Los efectos del matrimonio infantil y uniones forzadas contribuyen a un ciclo de desigualdad para las niñas, adolescentes y mujeres.
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Cuando Maribel López salió embaraza a sus 14 años fue obligada a irse a vivir con su novio de 20 años. En el octavo mes de embarazo el hombre la corrió de casa y ella tuvo que migrar de una comarca de San José de los Remates a Managua.
En Managua parió y una tía de su expareja le cuidaba la niña, mientras ella trabajaba como asistente del hogar en otra casa. Cuando cumplió los 18 años empezó a laborar en una zona franca donde conoció a una nueva pareja. Quedó embarazada. Está vez el bebé lo perdió en una de las tantas palizas que el hombre le sometía. Tiempo después, ella lo dejó.
Pasaron los años y encontró a otra pareja. Ahora ella tiene 31 años y dos hijos más, es decir tres hijos. Admite que sufre violencia psicológica, económica y hasta física cuando su pareja de 40 años toma licor. Pero dice que «aguanta», porque no es siempre eso y que ha ido «cambiando», además que no tiene otra alternativa. Su familia vive en extrema pobreza en Boaco y el salario de obrera de zona franca no le suple todas las necesidades de dos de sus tres hijos que tiene a cargo.
Estas son algunas de las situaciones a las que se enfrentan las niñas y adolescentes que se casan o conviven en pareja antes de los 18 años, quedando más expuestas a sufrir de violencia de parte de su pareja a lo largo de su vida. Siendo las mujeres pobres y las de habla indígena con más proporción las afectadas por el matrimonio infantil en Nicaragua.
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El informe Los matrimonios y uniones infantiles,tempranos y forzados (MUITF) que realizó la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), resalta que «es frecuente que las niñas y adolescentes se casen o se unan como una estrategia para escapar de la pobreza».
Y fue así en el caso de Yolanda, su primera pareja era el hijo del dueño de la casa donde ella trabajaba como asistente del hogar. Si bien, era una niña. Ella por las mañana ayudaba en esa casa y por la tarde estudiaba el sexto grado de primaria que no logró culminar por su embarazo.
La descersión escolar es una consecuencia negativa que hace que las niñas y adolescentes que conviven, salen embarazas o se casan antes de los 18 perciba un 24% menos en ingresos en comparación a las mujeres que fueron madre en la adultez y cuyo nivel educativo también es mayor.
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«Los efectos de los matrimonios infantiles son de por vida y contribuyen a un ciclo de desigualdad de género para las niñas, las adolescentes y las mujeres. Su impacto va más allá de las niñas, perpetuando la transmisión intergeneracional de la pobreza, impactando en sus familias y afectando el desarrollo de las comunidades y de los países», advierte el informe.
Este tipo de uniones restringe a las niñas, adolescentes y mujeres a oportunidades de autonomía económica, formación educativa, libertad de decisión sobre su salud sexual y reproductiva, someterse a trabajos domésticos no remunerados e incluso a restricciones de la pareja. Los datos de este informe visibilizan esa necesidad de erradicar este tipo de prácticas.
El 62% de las mujeres casadas o convivientes entre las edades de 15 a 24 años, no estudian, ni trabajan remuneradamente. En esa misma situación pero solteras, están el 24% de las mujeres de esas edades.
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La escolarización de las niñas es menos valorada que la de los niños y el
embarazo, la convivencia de pareja o matrimonio forzado conduce a que las niñas y adolescentes abandonen la escuela, limitando sus oportunidades de formación y empoderamiento.
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Todos esos aspectos les dificulta la inserción laboral lo cual repercute en la situación de precariedad de su familia, porque según la Cepal «las mujeres en situación de empleo reinvierten el 90% de sus ingresos en sus familias, generando un impacto en los niveles de educación y nutrición de sus hijos e hijas».
Sin embargo el abordaje de los Estados de América Latina a esta problemática no ha sido de forma asertiva. A nivel de Centroamérica Nicaragua es el único país que permite el matrimonio a partir de los 16 años con autorización de los padres. Mientras que Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá prohiben el matrimonio infantil.
La Cepal insta a los Gobiernos de América Latina a ejecutar acciones de educación de salud sexual y reproductivas, a revisar los marcos legales que regulan este tipo de prácticas y actualizar los datos de convivencia y matrimonios a nivel nacional. Lo cual permitirá hacer una verdadera radiografía de las niñas, adolescentes y mujeres de la región. En el caso Nicaragua, Venezuela y Guatemala los datos más cercanos al matrimonio infantil son de 2014. En el resto de la región de 2021.
