La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Organización de los Estados Americanos un informe que aborda la crisis sociopolítica y de derechos humanos del país frente a los próximos comicios del 7 de noviembre, como producto de la total concentración de poder y el debilitamiento del Estado de derecho que se ha efectuado en las dos últimas décadas, manifestó Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“La concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un estado policial de facto, donde el Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales avalado por los demás poderes del Estado, en concertación con las instituciones de control. No existe en el país un sistema de pesos y contrapesos puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo”, indica el informe.
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Ante el contexto electoral que vive Nicaragua, Urrejola manifiesta que la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa, así como la detención arbitraria y criminalización de 39 personas bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, incluyendo 7 personas aspirantes a la Presidencia.
Así que a tan solo unos días de las elecciones “es imposible el despliegue de medidas que aseguren la realización de unas elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas en el país”, advirtió la presidenta.
El informe brinda recomendaciones al Estado de Nicaragua para cumplir con la normativa de derechos humanos, como lo son la liberación inmediata de las más de 140 personas presas políticas, la reversión del marco institucional, jurídico y administrativo que ha creado el Gobierno a partir de 2018, detener la persecución y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, la realización de elecciones libres, transparentes y justas, según las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, entre otras.
Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) junto con el Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos presentaron un informe sobre la instrumentalización de leyes autoritarias creadas por el Régimen Ortega-Murillo, en el marco de una nueva etapa represiva contra personas opositoras, periodistas y organizaciones de derechos humanos.
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Para esto se analizó la construcción de la normatividad represiva desde 1998 con el pacto Alemán-Ortega y su consolidación con la toma de poder del FSLN. Asimismo, se analizaron cuatro leyes creadas en el contexto de la crisis sociopolítica, las cuales tienen un carácter “liberticida, represivo y antidemocrático”, y que han sido utilizadas contra las 39 personas presas políticas a partir de junio de este año, expresó Natalia Yaya, encargada de Programa de la Oficina de las Américas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).
“Desde 2008 se anunciaban procedimientos de fiscalización de recursos y de actividades contra las organizaciones no gubernamentales y de cooperación internacional. En esa misma fecha se cancelaba la personería jurídica de partidos de oposición. En 2009 la Corte Suprema facultó la reelección presidencial. En 2010 se prorrogaron ilegal e indefinidamente los mandatos de magistrados y altos funcionarios del Gobierno; y con la reforma constitucional de 2014 centralizó el poder en el presidente”, desarrolla Yaya.
Pues según la investigación “el cierre de espacios ya venían en marcha antes de 2018”.
Por otro parte, las leyes analizadas fueron la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Ley de Ciberdelitos y la Reforma Constitucional al artículo 37, que establece la cadena perpetua.
El análisis concluyó que estas leyes resultan arbitrarias, amplias, imprecisas, con un lenguaje indeterminado, abiertas a distintas interpretaciones, abiertamente contrarias al Derecho Internacional de Derechos Humanos y crean barreras legales para el ejercicio de otros derechos.
El informe también explica que este modelo jurídico de represión consta de cuatro etapas: la prevención, ya que el Estado evita que las organizaciones civiles funcionen; la neutralización, dado que condiciona las actividades de las organizaciones y las somete a un régimen de vigilancia administrativa; el castigo, pues el Estado impone multas, suspensiones, cancelaciones, entre otros; y el escarmiento y disciplinamiento social, ya que somete a sanciones punitivas a la sociedad civil.
El Observatorio es un programa de acción creado en 1997 por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), para el refuerzo de la cooperación y de la solidaridad respecto a los defensores de derechos humanos y de sus organizaciones.
María Josefina Gurdián, madre de Ana Margarita Vijil y abuela de Tamara Dávila, contó durante la presentación todas las toturas qee viven sus familiares desde que fueron apresadas ilegalmente, su grave condición de salud, las consecuencias psicológicas que produjo en la hija de Tamara y las repercusiones que ha tenido ella por su activismo, al exigir su liberación.
Asimismo, exteriorizó que en 2019 le diagnosticaron cáncerde ovario, por lo cual tuvo que someterse a tratamientos de quimioterapia. Por eso muchas veces tenía que viajar a Costa Rica para realizarse los procedimientos, y las autoridades de Nicaragua se lo impidieron la última que lo intentó. A pesar de sus problemas de salud, sufre hostigamiento de fanáticos sandinistas y le impiden ver a su hija y a su nieta.
