La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), a través de un informe, denunció que las mujeres defensoras de Nicaragua siguen siendo víctimas de agresiones dirigidas por el Estado nicaragüense. La organización documentó que en los primeros tres meses de 2023 la dictadura orteguista ordenó el despojo de la nacionalidad de 36 defensoras de derechos humanos, declarando a algunas incluso como supuestas prófugas de la justicia.
La mayoría de estos despojos de nacionalidad, documentados por IM-Defensoras, ocurrieron en febrero pasado, cuando un grupo de 94 personas nicaragüenses fueron declaradas apátridas y señaladas de supuestas “traidoras a la patria” y prófugas de la justicia.
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IM-Defensoras emitió una alerta, el 16 de febrero pasado, en la que denunció que en dicha lista de personas despojadas habían al menos 23 defensoras, periodistas y activistas de derechos humanos, destacando los casos de la abogada Vilma Núñez, presidenta del cancelado Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la periodista Sofía Montenegro, y la activista Azahalea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).
El informe de la organización regional reúne -incluyendo los casos de las 36 defensoras nicaragüenses- un total de 1,028 agresiones contra 274 defensoras, registradas en los primeros tres meses del año en Nicaragua, Honduras, El Salvador y México, siendo marzo, con el 43% del total de agresiones, el mes más violento contra la vida y salud de estas mujeres.
También, especifica que 703 de estas agresiones se produjeron en el marco de acciones colectivas; 289 fueron ataques contra defensoras a nivel individual y 36 contra organizaciones.
IM-Defensoras lamentó que, producto de esta violencia y agresión generalizada contra las defensoras, *registraron el asesinato de la defensora y lideresa comunal salvadoreña Marleni del Carmen Reyes*, quien murió producto de varios impactos de bala que le propinaron sujetos que, el 18 de marzo pasado, irrumpieron en su vivienda en Citalá.
La organización resaltó que en enero, febrero y marzo las mujeres defensoras mayormente fueron víctimas de violencia física, psicológica o verbal (19%), hostigamientos (15%) y limitación, impedimentos o ataques al ejercicio del derecho a la libertad de expresión (7%).
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Asimismo, alertó que cada vez es más frecuente la violencia hacia las defensoras en el ámbito digital, pues documentaron al menos 20 agresiones de ese tipo a nivel individual, siendo las más significativas el ciberacoso o ciberbullying, la vigilancia y rastreo digital; y a nivel colectivo hubo un total de 46 agresiones digitales relacionadas a vigilancia, monitoreo de las prácticas, acecho, y odio viral.
Las defensoras denunciaron que desde las organizaciones y grupos también denunciaron la incautación y robo de insumos básicos para ejercer la labor de defensa de derechos humanos, entre estos: equipos de comunicación audiovisual, computadoras, servidores, medios de transporte (9%); hackeo, acceso no autorizado a las cuentas o red del sistema de la organización (6%); y suplantación, usurpación y robo de identidad electrónica (3%).
En Nicaragua, señalaron, las principales agresiones en este periodo fueron el destierro y despojo de ciudadanía (15%) y el desplazamiento forzado (15%), siendo los principales agresores el Estado a través de la Policía (36%), autoridades públicas (33%) y grupos paramilitares o parapoliciales (13%).
En El Salvador, las agresiones fueron dirigidas a defensoras de derechos sexuales y reproductivos (68%), y derecho a la información y libertad de expresión (10%). En Honduras las principales agredidas fueron las defensoras del derecho a la tierra y territorio (70%), con 282 agresiones en acciones colectivas de defensa de derechos, y más recientemente con el desalojo de 60 defensoras de la Red de Mujeres Campesinas Las Galileas.
En México más de la mitad de las agresiones (57%) fueron contra quienes defienden el derecho a la información y libertad de expresión. El informe refiere que “las periodistas que reportan casos sobre desaparición de personas también están siendo amenazadas, lo que se relaciona con el alto riesgo que siguen enfrentando las defensoras que buscan a sus familiares desaparecidos”, resaltando que entre enero de 2022 hasta la fecha han sido asesinadas al menos 6 defensoras buscadoras.
