El obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, fue condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel y a una multa de 56 mil córdobas por los supuestos delitos de cometer menoscabo a la integridad nacionalidad, propagación de noticias falsas, obstrucción agravada de funciones públicas y desacato a la autoridad, informó el informó el magistrado orteguista Ernesto Rothschuh Andino.
La condena también incluye la pérdida de la nacionalidad nicaragüense y por tanto la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, en conformidad con la inconstitucional Ley que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense, “ley que se seguirá aplicando en todo su rigor” por ser “traidor a la patria”, informó el magistrado orteguista.
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La repartición de la condena y los supuestos delitos son así: 15 de prisión, más la inhabilitación de ejercer cargos públicos por incumplimiento de la Ley Defensa de los Derechos del Pueblo; 5 años de prisión y 800 días de multa por incumplimiento a la Ley Especial de Ciberdelitos; 5 años y 4 meses de prisión por la obstrucción de funciones agravada en perjuicio del Estado de Nicaragua; y un 1 año de por desacato a la autoridad.
La condena total son 26 años y 4 meses de «efectiva prisión» y culminaría el 13 de abril del año 2049.
La lectura de sentencia fue en un Complejo Judicial de Managua donde monseñor Álvarez no estuvo presente, y se dio luego un día después que el dictador Daniel Ortega expusiera que monseñor Álvarez se negó a ser desterrado junto con las otras personas presas políticas y «se negó a obedecer las órdenes del Estado de Nicaragua».
También lo calificó como «soberbio» y «desquiciado» y por negarse a irse del país, fue trasladado al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo.
Luego de terminar de leer la sentencia, el orteguista Rothschuh indicó que todas las personas que cometan “traición a la patria”, se les aplicará inmediatamente la Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense.
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“Los delitos de traición son aquellos comprometen la paz y los delitos en Contra de la Constitución Política de Nicaragua”, dijo.
También recordó que el pasado 9 de febrero a las 222 personas políticas desterradas a Estados Unidos se les quitó su nacionalidad nicaragüense por supuestamente ser “traidores a la patria”.
Esta nueva ley calificada como “inconstitucional” por organizaciones sociales será aplicada a las personas que infrinjan la Ley Defensa de los Derechos del Pueblo.
