de julio de 2020 el régimen orteguista ha dejado en libertad  16,146 presos comunes, según las mismas notas de prensa del Sistema Penitenciario Nacional.

En Nicaragua, los sistemas penitenciarios del país permanecen más de 90 presos políticos, según datos de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

Aunque los derechos constitucionales de movilización, de concentración y de protesta permanecen secuestrados, un grupo de familiares de presos políticos reapareció recientemente públicamente haciendo un piquete exprés para reclamar la libertad de quienes permanecen detenidos “injustamente”.

En los meses que la curva de casos iba en ascenso el régimen realizó liberaciones, pero ninguna de los presos políticos, cuyos familiares también denunciaron que no se les permitía el acceso de equipos de protección como mascarillas, guantes o alcohol en gel.

“En ninguno de los centros penitenciarios se aplicaron medidas relacionadas a la prevención del contagio, al contrario, parece más bien que hubo un ensañamiento en el caso de los presos, principalmente los presos políticos con respecto a evitar que los familiares pudieran llevar insumos para la prevención del contagio”, dijo el abogado de la CPDH.

Karen Lacayo, hermana del preso político Edward Lacayo, conocido como “La Loba”, cree que en el contexto de la pandemia los secuestrados del régimen se encuentran “indefensos”.

Lacayo, a quien se le ha visto activamente luchar por la libertad de los presos políticos, considera que el régimen comete “abuso y viola los derechos humanos” de las personas.

A finales de marzo pasado, denunciaron que las autoridades del Sistema Penitenciario, les negaba la posibilidad de llevar mascarillas y alcohol gel a los detenidos para protegerse contra el virus, lo que empeoraba en las condiciones de hacinamiento en que se encuentran.

“Algunos mandan los kits de alcohol con los reos comunes, pero yo no puedo hacer eso porque mi hermano está solo en la celda (…) A mi hermano nunca le han aceptado ese kit, una vez lo aceptaron, pero no se lo pasaron”, denunció Lacayo.

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