En 2022, Guatemala registró 1,149 agresiones contra mujeres defensoras de derechos humanos de un total de 3,574 según registros de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).

Al menos, 502 de estas agresiones respondieron a un mismo patrón en el que se les criminaliza mediante acciones de difamación y estigmatización, se promociona un discurso de odio, se fabrican procesos judiciales sin fundamento y finalmente se silencia con una detención arbitraria.

Brenda Guillén, asistente de coordinación de Udefegua, explica que estas acciones se dan en una Guatemala en la que existen “graves violaciones a los derechos humanos”, por lo que “se criminaliza la labor de personas que trabajan en la defensa del territorio, del medioambiente y de pueblos indígenas”.

Sin embargo, hay una especial particularidad en los casos de agresiones contra las mujeres defensoras de derechos humanos. Siempre “se parte desde la sexualidad desde sus cuerpos para la agresión”, algo que nunca se registra cuando se trata de un defensor hombre heterosexual.

El impacto de criminalizar a una defensora no solamente afecta a la mujer, sino que incide en su círculo cercano. En ese sentido, una de las medidas para disminuir el riesgo de la defensora es la recolocación territorial o el exilio, pero es muy difícil, ya que casi siempre deben salir con su núcleo familiar. En cambio, los defensores suelen ser más prácticos. “Salen en soledad”, señala Guillén.

Al ataque a la sexualidad, se suman otro tipo de agresiones misóginas como “el desprecio, que las ridiculicen, que se metan con su intimidad”, agrega Martha Godínez, integrante de la Alianza Política Sector de Mujeres (APSM).

“Las defensoras están en condiciones de mayor vulnerabilidad frente al ser y quehacer de los defensores… La violencia que se ejerce hacia las defensoras tiene otras significaciones simbólicas, se activan los odios hacia las mujeres, las formas de racismo, la forma de ridiculizar y de profundizar y de negar que las mujeres son sujetas de derechos, que tienen las mismas capacidades de los defensores”, sostiene.

La criminalización de la defensa de derechos

La escalada de abusos contra las defensoras y defensores ha implicado la utilización del sistema de justicia para “montar casos” y privarles de la libertad. En 2022 se ha registrado el mayor número de casos de los últimos 22 años en la historia de Guatemala, que equivalen a unas 3,574 agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos.

Según Udefegua ha sido el año en que “se agudizó la estrategia dirigida a capturar todas las instituciones públicas, para que la articulación de las élites de poder pudiera hacer uso, particularmente, del sistema de justicia con el objetivo de criminalizar a personas defensoras de derechos humanos”.

Godínez señala que en los últimos años se ha implementado una política económica del extractivismo, se ha elevado la persecución, estigmatización, la judicialización y la criminalización dirigida a defensoras y defensores del territorio. Un ejemplo de que quienes se opongan a esas “políticas de control y de despojo van a ser anulados y van a ser silenciados”, expresó.

Amnistía Internacional en su informe de 2022 concluye que “las autoridades no actuaron para proteger a estas personas” defensoras de derechos humanos víctimas de la persecución y hace énfasis en que “con frecuencia recurrieron a procesos penales infundados en su contra”.

Sin garantías procesales para nadie

Una estrategia que no solo persigue a las y los defensores de derechos humanos, sino que también se ceba en jueces, fiscales y abogados que investigaban, procesaban e intervenían en “casos claves de crímenes de derechos internacional, violaciones de derechos humanos y corrupción” desde el Estado.

El exilio de los jueces Erika Aifán y Ángel Gálvez evidencian este patrón de persecución, aunque se registran otros casos de personas destituidas, suspendidas o encarceladas. El más emblemático es el de la exfiscal Virginia Laparra quien, en diciembre de 2022, fue condenada a una pena de cuatro años de prisión pese a la inexistencia de pruebas en su contra.

Según registros de Udefegua más de 54 personas han sido obligadas al exilio desde 2021 tras haber sido amenazadas. La persecución sigue siendo uno de los mecanismos que tanto sectores institucionales como actores no institucionales siguen utilizando, aunque en los territorios también hay otros autores de agresiones, como la Policía, alcaldes, empresas privadas.

“Cada vez más el ejercicio de ser defensora, activista o militante de cualquier movimiento social y política ha generado que su labor sea en condiciones de inseguridad y persecución”, sostiene Godínez.

El temor del cierre de oenegés

Otro elemento que se suma a la persecución contra la defensa de derechos es el posible cierre de organizaciones tres años después de haber entrado en vigencia la reforma de “Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo», cuya naturaleza en voz de Udefegua, es “el cierre de organizaciones que al Gobierno le parece incómodas”, sin embargo, no hay registro de cese de operaciones por esta normativa.

Pero el riesgo es latente, principalmente, por la discrecionalidad de la que se puede echar mano para aplicar la norma que establece que una organización puede ser cancelada si “utiliza donaciones o financiamiento para alterar el orden público”, por lo que la reforma fue calificada en su momento como un “golpe a la organización social”. 

“Muchas corren el riesgo de ser cerradas si la ley llega a operar de forma abierta. Puede ser cerrada una oenegé sí hay evidencia de alteración del orden público. Esto puede ser estar acompañando una manifestación en contra del Gobierno, puede ser un pronunciamiento comunicado, en contra de alguna acción del gobierno. Puede tener una infinidad de acciones para que se ejecute el criterio”, señala Brenda Guillén, asistente de coordinación de Udefegua.

Para Guillén toda la ebullición política que vive Guatemala es reflejo de la coaptación de la institucionalidad, lo que, a su vez, dificulta un cambio inmediato, tras la opción política que venza en las urnas. Mientras tanto, Godínez explica que, si bien las defensoras “tenemos miedo, hay que trabajarlo” y que “la criminalización la estamos enfrentando”, señala.

__________

Este reportaje ha sido preparado en el marco de la campaña de sensibilización e información: ¡Tengo derecho a defender derechos! que desarrolla la Asociación de Mujeres Malvaluna en el marco del proyecto: Fortalecimiento de la protección y seguridad de personas defensoras de derechos humanos de Centroamérica con el financiamiento de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid).

La Lupa Nicaragua
+ posts