Decidir sobre el propio cuerpo sigue siendo un acto de rebeldía en Guatemala

Elegir un método anticonceptivo, reconocer el propio cuerpo o tomar decisiones sobre él sigue siendo, para muchas mujeres en Guatemala —especialmente en zonas rurales—, un acto de resistencia. Frente a estructuras patriarcales, racistas y económicas que limitan la autonomía, lideresas, comadronas y organizaciones feministas sostienen procesos comunitarios para reivindicar los derechos sexuales y reproductivos.

En este contexto, La Lupa Feminista conversó con Ana María Pérez, lideresa juvenil de la organización Mujeres Tierra Viva, cuyo trabajo se centra en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

¿Cómo describiría la situación actual de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Guatemala?

Los derechos sexuales y reproductivos siguen siendo, en gran medida, un tabú. Aunque hoy existen más canales de información, el acceso sigue siendo limitado, especialmente para mujeres en áreas rurales, donde la tecnología y otros medios no siempre llegan.

Además, factores culturales actúan como barreras para el conocimiento y la apropiación del cuerpo. Si bien hay avances —cada vez más mujeres se reconocen como sujetas de derechos y toman decisiones sobre su vida—, aún queda mucho por hacer para visibilizar y garantizar plenamente estos derechos.

¿Cómo influyen la pobreza, el origen y la ruralidad en el ejercicio de estos derechos?

Guatemala es un país diverso en culturas e idiomas, pero muchas veces esa diversidad es instrumentalizada para controlar a las mujeres. La cultura, la religión y el idioma se utilizan para imponer límites sobre lo que una mujer “puede” o “no puede” hacer.

Este sistema patriarcal se sostiene precisamente en esas estructuras, que se presentan como naturales o incuestionables, pero que en realidad restringen el acceso de las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos.

¿Qué estrategias utilizan para trabajar en estos territorios?

Trabajamos desde la generación de espacios seguros y de confianza. Actualmente somos 22 mujeres organizadas en seis territorios: Chiquimula, Izabal, San Juan Sacatepéquez, Chimaltenango, Sololá y San Marcos.

Nuestra metodología es la educación popular feminista. No llegamos como “expertas”, sino a compartir experiencias: cómo hemos aprendido, cómo conocimos nuestros derechos. A partir de ahí, se abre un espacio para que otras mujeres también hablen, participen y construyan conocimiento colectivo.

Esto ha permitido generar confianza y que muchas mujeres quieran continuar en los procesos de formación.

¿Qué temas abordan en estos procesos?

Iniciamos desde la identidad: ¿quién soy yo como mujer más allá de los roles asignados? Muchas veces la identidad se reduce a funciones como el trabajo doméstico.

A partir de ahí, trabajamos temas como relaciones familiares, distribución de tareas en el hogar y división sexual del trabajo. Todo esto desde la experiencia de las propias mujeres, para que reconozcan sus derechos y puedan nombrarlos.

¿Existe apoyo del Estado para estos procesos?

No realmente. Hablar de educación integral en sexualidad sigue siendo controversial en Guatemala. Aunque existen políticas públicas, muchas no se implementan.

Por ejemplo, hay iniciativas en el sistema educativo que no son conocidas por la mayoría del personal docente. Además, dentro de las instituciones, la sexualidad suele reducirse a lo genital, cuando es un concepto mucho más amplio.

Ante esto, trabajamos en alianzas estratégicas, por ejemplo con el Ministerio de Salud. Aprovechamos jornadas comunitarias —como campañas de vacunación o pruebas de Papanicolaou— para integrar información sobre salud sexual y reproductiva.

¿Qué papel juega la tecnología en el acceso a la información?

Las redes sociales han sido una herramienta importante, especialmente para la juventud. Desde la organización impulsamos procesos donde jóvenes crean contenido —videos y publicaciones— sobre derechos sexuales, violencia sexual y otros temas.

Esto permite llegar a más personas, aunque los avances siguen siendo limitados. Muchas jóvenes migran en busca de oportunidades, pero enfrentan precariedad laboral y terminan regresando. Aun así, hay una mayor apertura a cuestionar los roles tradicionales y buscar otras opciones de vida.

¿Cuál es la proyección de Tierra Viva?

Nuestra misión es seguir trabajando por los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, enfrentamos limitaciones económicas importantes, ya que dependemos de financiamiento externo.

Actualmente estamos en una situación crítica, pero seguimos buscando recursos para sostener y ampliar nuestros procesos: formación comunitaria, incidencia, ferias informativas y programas de radio.

Tierra Viva tiene presencia en seis territorios de Guatemala, donde comadronas, lideresas y jóvenes impulsan procesos de formación con grupos de aproximadamente 15 mujeres por comunidad, quienes replican estos aprendizajes en sus entornos.

Ana María Pérez brindó esta entrevista en el marco de las Jornadas Internacionales de Derechos Sexuales y Reproductivos realizadas en Donostia, País Vasco. Allí compartió, junto a otras compañeras, experiencias de trabajo comunitario y el valor de los saberes ancestrales en la salud.