En la comunidad San Juan de las Pencas, en el municipio de Chinandega, al occidente de Nicaragua, hay un grupo de mujeres productoras que están sufriendo las repercusiones económicas como efecto de la COVID-19, debido a que no lograron comercializar su producción.

En esa zona rural del país, las mujeres obtuvieron buenos rendimientos en el cultivo de maíz, sandía, plátanos, verduras y hortalizas, pero la pandemia las encerró en sus casas y “no fueron a vender” por el miedo al contagio.

Claudia Reyes, una joven productora de 26 años, afirma que debido a la pandemia hubo ausencia de los compradores que tradicionalmente llegan a la comunidad ocasionándoles pérdidas económicas.

“No se dio la comercialización, porque las personas que vienen a comprar a la comunidad no estaban entrando y eso nos generó pérdidas, porque no vendimos la cosecha en el momento que la logramos sacar”, afirmó Reyes.

La joven productora es socia de la Cooperativa Multisectorial Mujeres en Acción R.L, donde unas 45 mujeres también vieron mermados sus ingresos como efecto de la pandemia.

“Les dio miedo salir a vender al mercado, pero también los compradores, que tradicionalmente entraban a comprar no entraron, y no están entrando a comprar, no sabemos si es por  motivos de problemas económicos o miedo al contagio”, señaló Liseth Escalante, vicepresidenta de la cooperativa.

Los pocos compradores que llegaban pagaban “muy poco” por sus productos.

No recuperan inversión

La ONU Mujeres, organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, estimó a inicios de septiembre que la COVID-19 aumentará dramáticamente la tasa de pobreza entre las mujeres.

Se esperaba que la tasa de pobreza entre las mujeres disminuyera el 2.7% entre 2019 y 2021; sin embargo, debido a la pandemia y sus consecuencias, las proyecciones ahora prevén un aumento del 9.1%, señalan los nuevos datos de la organización.

Blanca Centeno, una mujer productora de 56 años, afirma que la producción de primera fue “buena”, pero lamenta no haber podido recuperar lo que invirtió en la producción.

En medio del contexto de la pandemia para Centeno la prioridad fue evitar el contagio.

“Nosotros sembramos maíz y nosotros lo vendemos en elotes, pero la gente no entraba a comprar por la pandemia, y todavía no vienen, entonces nosotras dejamos secar el maíz y eso nos atrasa en postrera para volver a sembrar, claro que nos afectó y ahí perdimos”, manifestó Centeno.

En esta cooperativa, las mujeres tradicionalmente venden la producción de maíz en forma de elotes, pero se vieron obligadas a dejar secar las mazorcas y vender en grano la cosecha porque el coronavirus alejó a los compradores.

“Por una manzana de elotes fácilmente le dan 30 mil córdobas, pero el maíz seco que se vendió en grano, tal vez llegue a 20 mil (córdobas) y a eso le inviertes más trabajo, la tierra está ocupada y te atrasa en cultivar”, se quejó Reyes.

Alquilan tierras

Con el trabajo en el campo las mujeres aportan a la economía familiar y nacional, además contribuyen a la soberanía y seguridad alimentaria en su misma comunidad, pero lo hacen enfrentando serias dificultades que van desde el alquiler de la tierra hasta la falta de financiamiento o asistencia técnica.

“Antes habían más mujeres alquilando, hemos dejado de alquilar y sembramos en menores cantidades, porque es demasiado caro y si media manzana nos prestaron nos quedamos con esa media (…) Para esas que alquilan es más difícil la situación, porque pagar 200 dólares la manzana es bien difícil”, señaló Escalante.

Producir agroecológicamente, es decir sin residuos de agroquímicos y respetando los ciclos de la naturaleza, en medio de la crisis, proporciona a las mujeres una gran ventaja ya que no suman los costos de agroquímicos que son altamente costosos, afirma Escalante.

“A pesar de esas grandes desigualdades que tenemos y que no se nos reconoce el trabajo y el esfuerzo, además que producimos alimentos sanos y que no tenemos tierra vamos buscando medios para ir buscando cómo sobrevivir”, mencionó Escalante.

Estado ausente

Escalante se quejó de la ausencia de una política de Estado para atender a las mujeres productoras en el campo.

“Para el Estado no somos prioridad, porque el hecho que no tengamos tierra propia se nos está violentando un derecho, que las mujeres tenemos derecho a tener un activo productivo para buscar nuestra mejoría, como persona, en el ámbito económico”, dijo Escalante.

María Teresa Fernández de la Coordinadora de Mujeres Rurales (CRM) explicó que en Nicaragua existe la Ley 717, Creadora del Fondo de Tierras con Equidad de Género para mujeres rurales, pero a la fecha desde su aprobación el 5 de mayo de 2010 no ha sido implementada.

Diez años después, siguen esperando que el Estado asigne fondos para que las “mujeres pobres sin tierra” se beneficiaran de esta ley.

“Solo eso te indica que el Estado no ha tenido ningún interés para apoyar a las mujeres en el campo, ni siquiera decir apoyar sino que es una obligatoriedad del Estado, entonces a esa ley no se le pusieron fondos y por tanto no se ha implementado”, señaló Fernández.

En la actual situación de pandemia, las mujeres en el campo viven un “drama” por la pérdida económica que tuvieron con la cosecha, las limitaciones y la “inseguridad” en las comunidades.

“Ahora los caminos se han vuelto inseguros y a partir de la crisis han asaltado, han violado mujeres de las cooperativas, no te hablo de compañeras que no conocemos, y las mujeres tienen temor, con la pandemia quedaron resguardadas en sus casas, pero antes  salían tres o cinco mujeres acompañadas”, señaló Fernández.

A pesar de todas las dificultades, las mujeres siguen trabajando y están procurando dar valor agregado a sus productos para obtener un mejor precio y suplir sus necesidades.

ONU Mujeres vaticina que la pandemia empujará a 96 millones de personas a la pobreza extrema en 2021, de las cuales 47 millones serán mujeres y niñas.

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